Crueldad e impunidad son el denominador común en los crímenes de odio contra personas de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) ocurridos en Bolivia en la última década.
Se calcula que hasta el momento rondan los 70 casos de crímenes en la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, si bien la cifra es apenas una aproximación basada en datos recolectados por organizaciones civiles a falta de información oficial, debido a que estos delitos no están tipificados como crímenes de odio en la legislación nacional, algo que viene reclamando desde hace años este colectivo.
El reporte más reciente, difundido por la Defensoría del Pueblo con motivo del Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia, señala que son más de 60 los asesinatos de personas LGBTI en los últimos diez años, de los cuales solo 14→ →llegaron a un proceso de investigación y ninguno obtuvo sentencia, “quedando estos delitos en la impunidad”.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2014 proporcionado a EFE por la abogada del Colectivo TLGB Bolivia, Rocío Lucero León, da cuenta, por ejemplo, del asesinato a golpes de Yanira, una transexual de 26 años, en junio de 2013, en la ciudad de El Alto.
Además de ese caso, un diagnóstico de la Comunidad Diversidad menciona otros como el de la artesana Virginia Huanca Aliaga, lesbiana, quien en 2009 fue golpeada en dos ocasiones por el esposo de su pareja y otros hombres. La segunda vez fue violada y la golpearon hasta quebrarle la columna. Huanca falleció como consecuencia del daño físico que le causaron sus agresores, quienes están impunes.
En octubre de 2012, la transexual Luisa Durán fue hallada muerta con 52 puñaladas en Santa Cruz de la Sierra. Pese a que había sospechosos identificados, las investigaciones no continuaron.
Otro caso conmovedor es el de la transexual Carla Suárez, asesinada en marzo de 2016 tras ser violada y torturada. Su cuerpo fue hallado a orillas de una laguna en un pueblo de Santa Cruz, con el rostro desfigurado y múltiples fracturas.
La Policía no hizo el levantamiento legal del cuerpo y tampoco hubo un reconocimiento forense, por lo que se llegó al extremo de que se fue enterrada con otro nombre.
La pobreza de la familia de Carla ha impedido que exista un “impulso procesal”, que tampoco fue asumido por la Fiscalía, según información proporcionada por Lucero.
Dayana, el primer juicio
Uno de los casos más emblemáticos para la comunidad LGBTI es el de Dayana Kenia Zárate, quien fue torturada y degollada por su pareja en abril de 2016, con la supuesta intención de robarle el dinero que había ahorrado para completar su cambio de sexo.
Los orígenes de Dayana son humildes. Era la segunda de seis hijos y antes del cambio de sexo se llamaba José María. Sus padres, José Zárate y María Bustamante, y sus hermanos, viven de forma modesta en El Alto y ella había emigrado a Santa Cruz en busca de prosperar para ayudar a su familia.
Dayana, que iba a cumplir 24 años en julio pasado, llevaba viviendo en Santa Cruz unos tres años y era propietaria de una especie de bar que allí se conoce como ‘rockola’.
“Álex Vilca (23), el asesino confeso, empezó a trabajar para ella un mes antes del suceso y a los días de su contratación iniciaron una relación”, explicó la abogada Lucero.
Días antes del hecho, el joven llevó a vivir con ellos a Graciela S.I. (20), a quien presentó con otro nombre como si fuese su hermana, “pero en realidad era su pareja”, indica la letrada a EFE.
La noche del asesinato quedaron los tres solos en la “rockola” y aparentemente hubo una discusión.
Dayana fue encontrada al día siguiente por una vecina en el baño del local, ensangrentada, atada de pies y manos, con cortaduras en el cuerpo y quemaduras de cigarrillo en el rostro. La autopsia confirmó que fue degollada con trozos de una botella de vidrio y un cuchillo de mesa.
Vilca y la joven aparecieron días después del suceso y están detenidos preventivamente en la cárcel de Palmasola.
