En México, el derecho a la salud de las personas migrantes está reconocido en distintos niveles del marco legal nacional e internacional. Sin embargo, entre lo que establece la norma y lo que ocurre cuando una persona en tránsito busca atención médica existe una brecha que puede traducirse en violaciones a los derechos humanos.
Ésta es una de las principales conclusiones de una investigación presentado por la Dra. Valeria Marina Valle, académica-investigadora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. El proyecto analizó la brecha entre las garantías jurídicas y el acceso real a los servicios sanitarios, particularmente para mujeres, niñas mayores de 12 años y personas de la diversidad sexual (LGBTIQA+) en situación de migración o tránsito.
El estudio, realizado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, encontró que, ante las dificultades para acceder al sistema público, una parte importante de la atención termina recayendo en organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y las llamadas “casas de migrantes”, ubicadas en estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. En Ciudad Ixtepec, la investigación contó con la colaboración del albergue Hermanos en el Camino, dirigido por el Padre Alejandro Solalinde.
Una puerta que debería estar abierta, pero exige “derechohabiencia”
El problema aparece con claridad cuando las personas migrantes intentan acceder a servicios públicos. Las organizaciones civiles brindan atención médica, alimentación y seguridad, aunque de manera limitada. Por ello, debe redirigir a quienes requieren atención más completa hacia servicios públicos y privados, entre ellos Farmacias y Similares, el Centro de Salud y el Hospital General de Ciudad Ixtepec.
El estudio documentó que los servicios públicos han impuesto una barrera para brindar atención al solicitar que las personas demuestren ser derechohabientes del sistema de salud, una condición que en su situación migratoria resulta imposible. A esta barrera burocrática se suman otros factores identificados durante el trabajo de campo, entre ellos la falta de insumos hospitalarios, el racismo y la xenofobia.
El resultado es una paradoja: un derecho reconocido en el marco jurídico puede quedar prácticamente fuera del alcance de quien no puede acreditar una condición administrativa que su propia situación migratoria le impide cumplir.
La migración también puede convertirse en un riesgo para la salud sexual y reproductiva
La problemática adquiere una dimensión particular cuando se analiza quiénes están migrando. De acuerdo con la investigación, 49.9% de la población migrante latinoamericana son mujeres, quienes realizan su viaje en edad reproductiva, entre 18 y 49 años. Además, a partir de 2018 se ha percibido un incremento de mujeres e identidades sexogenéricas no normativas, infancias y adolescencias en situación de migración o tránsito.
Entre enero y agosto de 2021, 36.9% de mujeres adultas y menores de edad se registró ante alguna autoridad migratoria con la intención de atender situaciones relacionadas con la vulneración de sus derechos de acceso a salud sexual y reproductiva, además de factores físicos, económicos, sociales, culturales y ambientales experimentados durante la migración.
Adicionalmente, la investigación advierte que algunas mujeres abandonan sus países de origen para escapar de situaciones de violencia en razón de género, pero los riesgos no necesariamente terminan al cruzar la frontera. Durante el tránsito pueden enfrentar nuevamente violencia, inserción laboral precarizada y sexualización, condiciones que incrementan la exposición a violaciones de derechos humanos y profundizan la carencia de acceso a salud sexual y reproductiva.
Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es que 80% de las mujeres que llegan al albergues en Ciudad Ixtepec han sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos por parte de alguna institución o autoridad. La investigación permitió visibilizar cómo se generan estas vulneraciones y, al mismo tiempo, documentar el papel que desempeñan las organizaciones civiles para cubrir vacíos de atención.
Por ejemplo, en los albergues se proporciona información sobre salud, prevención de enfermedades de transmisión sexual, salud menstrual digna y las instancias que tienen capacidad de brindar servicios sanitarios en la zona. También se realizan acciones de concientización sobre el derecho a la salud y de empoderamiento frente a la discriminación y la xenofobia.
Cuando la política migratoria termina ocultando la falta de atención
Entre los resultados, la investigación encontró que las políticas públicas migratorias en México son deficientes en cuanto a ofrecer, en los hechos, acceso a salud sexual y reproductiva para las personas migrantes. De acuerdo con el estudio, esa falta de acceso se invisibiliza mediante argumentos vinculados con la seguridad nacional y la gobernanza, así como con la necesidad de combatir actividades del crimen organizado como la trata de personas.
Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil terminan desempeñando funciones de asistencia humanitaria y albergue para subsanar servicios sanitarios que el gobierno no brinda. La evidencia recopilada apunta así a una enorme brecha de implementación del marco jurídico nacional e internacional en materia de migración y salud. Esta situación provoca un bajo acceso a servicios sanitarios y, particularmente en materia de salud sexual y reproductiva, expone a las personas migrantes a altos índices de violencias.
No basta con abrir un albergue: también hay que enseñar a navegar el sistema
La investigación identifica que incluso los propios albergues enfrentan retos importantes. Aunque realizan una labor social fundamental, requieren fortalecer la oferta de información, talleres y chequeos médicos gratuitos, además de acompañamiento para que las personas migrantes conozcan cómo navegar el sistema de salud mexicano y qué elementos necesitan para ser aceptadas en centros de salud y hospitales.
También existe una necesidad imperiosa de generar atención en salud mental, especialmente para quienes han experimentado uno o varios tipos de violencia durante su origen, tránsito y destino. El problema, por tanto, no termina cuando una persona llega a un espacio de refugio.
Convertir la evidencia en decisiones públicas
Además de documentar la problemática, el proyecto generó recomendaciones dirigidas a personas funcionarias tomadoras de decisión en materia de migración y salud en el territorio estudiado. La investigación produjo un instrumento técnico que sistematizó evidencia empírica sobre las barreras burocráticas, entre ellas la exigencia de “derechohabiencia” identificada en Ciudad Ixtepec.
“El propósito de visibilizar estos obstáculos y reorientar la toma de decisiones locales es contribuir a transformar las dinámicas de exclusión en los centros de salud públicos y garantizar el acceso efectivo al derecho humano a la salud.”
— Dra. Valeria Marina Valle, Universidad Iberoamericana.
Para miles de personas migrantes, la diferencia entre tener un derecho escrito y poder hacerlo efectivo puede convertirse, durante el tránsito por México, en una cuestión de salud, dignidad y derechos humanos.