La medida impulsada por la derecha principalmente y respaldada por el Partido de la Gente (PDG) de Parisi fue presentada como una “defensa del correcto uso del castellano”.
Más allá de sus efectos prácticos, se trata de una medida impulsada por las derechas a nivel internacional desde hace años. Hay una tendencia regional en la que los gobiernos, mediante el poder del Estado, quieren imponer determinados usos del lenguaje y restringir otros. Argentina ya tuvo antecedentes en el año 2022 en escuelas públicas y privadas donde incluso se prohibió el uso de la “e” y posteriormente, durante el gobierno de Milei, se prohibió su uso en documentos y comunicados oficiales de administración nacional.
Mientras los defensores de la medida afirman “proteger” el idioma, disfrazan su discurso como una discusión lingüística y gramatical y recurren constantemente a conceptos como la supuesta “ideología woke”. No es casual que el diputado republicano Cristián Araya celebrara la iniciativa anunciando el fin de la “dictadura woke”, dejando en evidencia que la discusión no gira realmente en torno al lenguaje, sino a una ofensiva político-ideológica contra las mujeres, las disidencias sexuales y todas aquellas personas que cuestionan las desigualdades estructurales y las diversas formas de exclusión e invisibilización que hemos vivido históricamente.
La ofensiva contra el lenguaje inclusivo no puede separarse del proyecto político más amplio del gobierno de Kast.
Mientras se busca polarizar en torno a supuestas amenazas culturales asociadas al movimiento de mujeres y disidencias, se impulsan políticas de ajuste bajo la megareforma que afecta a las mayorías trabajadoras y benefician a los grandes grupos económicos. Son ataques que se expresan también en el casi nulo acceso a la educación sexual integral, la falta de políticas de inclusión laboral para personas trans, la oposición al derecho al aborto y los intentos por restringir derechos sexuales y reproductivos conquistados tras años de organización y lucha. En este mismo marco, distintas organizaciones han advertido también sobre señales de retroceso en el acceso a políticas de salud para personas trans, incluyendo cuestionamientos o intentos de limitar el financiamiento de tratamientos hormonales en el sistema público, lo que ha generado preocupación respecto de la continuidad de garantías básicas en materia de salud y derechos de las disidencias sexuales.
El origen del lenguaje inclusivo
Precisamente desde el movimiento de mujeres y disidencias proviene el uso del lenguaje inclusivo. Contrario a lo que sostienen sectores conservadores, no surgió desde decretos gubernamentales ni burocracias estatales. Surge en los años 70, cuando la oleada feminista comenzó a cuestionar la poca representación del género femenino en el lenguaje y las formas en que este reproducía relaciones de desigualdad presentes en la sociedad. Actualmente se utiliza para dar visibilidad no solo a mujeres, sino también a diversos géneros que no se reconocen dentro de categorías tradicionales de femenino o masculino, como ocurre con las personas de género no binario.
Los cambios lingüísticos suelen surgir desde el uso cotidiano y posteriormente son reconocidos o no por las instituciones normativas. En ese sentido, pretender resolver el debate mediante prohibiciones estatales desconoce la forma en que las lenguas evolucionan y se transforman junto con la sociedad. En un contexto donde aún existe un profundo desconocimiento sobre la diversidad sexogenérica, resulta más necesario construir herramientas de inclusión y sensibilización que promover prohibiciones o establecer nuevas normas desde arriba.
Más allá del lenguaje
Las formas de exclusión que afectan a mujeres, diversidades sexuales y otros grupos históricamente discriminades se expresan en múltiples ámbitos de la vida. El lenguaje puede contribuir a visibilizar estas realidades, pero por sí solo no elimina las desigualdades estructurales que las producen y reproducen. La inclusión simbólica tampoco garantiza avances reales en materia de derechos. La experiencia reciente demuestra que gobiernos e instituciones pueden adoptar discursos inclusivos mientras mantienen políticas que perpetúan la precarización, la discriminación o la represión. Por eso, la lucha por una sociedad más igualitaria no se agota en las formas del lenguaje, sino que debe vincularse con transformaciones materiales que mejoren efectivamente las condiciones de vida de las mayorías.
Las calles tienen que ser el lugar donde responder a este intento de quitar derechos. Se vuelve necesario enfrentar estos ataques con organización en cada lugar de estudio y de trabajo. En ese sentido, la defensa de los derechos de mujeres y disidencias no puede separarse de la defensa de los derechos de todo el pueblo trabajador, frente al ajuste del gobierno de Kast y todas las medidas punitivas y represivas hacia el movimiento estudiantil.