Ahora, dos años después, está más claro que nunca que aquellas advertencias resultaron ciertas.
Un nuevo informe de Human Rights Watch documenta los daños.
Desde que la ley entró en vigor, las autoridades ugandesas han perpetrado discriminación y violencia generalizadas contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), sus familias y simpatizantes.
En el aspecto estrictamente legal, la ley permitió toda una nueva oleada de violaciones de derechos humanos. Desde mayo de 2023, las autoridades han detenido y encarcelado arbitrariamente a personas LGBT esencialmente por ser quienes son.
Esto ha incluido medios turbios. Las autoridades han utilizado las redes sociales y las aplicaciones de citas para atraer a personas y detenerlas. Han extorsionado a personas LGBT a cambio de liberarlas de la custodia policial.
Las autoridades ugandesas también han tomado medidas enérgicas contra grupos de defensa de los derechos de las personas LGBT. Cerraron organizaciones que prestan servicios vitales de salud sexual, jurídicos y mental. Detuvieron al personal. En algunos casos, confiscaron material e intentaron sobornar al personal.
Y el daño que ha causado la ley 2023 va mucho más allá del uso y abuso de la propia ley. Ha creado una atmósfera envenenada en el país para las personas LGBT y sus familias.
Las personas LGBT han sufrido agresiones físicas y acoso en Internet por su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por su activismo en favor de los derechos LGBT. Muchas víctimas afirmaron haber denunciado estas agresiones a la policía, que no tomó ninguna medida palpable.
Por supuesto, la situación de las personas LGBT en Uganda era mala antes de que esta ley entrara en vigor. La violencia contra las personas LGBT y la retórica anti-LGBT existían mucho antes de 2023.
Pero la ley de hace dos años ha empeorado mucho las cosas. Aumentó los abusos, la discriminación, la intimidación y la violencia ya existentes contra las personas LGBT hasta niveles sin precedentes en Uganda.
El impacto ha sido devastador, no sólo en las vidas de las personas LGBT, sino también para sus familias, activistas, aliados y otros.
Las autoridades ugandesas deben cambiar de rumbo. Deben dejar de fomentar la intolerancia y la discriminación. Deben poner fin a la represión contra las personas LGBT.
Y, sobre todo, deben acabar con esta ley que tanto daño hace.