La organización Proyecta Igualdad alertó que cinco personas defensoras de derechos humanos y activistas de la comunidad LGBTIQ+ en Cusco enfrentan una investigación penal por el delito de “ofensas al pudor público” agravadas, a raíz de su participación en la Marcha del Orgullo de Cusco, realizada en julio de 2025.
Lucía Santos, presidenta de la organización que acompaña este proceso, advirtió a La República que este hecho sería una represalia por una investigación previa de discriminación que la Fiscalía inició contra una periodista local por sus presuntas expresiones estigmatizantes contra participantes y artistas drag que se sumaron a la jornada.
Según Santos, el Ministerio Público inició la investigación de oficio contra la comunicadora por el delito de discriminación e incitación a la discriminación tras difundir imágenes de la marcha acompañadas de presuntas expresiones estigmatizantes. Posteriormente, cinco personas fueron reconocidas como agraviadas en este proceso.
Meses después, la misma periodista investigada habría denunciado penalmente a esas cinco personas por el delito de “ofensas al pudor público”, utilizando como sustento el material audiovisual difundido por su programa televisivo. El caso fue acogido por un fiscal y, de ese modo, las víctimas reconocidas por el Estado en una investigación por discriminación terminaron convertidas en investigadas.
Advierten represalia y uso irregular del derecho
Por la secuencia de los hechos, Santos considera que el proceso abierto contra los partícipes de la Marcha del Orgullo es un acto abierto de represalia. “Estamos frente a una represalia por una investigación de discriminación. El Estado está investigando y tratando como acusadas a personas que han sido víctimas de discriminación”, indicó.
También alertó que se estaría haciendo un mal uso del derecho penal para cometer este hecho. “Se está usando una interpretación antojadiza del Código Penal, que no tiene nada que ver con marchar pacíficamente, para sancionar a personas por ser artistas drag, por mostrar afecto, solo por el hecho de que se trata de personas LGBTIQ+”, agregó.
Proceso en marcha
La investigación por “ofensas al pudor público” tendrá un momento clave este 4 de septiembre, fecha en la que se realizará la audiencia de improcedencia de acción y se discutirá si los hechos pueden constituir el delito atribuido. Además, el 25 de septiembre vence el plazo de la investigación preparatoria y la Fiscalía deberá definir el futuro de la investigación, incluida una eventual acusación.
Según Proyecta Igualdad, este delito contempla una pena de cuatro a seis años de prisión e inhabilitación. La organización considera que la continuidad de la investigación podría sentar un precedente peligroso para las libertades de expresión artística, reunión pacífica y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el Perú. “¿Qué pasaría si este tipo de casos se repiten en otras situaciones con menor visibilidad? Eso nos preocupa”, apuntó Santos.