La comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer (LGTBIQ+) afronta en Bolivia problemas de estigmatización en la atención en salud y de exclusión laboral en su vida económica, afirmó este viernes la organización privada Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) en la presentación de estudios realizados sobre los derechos del sector.
La directora del CDC, Rossy Yucra, la investigadora Claudia Espinoza y el activista de la comunidad Andrés Mallo presentaron los estudios realizados en el periodo 2023-2025 con grupos focales y encuestas, a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora el próximo 17 de mayo.
Las investigaciones señalan que la estigmatización es una violencia expresada en el hecho de que ocho de cada diez personas LGBTIQ+ sufren la revelación de su “diagnóstico médico sin consentimiento” y de casos de quema de pertenencias por “ignorancia médica” en centros de salud donde se atienden a pacientes con VIH/sida.
En Bolivia, hay 42.080 personas registradas con VIH/sida, según esas fuentes.
También se ha establecido una ausencia de protocolos para la atención de la salud mental y falta de apoyo psicológico en casos de violencia sexual, según un informe del CDC.
Además, las investigaciones establecieron que el Seguro Universal de Salud, que da cobertura a la mayoría de la población boliviana, no ofrece atención especializada, ni medicamentos específicos para la comunidad LGTBIQ+, lo que posterga su atención con el riesgo de “complicaciones graves”.
El documento también subraya una “falta de respeto” al nombre que asumen los miembros de este colectivo como nueva identidad, lo cual provoca un “alejamiento” de los servicios médicos preventivos.
Derechos laborales
Sobre el ejercicio de los derechos laborales de esta comunidad, el CDC señaló la falta de acceso a empleos formales, la ausencia de beneficios como jubilación y seguro de salud, además de percibir, según dijeron, ingresos menores al salario mínimo nacional, de 3.300 bolivianos (unos 474 dólares), y trabajar en la “informalidad forzada”.
Según las investigaciones, la comunidad también afronta comentarios despectivos, burlas, rumores, acoso psicológico, pero también violencia física.
Así mismo, el sector ha denunciado casos de “abuso de poder y arbitrariedad” en los puestos de trabajo, al haber afrontado “despidos injustificados por orientación sexual” y “bloqueos para ascensos” en las empresas, además de un “vacío legal de normativas específicas” contra la discriminación en la Justicia.
La CDC pide al Estado la aprobación de un cupo laboral obligatorio para personas “trans” en instituciones públicas y privadas, la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso, y que se reglamente el reconocimiento de la identidad de género en documentos laborales.
Además, los activistas piden la aplicación en las empresas de protocolos contra la discriminación, contrataciones con criterios inclusivos y sanciones de actos de violencia por causa de la orientación sexual o la identidad de género.
EFE