Un grupo de diputados de oposición ingresaron este martes un proyecto de ley que busca prohibir los tratamientos hormonales y las cirugías de cambio de sexo en menores de edad, asunto que hoy es legal.
Ello, luego de que una Comisión Especial Investigadora (CEI) alertara sobre la escasa evidencia científica para respaldarlos y el nulo registro nacional de estos casos.
Según Karen Medina (IND-DC), la idea es “proteger a nuestros niños y adolescentes de intervenciones irreversibles que, hasta hoy, no poseen respaldo científico suficiente. El Ministerio de Salud reconoce que la certeza de la evidencia disponible es extremadamente baja“.
“En Chile no existe un registro ni control real sobre estos procedimientos. La evidencia internacional demuestra que pueden generar daños permanentes e irreversibles“, sostuvo la parlamentaria.
La iniciativa establece severas sanciones para aquellos médicos u otros profesionales del área de la salud que lleven adelante dichos procedimientos -quienes arriesgan hasta perder su licencia-, y “asegura que la salud de nuestros menores se base en evidencia y no en ideología”, agregó.
En la misma línea, Diego Schalper (RN) señaló que la ideal del proyecto de ley es poner “a los niños en el centro”, mientras que su par, Francesca Muñoz (PSC), subrayó que están siguiendo la tendencia internacional de acotar dichos procedimientos en menores de 18 años.
“Países que fueron pioneros en los tratamientos hormonales y cirugías en menores de edad ya han retrocedido, como es el caso del Reino Unido y Finlandia, entre otros países que ya prohibieron los tratamientos hormonales en niños y las cirugías en los adolescentes”, arguyó.
Por su parte, Mauro González (RN), advirtió que “aquellos que provoquen estos actos sobre los menores van a arriesgar sanciones penales, como también sanciones civiles”.
“Hemos dicho claramente que un adulto haga lo que estime conveniente con su cuerpo frente a un eventual cambio de sexo, pero a los niños y a las niñas tenemos que dejarlos tranquilos”, remató el parlamentario.
Cabe destacar que las acciones penales y civiles se extenderán a quienes emitan diagnósticos o recetas falsas que permitan llevar adelante estos tratamientos, y también a aquellos farmacéuticos que expendan medicamentos ilegales, asunto que será penado como una falta grave.
Finalmente, el proyecto de ley amplía hasta 50 años el período de tiempo en el que los menores afectados, ya adultos, podrán estampar acciones legales contra quienes hayan realizado dichos tratamientos.