La decisión del Tribunal de Primera Instancia, emitida este martes y publicada a última hora por medios locales, supone un paso clave en la lucha por los derechos de las parejas del mismo sexo en la región administrativa especial.
La pareja, identificada como R, de nacionalidad china, y B, sudafricana con residencia permanente en la urbe semiautónoma, contrajo matrimonio en el extranjero en 2019.
Mediante un proceso de fertilización in vitro recíproca, R aportó el óvulo y B gestó al menor, identificado como K, y nacido en 2021.
Sin embargo, el registro de nacimientos local solo reconoció a B como madre, dejando a R, quien tiene el único vínculo genético con el niño, sin estatus legal como progenitora.
El caso se remonta a 2022, cuando iniciaron una acción legal para reinterpretar la Ordenanza de Padres e Hijos y reconocer a R como madre.
La jueza Queeny Au falló entonces que R era “progenitora según el derecho consuetudinario”, pero no precisó los derechos concretos, por temor a exceder las competencias legislativas.
Ante la negativa del Departamento de Justicia de modificar el certificado de nacimiento del bebé, solicitaron en 2023 una revisión judicial.
El juez Russell Coleman, quien presidió la audiencia más reciente, calificó el fallo anterior como “vacío” al no otorgar a R derechos u obligaciones legales efectivas.
Coleman argumentó que esta omisión en el certificado de nacimiento podría generar dudas sobre su rol parental, lo que podría ocasionar inconvenientes, vergüenza o daños a la dignidad del menor.
“Esto refleja el sentimiento de inferioridad derivado de la falta de un marco legal de reconocimiento”, señaló, citando un fallo de 2023 de la Corte de Apelación Final que obliga a garantizar derechos a las parejas homosexuales.
El magistrado desestimó la postura del gobierno, que consideraba el certificado de nacimiento un documento “poco relevante”.
Coleman destacó que las imprecisiones en dicho registro podrían afectar los derechos de privacidad y familia del menor en momentos significativos de su infancia, especialmente en la construcción de su identidad y autoestima.
Asimismo, rechazó la propuesta gubernamental de que R solicitara la tutela legal, afirmando que “un progenitor es un progenitor” y que esta alternativa no es suficiente.
El tribunal instó a los abogados a proponer medidas para implementar el fallo. En la excolonia británica, el matrimonio entre personas del mismo sexo solo se reconoce para fines específicos, como tributación o herencias, logrados tras recientes batallas legales.
En 2023, la Corte de Apelación Final dio al gobierno dos años para establecer un marco legal claro para las parejas homosexuales.
No obstante, un proyecto de ley sobre derechos médicos y disposiciones póstumas para compañeros del mismo sexo enfrenta fuerte oposición en el Consejo Legislativo, donde se votará este miércoles.
La sentencia refuerza los esfuerzos por ampliar los derechos de la comunidad LGBTQ en el territorio, donde el reconocimiento de este tipo de uniones sigue siendo limitado y objeto de intenso debate. EFE
