Luego de cinco días del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el colectivo LGBTI alista tres medidas contra la sentencia. Una de las principales será la presentación de una denuncia por discriminación contra los diputados que presentaron el recurso.»Estamos preparando una demanda contra los asambleístas que presentaron la acción de inconstitucionalidad de la Ley 807. Creemos que ellos han actuado agarrados de sus recursos y sus fundamentalismos religiosos, no haciendo prevalecer los derechos de los ciudadanos del país”, aseguró Alberto Moscoso, representante de la Coalición Boliviana de Colectivos Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales (LGBTI) de Bolivia.
La denuncia será presentada ante el Ministerio Público. Los diputados que serán acusados son: Ernesto Poppe, de Partido Demócrata Cristiano (PDC); Lenny Chávez y Gróver Huanca, de Unidad Nacional (UN), quienes, junto a la Plataforma por la Vida, presentaron el recurso ante al TCP.
Moscoso informó que representantes del colectivo LGBTI de los nueve departamentos del país se reunieron este fin de semana para definir las medidas que asumirán tras el fallo del TCP. Desde hoy, el colectivo comenzará la redacción y la recopilación de datos para elaborar la demanda contra el TCP ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Se ha determinado que se comenzará con el documento extenso para presentarlo a la CIDH. Sabemos que conlleva bastante esfuerzo y tiempo porque sólo la sentencia del TCP represente un documento de más de 50 hojas. Estamos ahora en un proceso de recolección de información y de levantamiento de datos”, dijo.
Según Moscoso, se hará toda una recopilación del proceso de construcción de la Ley de Género. «Haremos un trabajo de gabinete con un equipo de abogados y expertos que van a preparar la demanda”, dijo. El viernes, el colectivo TLGB denunció que la sentencia del TCP dio «muerte civil” a los transexuales. Además, sostuvo que esta medida impedirá ejercer a este sector todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, económicos, civiles y sociales. El jueves, el TCP declaró constitucional «el cambio de datos de sexo” de las personas que cambiaron de identidad de género, pero les negó la posibilidad de casarse y adoptar niños.
La sentencia 76/2017 declaró inconstitucional una frase del parágrafo II, artículo 11 de la Ley de Identidad de Género: «…permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales…”. Pero mantiene la posibilidad del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en todos los documentos emitidos en los que exista registro de identidad. La tercera medida que asumirá el colectivo contra el fallo es la presentación de un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP. «Estamos preparando un documento para presentarlo cuando terminen sus mandatos los magistrados, que será en el próximo mes, se realizará un juicio de responsabilidades”, dijo. Según Moscoso, el colectivo se reunirá mañana para definir medidas de presión .
«Se armará una estrategia mediática y de visibilización nacional e internacional”, sostuvo. Los antecedentes Recurso El año pasado, después de seis meses de la promulgación la Ley de Identidad de Género, tres diputados y la Plataforma por la Vida se unieron para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma ante el Tribunal Constitucional (TCP). En ese entonces, los asambleístas sostuvieron que temen que a futuro las personas trans, lesbianas, gays o bisexuales (TLGB) se casen y adopten hijos y que ello «distorsione” el concepto de familia. Norma.- La Ley 807 de Identidad de Género, promulgada el 21 de mayo, busca que las personas transgénero y transexuales obtengan documentos y títulos profesionales con la identidad con la que se identifican. Felicitación.- La Organización de Naciones Unidas ponderó que Bolivia haya promulgado esa norma, ya que coloca al país a la vanguardia respeto a igualdad y derechos. Postura.- El viernes, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Bolivia lamenta profundamente la Sentencia 0076/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que niega los derechos fundamentales de las personas transexuales y transgénero. Gobierno.- La ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró que el TCP vulneró el ejercicio de derechos fundamentales al declarar inconstitucional un artículo de la Ley de Identidad de Género.
Página Siete / Anahí Cazas