Al menos 65 casos de crímenes de odio fueron registrados, en Bolivia, los últimos diez años por instituciones que trabajan por los derechos de la comunidad de Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB). Esas personas perdieron la vida porque quienes las atacaron no toleraron la sexualidad de sus víctimas. El hecho se agrava porque la Justicia no investiga ni sanciona; de todos los casos, apenas hay una detención preventiva.
Sin embargo, los expertos aseguran que esta cifra no muestra la realidad exacta, puesto que existe un vacío jurídico al no contar con una tipificación de crímenes de odio en el Código Pernal, también porque muchos de estos hechos son escondidos por las familias de las víctimas que se dejan llevar por los estereotipos de la sociedad.
“No tenemos ese dato de manera concreta considerando que ninguna instancia del Estado registra al momento estos crímenes de odio, por lo tanto estos datos son los que tienen registrados todas las redes de la coalición boliviana de los colectivos TLGB”, sostuvo Martín Vidaurre, jefe nacional de la institución Iguales ante la Ley.
La comunidad TLGB asegura que son crímenes por odio y homofobia por la forma en la que algunos transexuales perdieron la vida, donde se identifica el ejercicio de saña, violencia y crueldad con los que son victimados.
Afirman que estos hechos se dan porque personas que siguen una línea religiosa y otros preceptos se niegan a reconocer a un trans, gay o lesbiana como una persona normal y como ser humano.
“Algunas compañeras fueron asesinadas a puñaladas, a otras les desfiguraron el rostro, las descuartizaron, algunas en manos de su pareja pero otras por personas que son ajenas a su entorno familiar o de amistades”, señaló Vidaurre.
Recuerdan que uno de los casos emblemáticos del odio que sienten algunas personas hacia los gays, lesbianas o transexuales fue el de Luisa Durán que fue asesinada en Santa Cruz con 52 puñaladas. El hecho ocurrió el 6 de octubre de 2012 en la capital oriental; la investigación no avanzó pese a las sospechas que hay.
El año 2009, en la ciudad de El Alto la lesbiana Virginia Huanca fue asesinada también apuñalada.
En este año Dayana Kenia fue atada de pies y manos antes de morir degollada en su negocio de rocola de la Villa 1º de Mayo, en Santa Cruz.
Se trata de José María, el segundo de los seis hijos del matrimonio de José y María, un carpintero alteño y una ama de casa. Recuerdan que era el más cariñoso, el que siempre estaba atento por cómo estaban sus padres, el que pese a vivir tres años lejos llamaba por teléfono a diario para interesarse en cómo les había ido ese día a sus padres.
Otro caso es el de Carla Suárez que luego de ser asesinada, el autor del hecho la arrojó semidesnuda en una laguna de Buenavista también en Santa Cruz.
Lamentaron que estos hechos queden en la impunidad por la falta de una denuncia o seguimiento, si acaso denunciaron los familiares, por diferentes circunstancias, el más fuerte es la vergüenza que sienten por la orientación sexual e identidad de género que tenían sus hijos.
“Lamentablemente los familiares de las compañeras fallecidas ni siquiera han iniciado la acción penal y en otros casos nunca parecieron sus familiares, esto ha impedido que los autores de los crímenes no paguen su culpa. De los 65 casos solo uno tiene detención preventiva y no así una sentencia”, explicó Vidaurre.
Observatorio
El viernes fue creado el Observatorio de los derechos LGTB, que tendrá la función de proporcionar una información necesaria para desarrollar acciones de comunicación, denuncia y cabildeo por los derechos de la población.
Alberto Moscoso, director Ejecutivo de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural “Libertad” y presidente del Observatorio explicó que esta institución servirá para dar seguimiento a todos los casos de denuncias por vulneración, por violencia contra la población TLGB, ya sea verbal psicológica o física.
“El observatorio va tener información actualizada de lo que es la normativa nacional e internacional. Se va tener una biblioteca con investigaciones de Bolivia y el mundo respecto a los derechos humanos de la población TLGB, va a haber jurisprudencia, legislación, se recibirá denuncias y otros servicios”, explicó.