Es decir, quienes se acogieron a la Ley de Cambio de Identidad de Género y modificaron sus datos de sexo están impedidos de casarse, adoptar niños, pero además están restringidos a ejercer derechos políticos, laborales, económicos, civiles y sociales.
Una de las integrantes de la Red Trebol Tarija, Gilda Rachel Rojas, manifestó que el TCP les quitó los principales derechos que les otorgaba la Ley Nº 807, como derecho a la salud, educación, al trabajo, etc.
“Esto es un acto discriminatorio. Algunos representantes son personas transfóbicas que se encuentran muy dolidos, muy tristes por que una persona transexual pueda ejercer su libre derecho. Nosotras como población trans no nos vamos a dejar vencer”, agregó.
Indicó que en Tarija existen entre 10 a 15 personas que realizaron el cambio de identidad. Y otros 30 estaban a la espera de un financiamiento para repetir esa acción.
El representante del Colectivo LGTB del Sur, Hugo Maraz, refirió que a modo de protesta el próximo martes realizarán un acto simbólico de la destrucción de sus documentos de identidad, pues no tienen validez legal.
“Con la sentencia que sacó el TCP directamente a ellas les quitaron todos sus derechos habidos y por haber. Si Rachel (que cambió su identidad de género) va al banco con ese documento, no le aceptan. De aquí a tres semanas tenemos un acto electoral, si va con ese documento, no puede votar. Tampoco puede tener una cuenta bancaria ni entrar a la universidad porque ese documento no es válido”, dijo.