El jueves 2 de octubre por la noche, el presidente salvadoreño Nayib Bukele volvió a encender la polémica en redes sociales y medios internacionales tras anunciar una nueva disposición en el sistema educativo.
“Desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con una publicación de la ministra de Educación, la militar Karla Trigueros.
Con esta decisión, el Gobierno consolida una política que se ha caracterizado por rechazar cualquier enfoque de género dentro de las escuelas públicas, a la vez que se posiciona en sintonía con posturas conservadoras internacionales.
La justificación oficial: ‘proteger a la niñez de injerencias ideológicas’
En un comunicado oficial, la Trigueros explicó que la medida busca garantizar “el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”.
El documento establece que la prohibición es “de estricto cumplimiento” y que el uso de términos como amigue, compañere, niñe, alumn@, jovenxs, todos y todas, nosotrxs, o “cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género”, queda totalmente vetado en aulas, documentos institucionales y dependencias relacionadas con el Ministerio de Educación.
Según la ministra, la orden pretende “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”, cerrando las puertas a expresiones que, en su visión, promueven agendas “globalistas” contrarias al desarrollo del estudiantado.
Antecedentes de la política gubernamental
El veto al lenguaje inclusivo no es un hecho aislado. En febrero de 2024, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, ya había señalado públicamente que “todo uso de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”.
El anuncio se dio después de que Bukele abordara el tema en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, un evento en el que participan figuras de la derecha global. En esa ocasión, el mandatario respondió a una pregunta de Catalina Stubbe, coordinadora hispana de la organización Moms for Liberty. “No solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos”.
Esta declaración marcó una línea clara de acción que se consolidaría en la medida adoptada este octubre.
Voces críticas: ‘un problema que no podemos tapar’
Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ recibieron la nueva disposición como una acción discriminatoria.
Valeria Mejía, activista de Aspidh Arcoiris y representante documentadora de la RedLacTrans, ofreció su testimonio desde la vivencia personal, “como mujer trans lo puedo decir, que viví mucha estigma y discriminación dentro del sistema educativo, tanto por alumnos, docentes y también padres de los alumnos. Entonces, creo que este problema no lo podemos tapar”.
Mejía agregó que la decisión afecta directamente los derechos fundamentales. “Esto afecta el cumplimiento de los Derechos Humanos, el Estado no lo toma en cuenta incluso ignoró la orden de la Sala de lo Constitucional el 22 de febrero del 2022, ordenando a la Asamblea Legislativa legislar a favor de la población trans, generando una Ley de Identidad de Género o modificando la Ley del Nombre de la persona natural para que hombres y mujeres trans tengan acceso a un documento de identidad”.
Un defensor de derechos humanos y psicólogo salvadoreño, que prefirió mantener el anonimato, también cuestionó la medida. Para él, la política “es bastante débil, bastante imprecisa, bastante vaga, que no responde las preguntas básicas que debería responder una política pública. Indicadores, proceso, etapas, metas… Simplemente es un lenguaje popular de un tema al que la gente le tiene miedo”.
El especialista recordó además la ambigüedad del término “ideología de género”. “Estaba bien lo que el otro ministro hizo el año pasado al decir que prohibía la ideología de género en el sistema educativo, como la ideología de género es un constructo indeterminado, que no sabes a qué se refiere en concreto. Porque en realidad no hay una definición de qué es ideología de género”.
Finalmente, concluyó calificando la medida de “populista”, “el propósito no es resolver un problema, sino generar popularidad, jalar agua al pozo de las figuras públicas que requieren una limpiada de cara. Para eso sirven ese tipo de medidas”.
Reacciones internacionales y paralelos en la región
La prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador se suma a una tendencia que en los últimos años ha cobrado fuerza en América Latina. En países como Argentina, sectores políticos conservadores también han impulsado restricciones al uso de términos inclusivos en las aulas, argumentando razones lingüísticas y pedagógicas.
Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos han advertido que estas políticas suelen tener como trasfondo la negación de identidades no normativas y el debilitamiento de marcos legales que buscan proteger a mujeres y poblaciones LGBTQ.
En el caso salvadoreño, el decreto de Bukele genera preocupación adicional debido a la concentración de poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de contrapesos institucionales y el historial de desobediencia a sentencias de la Sala de lo Constitucional.
La estrategia política de Bukele
Más allá del debate sobre lenguaje inclusivo, analistas coinciden en que la medida responde a una estrategia política. El presidente salvadoreño, con altos índices de popularidad, ha sabido identificar banderas de batalla que resuenan con un sector amplio de la población.
El rechazo a la “ideología de género” funciona como un elemento discursivo que conecta con el electorado más conservador, tanto dentro del país como en la diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Esto, además, lo alinea con agendas internacionales de grupos políticos y religiosos que han hecho de esta lucha un eje central.
En contraste, organizaciones feministas y colectivos juveniles han subrayado que el lenguaje inclusivo no se trata de “deformar” el idioma, sino de visibilizar a poblaciones históricamente excluidas. En su visión, la prohibición no solo restringe una forma de expresión, sino que envía un mensaje de invisibilidad a mujeres, personas no binarias y comunidades LGBTQ.
Para estas voces, la verdadera amenaza al desarrollo integral de la niñez y la juventud no radica en el uso de palabras inclusivas, sino en la persistencia de la violencia de género, la discriminación y la falta de políticas públicas efectivas que atiendan dichas problemáticas.
La decisión de Bukele de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas salvadoreñas se inscribe en una lucha más amplia: la disputa por los símbolos y discursos que definen el presente y el futuro de la sociedad.
Mientras el Gobierno argumenta que busca proteger a la niñez de “injerencias ideológicas”, organizaciones sociales denuncian un retroceso en materia de derechos humanos y una estrategia populista destinada a reforzar la imagen del presidente en escenarios internacionales y domésticos.
En un país marcado por la violencia estructural, la desigualdad y los feminicidios, el debate sobre cómo nombrar a las personas se convierte en un campo de batalla político, cultural y moral. Lo que está en juego, más allá de las palabras, es el reconocimiento de la diversidad humana y el derecho a ser nombrado con dignidad.