El Observatorio de los derechos LGBT, documentó una secuencia de “crímenes de odio” que afectaron la integridad física de decenas de personas y cobraron la vida de por lo menos 17 lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Bolivia.
Alberto Moscoso, director de Adesproc Libertad, explicó a ANF que los hechos detallados muestran que los crímenes motivados por odio que se comenten en el país están invisibilizados y permanecen en la impunidad.
El registro del Observatorio, cuyas actividades se iniciaron este viernes, se remonta a junio de 1993 cuando la policía arrestó a 120 personas LGBT reunidas en la discoteca “Cherris” de la ciudad de La Paz y las sometió a violencia física y psicológica.
La investigación relata también los ataques con gases lacrimógenos y bomba molotov durante la celebración del Día del Orgullo Gay en junio del 2000 y 2007 en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y La Paz, respectivamente, que atentaron con la vida de quienes participaban en dichas manifestaciones de reivindicación de derechos. Destaca que entre 2009 y 2011, siete travestis fueron asesinadas mientras trabajaban como prostitutas en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Yacuiba, y Trinidad. Detalla la trágica muerte de Virginia Huanca Aliaga, ocurrida el 2009 en la ciudad de El Alto, luego de ser violada y torturada por René Condori supuestamente por haber mantenido una relación lésbica con su esposa.
En la sucesión de crímenes de odio incluye el asesinato por estrangulamiento de Mini Britany (Lener Darío López), ocurrido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 2011 y el linchamiento de la travesti Juana Apaza Mayta, de 42 años de edad, torturada, quemada y ahorcada por unas 400 personas en la zona de Villa Ingenio, Distrito 13 de El Alto, “por el sólo hecho de ser un hombre vestido de cholita”.
En octubre de 2012, la transexual Luisa Durán fue muerta con 52 puñaladas. En 2013, Yanir, una mujer transgénero, fue asesinada en El Alto y en Río Negro, Rosa Fernando Rodríguez fue encontrada en su cama muerta de tres puñadas.
El 2016 fue también un año trágico. En La Paz, el 22 de enero, encontraron muerta a la joven Varinia Buitrago, determinando la autopsia que había sido atada y golpeada antes de ser estrangulada. Y Santa Cruz fue escenario de varios crímenes violentes. El 22 de marzo, Carla Suárez, mujer transgénero fue encontrada sin vida y con signos de brutal tortura a orillas de una laguna en Buena Vista.
Ocho días después, el 1 de abril, Dayana Lazarte, también mujer transgénero, fue encontrada sin vida atada de manos y pies en el baño de una rokcola en la Villa 1 de Mayo. El 15 de julio, Eddy Thames, activista de la población LGBT, fue encontrado sin vida, degollado.
En ese mismo periodo la integridad física y la vida de lesbianas, gays, bisexuales y trans fue puesta en peligro de manera sistemática y en muchas ocasiones, las víctimas fueron amenazadas para que no denuncien.
Según Moscoso, todos los casos permanecen en la impunidad, provocando un efecto perverso en toda la comunidad LGBT, pues “queda la sensación de vulnerabilidad, aislamiento y desprotección total”.
“La situación es grave, y los datos que tenemos, datos corroborados, no dan cuenta de toda la realidad. ¿Cuántos han muerto por su condición de ser homosexual y no se reportan? Muchos casos son escondidos por la propia familia, por pena, por vergüenza”, aseguró.
Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, dijo que frente a este panorama se ha promovido el Observatorio de los derechos LGBT, “para visibilizar la vulneración de derechos y demandar acceso a la justicia, y realizar el monitoreo de los casos emblemáticos de crímenes de odio que afectan la vida, integridad e igualdad de derechos”.
Actualmente se tramita ante el Congreso Nacional una norma que tipifique los crímenes de odio por homofobia.