Organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la agresión sufrida por Danne Belmont, directora de la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans (GAAT), ocurrida en la madrugada de este domingo en Bogotá.
La denuncia fue hecha pública inicialmente por la ONG Caribe Afirmativo, que informó que los hechos se presentaron cuando Belmont se movilizaba junto a su pareja en un vehículo de transporte por plataforma.
Según la organización, el conductor habría sido el agresor, en un episodio que califican como un presunto acto de violencia motivada por prejuicio.
Ante lo ocurrido, Caribe Afirmativo exigió a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y con enfoque diferencial, así como la activación urgente de los protocolos de atención en salud, que garanticen un trato digno, respetuoso y libre de discriminación para la víctima.
Hasta el momento, la Fundación GAAT, de la cual Belmont es directora, no ha emitido un pronunciamiento público en sus canales oficiales.
Un contexto de violencia que se agrava
La agresión denunciada ocurre en medio de un panorama crítico de violencias basadas en género y orientación sexual en el país, particularmente en Bogotá y otras grandes ciudades.
De acuerdo con cifras preliminares divulgadas por la Defensoría del Pueblo, durante la primera semana de 2026 se registraron en Colombia ocho feminicidios, dos transfeminicidios, dos tentativas de feminicidio contra mujeres trans, una masacre en la que fueron asesinadas tres mujeres y el homicidio de un hombre gay.
Caribe Afirmativo, por su parte, ha documentado nueve asesinatos de personas LGBTIQ+ en lo corrido de 2026, según el más reciente reporte de su Observatorio de Derechos Humanos, con corte al 23 de enero.
Entre los casos recientes figuran el asesinato de Heilly Marcela, una mujer trans habitante de calle hallada sin vida en Cali, y el de Catia, una joven trans de 20 años asesinada en Bogotá.
Violencias que no son hechos aislados
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre un “agravamiento de las violencias extremas” contra mujeres y personas LGBTIQ+, tanto en espacios privados como en el ámbito público, e insistió en que cada feminicidio y transfeminicidio es prevenible si el Estado actúa de manera oportuna.
Desde 2023, la Directiva 006 de la Fiscalía General de la Nación establece que los delitos contra personas LGBTIQ+ deben investigarse reconociendo el contexto de discriminación estructural y violencia por prejuicio, una exigencia reiterada por organizaciones sociales ante la persistencia de la impunidad.
Redes y colectivos trans alertan que, pese a mesas de trabajo y compromisos institucionales asumidos en años recientes, muchas de las medidas acordadas no se han traducido en acciones efectivas, lo que ha profundizado la sensación de desprotección.
Llamado urgente al Estado
Caribe Afirmativo reiteró que lo ocurrido con Danne Belmont no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón de violencia que requiere respuestas inmediatas, integrales y con enfoque de derechos humanos.
Ante el recrudecimiento reportado, las organizaciones insistieron en la necesidad de garantías reales de protección para líderes sociales y personas trans, así como de investigaciones que identifiquen y sancionen los actos de violencia motivados por prejuicio.