El archipiélago es también un caso aislado en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQIA+, en un continente donde la igualdad y la protección de los derechos de las personas homosexuales y transgénero son muy limitadas y donde una relación con alguien del mismo sexo puede acarrear años de cárcel.
“Ahora vivimos aquí casi en un paraíso, pero eso fue fruto de mucho trabajo duro”, explicó Walter Pires, profesor y actor de teatro aficionado, a la AFP.
Pero en este “paraíso” descrito por el caboverdiano todavía hay margen de mejora, especialmente en el ámbito de la legislación laboral.
Junto a otros dos actores da vida a la obra de teatro ‘Font Flip is Burning’, que retrata las luchas diarias de tres travestis. La obra se presentó al público el mes pasado en Mindelo.
“Muchos de nuestros amigos han sido atacados, tal y como recoge la obra, resultaron heridos, fueron expulsados de sus casas y nadie les da trabajo. Poco a poco la sociedad se va abriendo, pero aún queda un largo camino por recorrer”, afirmó a la agencia de noticias.
“Hay muchas personas LGBT, sobre todo travestis, que, y la obra lo refleja, van a pedir trabajo en tiendas u otros lugares y no se lo dan solo por ser trans. Les dicen: “Está bien, ¿quieres trabajar? Cámbiate de ropa, vístete como un hombre y ven a trabajar”, explica Walter.
La sociedad africana más tolerante
El archipiélago es actualmente el país más acogedor de África para la comunidad LGBTQI+, y encabeza el índice Equaldex entre los países africanos.
La situación del archipiélago es particular, ya que la legislación contrasta con la opinión pública, el país es el que presenta la mayor disparidad positiva entre derechos legales y opinión pública de todo el continente, con un índice legal de 55 pero una opinión pública de 80, es decir, una diferencia de +25 puntos.
En la práctica esto significa que la sociedad caboverdiana es más abierta de lo que la ley garantiza por ahora.
Si miramos a otro país, Sudáfrica, se observa la situación opuesta, la ley va claramente por delante de la opinión pública, con un índice legal de 77 frente a una opinión pública de 57, una diferencia de -19 puntos.
Cabo Verde combina una legislación moderada con la mayor aceptación social de todo el continente, lo que lo convierte, en el índice general, en el país africano mejor situado.
El país ha registrado varios avances recientes en estos derechos. En marzo de 2004 descriminalizó las prácticas homosexuales y puso fin a más de 100 años de criminalización.
La edad de consentimiento pasó a ser la misma para las relaciones heterosexuales y homosexuales. En ese momento también se estableció que las personas lesbianas, gais y bisexuales dejaban de estar expresamente vetadas para servir en las fuerzas armadas.
Desde 2008 la discriminación laboral por orientación sexual está prohibida en el país y en 2015 se añadió al Código Penal un agravante para los delitos motivados por odio racial, religioso o político, o por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.
Aun así, el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido, igual que la adopción por parejas homosexuales. Todavía no existe un reconocimiento legal de las identidades no binarias y no es posible cambiar el género en los documentos de identificación.
Más de 30 países africanos criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo
En términos generales, Cabo Verde tiene un Índice de Igualdad de 68 sobre 100 y ocupa la posición 31 en la clasificación global, por delante de países como el Reino Unido y Estados Unidos.
Según la tabla de Equaldex, los países africanos con peor desempeño en el Índice de Igualdad se concentran sobre todo en África Oriental y Occidental, con Somalia en el último puesto absoluto.
Este país tiene un Índice de Igualdad de 0, con un índice legal de 0 y sin datos de opinión pública disponibles, es el único país del continente con una puntuación nula, lo que refleja la ausencia total de protecciones legales.
En la actualidad son cerca de 30 los países del continente africano que criminalizan las relaciones homosexuales. En cuatro de ellos, Gambia, Sudán, Tanzania y Zambia, este “delito” puede castigarse con cadena perpetua, y en al menos dos, Somalia y Uganda, la pena puede ser la de muerte.