La votación, de 6-3, se dividió según las líneas ideológicas del tribunal, con la mayoría conservadora rechazando los argumentos de que la legislación viola la Cláusula de Igual Protección de la Enmienda 14 de la Constitución.
El fallo responde a una demanda presentada por tres adolescentes transgénero, sus padres y una médica de Memphis, quienes recibieron el respaldo del Departamento de Justicia durante el gobierno de Joe Biden.
Alegaban que la ley constituye una forma de discriminación por sexo al impedir que los menores accedan a bloqueadores hormonales o terapias hormonales que les permitan vivir de acuerdo con su identidad de género.
Sin embargo, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la Cláusula de Igual Protección “no resuelve estos desacuerdos” sobre un tema que —afirmó— involucra debates científicos y políticos “profundos”. En su opinión, este tipo de decisiones deben ser tomadas por las legislaturas estatales, no por los tribunales federales.
“La voz de los votantes de Tennessee ha prevalecido sobre el activismo judicial”, celebró el fiscal general de Tennessee, el republicano Jonathan Skrmetti, tras la publicación del fallo. Según dijo, una mayoría bipartidista del legislativo estatal consideró cuidadosamente la evidencia antes de aprobar la norma en 2023.
Duras críticas desde la minoría del tribunal
En una disidencia contundente, la jueza Sonia Sotomayor acusó al tribunal de “abandonar a los niños transgénero y sus familias a los vaivenes políticos”. Junto a sus colegas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, Sotomayor advirtió que el tribunal está evadiendo su responsabilidad de proteger derechos fundamentales.
“Con tristeza, disiento”, escribió, al destacar que la ley claramente discrimina por motivos de sexo, dado que una niña cisgénero puede recibir hormonas para acentuar sus características femeninas, pero un niño transgénero no.
Un precedente con impacto nacional
La legislación de Tennessee, ahora ratificada, prohíbe a los médicos prescribir bloqueadores de pubertad, hormonas o cualquier otro tratamiento a menores que deseen “identificarse o vivir como una identidad supuesta distinta al sexo del menor”.
Este tipo de medidas se han multiplicado en los últimos años. Según datos citados por Reuters, al menos 25 estados liderados por legisladores conservadores han aprobado leyes similares contra tratamientos médicos para menores trans, restricciones en el uso de baños o participación en deportes escolares, e incluso limitaciones para adultos.
Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Lambda Legal, que representaron a los demandantes, calificaron el fallo como una “derrota devastadora”. El abogado Chase Strangio, hombre trans y miembro de ACLU, señaló que continuarán luchando “por la dignidad y la igualdad de cada persona transgénero”.
Reacciones divididas en el país
La disputa sobre los tratamientos de afirmación de género ocurre en un contexto de fuerte polarización política. En un sondeo realizado por Reuters/Ipsos los días 11 y 12 de junio, el 53% de los estadounidenses se mostró a favor de leyes que impidan a menores de 18 años acceder a tratamientos médicos de transición. Entre los republicanos, ese apoyo subía al 57%, mientras que solo el 23% de los demócratas lo respaldaban.
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus políticas contra la llamada “ideología de género”. En mayo, la Corte Suprema ya había autorizado que su gobierno implementara la prohibición de personas trans en el ejército, una medida revertida brevemente por Biden.
Además, ha emitido órdenes ejecutivas para restringir tratamientos médicos para jóvenes, limitar la participación de chicas trans en deportes femeninos, y eliminar protecciones antidiscriminatorias promovidas por la anterior administración.
Próxima batalla: la terapia de conversión en Colorado
La decisión de esta semana no será el último pronunciamiento del máximo tribunal en torno a temas transgénero. En el próximo período, la Corte Suprema analizará una ley de Colorado que prohíbe la llamada terapia de conversión, práctica que busca cambiar la identidad de género de una persona para alinearla con el sexo asignado al nacer.
Una terapeuta cristiana argumenta que esta norma viola su derecho a la libertad de expresión, protegido por la Primera Enmienda. Sin embargo, un tribunal de apelaciones ya rechazó ese argumento.
El debate en torno a la atención médica de jóvenes trans continúa siendo un punto clave en la cultura política de Estados Unidos. Mientras organizaciones médicas alertan sobre los riesgos de negar tratamientos —incluyendo un aumento en las tasas de suicidio entre adolescentes con disforia de género—, legisladores conservadores insisten en que estas intervenciones son “irreversibles”, “no probadas” y deben restringirse.