Sin embargo, los puntos pendientes para, lo que yo llamo “la mariconada boliviana” (y me incluyo por supuesto), no están solamente a la espera de leyes retóricas que no se cumple. Es un asunto pendiente desmantelar la homofobia social reforzada desde el Estado Plurinacional y sus normativas, la homofobia reforzada en el sistema educativo y en las lógicas de convivencia humana. En Bolivia, por el decreto supremo 245471 se prohíbe a las personas homosexuales y bisexuales donar sangre por ser “promiscuos”. ¿De dónde parte ese hecho tan desfavorable para quienes vivimos con una orientación sexual distinta?, bajo esa lógica los maricones somos por excelencia los portadores de VIH y el SIDA en Bolivia. Vivimos en un Estado profundamente homofóbico, conformado por funcionarios (de derecha y de izquierda) que administran el país bajo un operario conservador sobre la lucha de los maricones y las mariconas en Bolivia.
Y los pendientes para la mariconada boliviana no terminan ahí, puesto que no existen procedimientos concretos que los operadores de justicia puedan aplicar para sancionar un delito de homofobia. Tampoco es una realidad el reconocimiento de la identidad de género, negando la libertad de quienes quieren llamarse como les viene en gana. Las mujeres transexuales son las que, socialmente, reciben los golpes más duro contra su inagotable diferencia; las redadas policiales, en las calles de la prostitución, para extorsionarlas y cortarles la cabellera siguen vigentes, la obligación de vestir “como hombres” para el carnet de identidad también, e inclusive, la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia no reconoce a las mujeres transexuales en su itinerario de delitos.
El campo político es también otro asunto pendiente para la mariconada boliviana. No existe la representación directa desde el Estado para el movimiento de la diversidad sexual, lo que sí hay son cuotas sociales que responden a otros intereses políticos. El caso de Manuel Canelas, Diputado del MAS, que en tiempos de campaña reveló a nivel nacional su homosexualidad. El caso de Edson Hurtado, Jefe Regional de Culturas en Santa Cruz, el caso de París Galán, artista Drag queen, Asambleísta por el partido Sol.bo en La Paz. Todos los casos mencionados se tratan de una impostura, de una usurpación de la identidad sexual en términos representativos en la política formal. Son funcionarios del Estado sí, pero no representan a nadie y peor aún no significan ningún cambio en los parámetros de homofobia y transfobia en el Estado Boliviano. Se han encargado de nutrir, con su homosexualidad, un sistema político que está podrido y que no garantiza, sino que niega los derechos humanos más básicos para la diversidad sexual.
La activista transexual Raiza Torriani, quien tuvo la voluntad de ser candidata a Diputada en las pasadas elecciones generales, se quedó prácticamente con los “moños hechos”, porque no se la reconoció, a pesar de su lucha que data de hace muchos años en su condición como mujer trans, exigiéndole la presentación de la Libreta del servicio militar obligatorio, como si se haya tratado de cualquier otro candidato hombre.
No quiero perder el tiempo diciendo que las personas homosexuales también sentimos amor, esas frases almibaradas las escucho también venir de personas que camuflan su homofobia con tolerancia, en este caso quiero dejar en claro que existen horizontes de lucha por fuera y en contra del Estado y la sociedad boliviana que están delimitados por manifestaciones directamente religiosas, conservadoras y de doble moral. La mayoría de organizaciones LGBTs que dicen luchar por los derechos de la diversidad sexual, están enfangadas en acusaciones de corrupción que más bien restan a sus objetivos, carecen de un discurso sólido más allá de la petición de derechos civiles como el matrimonio igualitario y la tan gastada inclusión social. El 17 de mayo es un día para recordar, para celebrar; pero también, para plantearnos una lucha pendiente que está lejos de acabar.