Los Zárate se enteraron sobre su verdadera orientación sexual cuando Dayana murió. Ahora claman justicia.
“Esto no lo podemos dejar así. Han matado en vida a toda mi familia”, dice a EFE el padre de Dayana, mientras que la madre no puede evitar sollozar al recordarla.
“Hay ratos que no tengo palabras, me siento impotente al no ver a mi hija, al no poder hacer nada. ¡Es tan difícil aceptar la pérdida de ella!”, afirma Bustamante.
El calvario que ha padecido la familia de Dayana a partir de su muerte incluye malos tratos por parte de los investigadores, la intención de un fiscal de aminorar la imputación a los acusados y un peregrinar entre La Paz y Santa Cruz para asistir a vistas judiciales que no siempre se llevan a cabo.
Pero, al menos, el sufrimiento es un poco menor gracias al apoyo que los Zárate encontraron en la comunidad LGBTI.
“Para este sector, el caso de Dayana es el más emblemático porque es el primero que llega a juicio y esto ha sido posible por voluntad de su familia”, destaca Lucero.
Desinterés judicial
Y es que lo común en este tipo de casos es que la familia de las víctimas decida abandonar los procesos “por vergüenza, por miedo o por no ser víctima de algún tipo de discriminación o humillación por parte de la sociedad”, explica a EFE el psicólogo de la ONG Capacitación y Derechos Ciudadanos, Mateo Rodrigo.
Rodrigo, quien también es representante de la población de hombres trans, lamenta que el sistema judicial no ponga “mucho interés ni atención a este tipo de casos”.
Remarca que los asesinatos de personas LGBTI, sobre todo de transexuales, “realmente son crímenes de odio por el ensañamiento con que son cometidos”. Considera “necesario trabajar en esta tipificación, ya que sin la misma, estos sucesos se seguirán tratando como simples homicidios o asesinatos”.
Pero “es algo más, porque el motivo, el móvil, es la intolerancia que las personas tienen con quienes tenemos una identidad de género diferente”, agrega Rodrigo.
Según el psicólogo, la tipificación de los crímenes de odio “ayudaría mucho incluso a que la Policía desarrolle protocolos para la atención de víctimas y la investigación de estos casos, y se puedan reflejar estadísticas que permitan generar políticas públicas para brindar protección a las personas LGBTI”.
El representante de la Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI, Alberto Moscoso, coincide con Rodrigo y explica que diversas organizaciones han pedido al Legislativo que se incorporen los crímenes de odio al Código Penal y se los castigue con la condena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Una comisión parlamentaria debate estos días la reforma al código del sistema penal. El borrador de la nueva norma incluye once agravantes para casos de homicidios, entre ellos los motivos “homolesbotransfóbicos”, que implicarán una condena de entre 25 y 30 años. Actualmente, el delito de homicidio se sanciona con condenas que van de cinco a 24 años, según las circunstancias.
Según Moscoso, en los dos últimos lustros, Bolivia ha dado algunos pasos para favorecer a la población LGBTI mediante la aprobación de normas que reconocen sus derechos, sancionan la discriminación o que permiten a transexuales cambiar su sexo en los documentos de identidad.
“Eso significa que ha habido voluntad política del Estado, pero ha habido también una fuerte presión de demandas del movimiento LGBTI para que hoy en día haya esos cambios favorables”, sostiene él.
Sin embargo, agrega que “la norma por sí sola no se implementa ni se ejecuta” y que es tarea de los mismos colectivos hacer visibles sus derechos y denunciar las vulneraciones de los mismos.
Una de las iniciativas para este cometido es un observatorio puesto en marcha en noviembre pasado, ante “tanta negligencia y falta de sentencias” para quienes cometen crímenes de odio, señala Moscoso.
El activista resalta que el observatorio “es un instrumento de veeduría, de control social” para vigilar agresiones y delitos homofóbicos y transfóbicos en Bolivia, pero además pone a disposición información académica y jurídica relacionada con esta temática. •