M. es un narcotraficante. Un contrabandista internacional de cocaína, para ser precisos. En julio de 2023, el Tribunal en lo Penal Económico N.º 3 lo condenó a cuatro años y siete meses de cárcel por ser parte de una asociación ilícita dedicada a exportar droga en mulas, liderada por un ciudadano boliviano de 58 años, que operó desde 2017 hasta mediados de 2022. Una de sus mulas, un varón, capturado en 2019 mientras intentaba abordar un vuelo a Italia en el aeropuerto de Ezeiza, tenía 1,3 kilos de droga en el estómago, una sentencia de muerte si una cápsula acaso explotaba.
En ese contexto, el departamento de M. en un edificio de Recoleta fue allanado. Allí, las autoridades encontraron droga y dinero. Así, el narcotraficante -hoy de 31 años- fue detenido, procesado y condenado.
Todo esto ocurrió con su DNI de identidad femenina registrado en el proceso, aunque luego inició su transición hacia el género masculino en la cárcel de mujeres de Ezeiza, la Unidad IV del Servicio Penitenciario Federal.
Este viernes, M. fue el foco de un inusual fallo de la Justicia. El mismo Tribunal que lo condenó, con un fallo firmado por el juez Jorge Zabala, le otorgó la prisión domiciliaria luego de que su defensora oficial denunciara “violencia psicológica y actos discriminatorios” en el penal de mujeres de Ezeiza, según la resolución a la que accedió Infobae.
Su terapia hormonal para su transición es el punto central del caso: aseguró que no la recibía de parte de las autoridades. Su pareja, una mujer, se presentó como su garante en la Justicia para asegurar que reciba su testosterona, con un costo estimado de $100 mil mensuales.
El fallo del juez Zabala es al menos revelador. No solo por su decisión, sino por la situación en sí misma: por primera vez en la historia reciente, la hormonización de presos se vuelve el foco de un caso en la Justicia argentina.
La denuncia de M. y la respuesta de la Justicia
La denuncia detalló que en diciembre de 2023, cinco meses después de su condena, M. “adoptó el género masculino, inició un proceso de adecuación estética de su apariencia física, decidió rectificar su partida de nacimiento y comenzó el tratamiento de hormonización”.
En marzo de 2024, M. fue evaluado por el Cuerpo Médico Forense. El reporte posterior informó que sus facultades mentales “al momento del examen se encontraban compensadas, que presentaba una afección compatible con trastorno de la personalidad de tipo borderline, en comorbilidad de trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, en contexto de vulnerabilidad psicosocial desde la infancia”. Para ese entonces, no recibía la testosterona hace más de un mes.
En el medio, M. pidió el arresto domiciliario por primera vez. El fiscal Nicolás Czizik se opuso. Sin embargo, pidió al SPF “garantizar el trato igualitario en el acceso a sus derechos y requerimientos de salud”.
En marzo de este año, el Tribunal N.º 3 ordenó tres veces al SPF que M. reciba su testosterona, administrada en forma de gel. Se libraron oficios y se realizaron llamadas, sin respuesta, de acuerdo al fallo del juez Zabala.
El 23 de junio último, M. aseguró en una declaración ante la Justicia federal de Lomas de Zamora -que recibe los pedidos de hábeas corpus de los presos de las cárceles federales de la zona de Ezeiza- que “le cortaron el suministro de hormonas hace 4 meses” y que “por un tema del Ministerio de Salud ya no las entregan más“.
Entonces, ¿quién se hace cargo de las hormonas de M.? ¿O quién debería? El juez Zabala sintetizó: “Desde el mes de marzo del corriente año se suspendió la provisión de su medicación hormonal, sin certeza de continuidad por la falta de datos sobre la provisión de la medicación desde la discontinuidad del suministro por parte del Ministerio de Salud”.
“Al respecto, desde este Tribunal se ha reiterado en diversas oportunidades, como manda judicial, la necesidad de proveer a los medicamentos necesarios para continuar con el tratamiento médico, sin una respuesta concreta, quedando todo supeditado a un trámite administrativo que autorice la compra de los medicamentos con una partida presupuestaria del SPF”.
Así, Zabala autorizó que M. continúe su condena en el mismo departamento de Recoleta que, años atrás, la Justicia allanó.
Infobae consultó a altas fuentes penitenciarias por este tema. “Puede haber alguna demora particular, pero no hay una orden ejecutiva de interrumpir los tratamientos hormonales, tanto del Ministerio de Seguridad como del Servicio Penitenciario Federal”, asegura una fuente clave.
La hormonización de presos trans es un tema urticante en el mapa de la derecha global. En junio último, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump frenó los tratamientos con una orden ejecutiva al Bureau of Prisons. El juez Royce Lambert detuvo la orden en Columbia, luego de una demanda colectiva de más de mil detenidas y detenidos.