Cuatro años después de la polémica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que desprotegió a nivel federal el derecho al aborto, los distintos estados siguen debatiendo tanto sus prohibiciones como salvaguardas constitucionales. Esta cuestión estará en juego el próximo martes en cuatro estados en forma de referéndum estatal, y son tan solo una pequeña parte de las 145 medidas que se votarán en las elecciones de mitad de mandato en EE.UU., más allá de los comicios legislativos, las carreras a gobernador y a las judicaturas estatales.
Estas votaciones han llegado a las urnas mediante campañas de recogida de firmas o la aprobación de las cámaras estatales, y darán una oportunidad a los habitantes de lugares poco determinantes en las legislativas para decidir sobre asuntos que les afectan directamente. Estos incluyen también los derechos del colectivo LGTBI, los impuestos, el derecho al voto y las propias normas electorales, entre otros.
El estado sureño y bastión conservador de Misuri ya votó hace dos años para revocar una de las prohibiciones del aborto más estrictas del país. Sin embargo, la legislatura estatal, controlada por los republicanos, vuelve a someter la cuestión a votación el próximo 3 de noviembre. Pero el referéndum no está exento de polémica: los republicanos han juntado en una misma pregunta tanto la prohibición casi total del aborto con las restricciones a los tratamientos médicos de afirmación de género para menores.
Al ser la transexualidad de menores un asunto más polémico, en el que existen pocas fisuras entre los votantes republicanos, buena parte de la publicidad sobre la medida se limita a mencionar esta parte de la pregunta, obviando el derecho al aborto. De aprobarse, la prohibición de tratamientos de afirmación de género, ya restringidos, se incorporaría a la constitución estatal.
Otros tres estados preguntan a sus residentes sobre el aborto, Nevada, Virginia e Idaho, aunque en este caso no es para prohibirlo, sino para protegerlo. En este último estado, la votación podría servir para revocar la prohibición casi total del aborto, vigente en el estado tras la sentencia de la mayoría conservadora del Supremo en el 2022.
Arizona, Colorado, Nebraska y Washington llevan a votación la prohibición de las mujeres trans en competiciones deportivas
Esa sentencia, Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, anuló el precedente de Roe contra Wade, al sostener que la Constitución no contempla ningún derecho al aborto, y por tanto su legislación debe recaer sobre cada uno de los estados. Precisamente, en Nevada y en Virginia los votantes tendrán la oportunidad de incorporar ese derecho a sus respectivas constituciones.
Los derechos de las personas trans, perseguidas en decenas de estados gobernados por republicanos y foco habitual de las burlas de la Administración de Donald Trump y su jefe del Pentágono, Pete Hegseth, también se someterán a votación el martes. Arizona, Colorado, Nebraska y Washington tienen en sus papeletas propuestas para prohibir que estudiantes transgénero participen en competiciones deportivas femeninas en escuelas y universidades.
En junio, el Supremo confirmó la constitucionalidad de este tipo de leyes, abriendo la puerta a que más estados las planteen. A día de hoy, ya son 27 los estados que restringen esta participación. De los cuatro que lo llevan a votación, solo Colorado carece de ley estatal que prohíba a las mujeres trans competir. Los otros tres pretenden ampliar las prohibiciones a todos los centros privados (Arizona), exigir una verificación médica del sexo biológico (Washington) e incorporar la medida a la Constitución estatal (Nebraska).
Por otro lado, la política fiscal, que suele estar presente en la mayoría de elecciones en EE.UU., acapara este año un protagonismo mayor, pues lo lleva a votación California, el estado más poblado del país. Concretamente, los ciudadanos de California decidirán en las urnas si multimillonarios como Mark Zuckerberg (Meta), Dario Amodei (Anthropic) o Jensen Huang (Nvidia) deben pagar un impuesto único del 5% de su patrimonio neto al estado para invertirlo en sanidad, educación o asistencia alimentaria.
La revolucionaria iniciativa, impulsada por un sindicato del sector sanitario, ha despertado un intenso debate dentro del Partido Demócrata del estado, que la respalda públicamente pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom. Los defensores de la Proposición 40, uno de los 14 referéndums que celebrará el bastión demócrata, buscan convertirlo en el primer estado en establecer un impuesto sobre la riqueza, más allá de la renta. La medida se aplicaría a las personas con un patrimonio neto de al menos 1.000 millones de dólares que residieran en California el 1 de enero, y el dinero se destinaría en un 90% a la sanidad.
Los impuestos también estarán en las urnas en Colorado, donde una coalición de progresistas busca aumentar el impuesto sobre la renta para quienes ganen más de 500.000 al año; en Tennessee e Iowa, donde pretenden limitar la capacidad del legislativo de aprobar nuevos impuestos; o en Florida, donde los republicanos quieren eximir de impuestos sobre bienes inmuebles los primeros 150.000 dólares del valor de una vivienda.