Vieron a personas afrobolivianas y se pellizcaron. “El negro pa´ vos, la suerte pa´ mi” se dijeron tal vez aquellas autoridades que se encontraban en el palco mientras la saya se presentaba por las fiestas patrias. Fue en agosto de este año, en el cambódromo. Cuando le contaron esta escena a la presidenta de Unión Afro, Tereza Calisaya, el baile había terminado. Le habría gustado pellizcarlos más fuerte, como hacía su mamá.
Ahora, con la ley, no es necesario pellizcar; se puede denunciar. La Ley 045 nació en 2010 luego de que campesinos fueran vejados en Sucre en 2008.
El color de piel es el motivo de los nueve casos de racismo denunciados en 2016. Calisaya no va a pellizcar. Quiere ver si la Ley 045 contra toda forma de Racismo y Discriminación funciona. Han denunciado al programa ‘Bailando por un sueño’, porque una de sus participantes se pintó de negro para emular a los afros. “Es ofensivo porque da lugar a la mofa. Nosotros no nos pintamos de otro color para bailar chobena”, explica Calisaya.
Es la segunda vez que ocurre en Red UNO. La primera vez fue Oriana Arredondo que se pintó la cara en 2015 para bailar saya y la segunda vez, en agosto de 2016, fue Andrea Forfori que se pintó todo el cuerpo para bailar axé. Arredondo pidió disculpas y la situación fue conciliada mediante el Defensor del Pueblo. Forfori pidió disculpas pero el pueblo afroboliviano cree que aceptar disculpas no basta para evitar que se repita.
El color de piel es el motivo de los 9 casos de racismo denunciados en 2016. La denuncia contra la Red UNO se suma a las 1.076 que han sido recibidas entre 2009 y septiembre de 2016. Por cada 10 denuncias admitidas, una es resuelta por la vía administrativa o penal.
A Calisaya le preocupa la poca cobertura mediática que recibieron. Explica que la ley sirve de escudo y que la gente les alienta a denunciar. Cuando ella era niña, y no había ley, recuerda haber sido discriminada cuando su profesora le dijo que se peine de un modo distinto porque sus simbas distraían a sus compañeros. Los centros educativos son el sitio más frecuente de hechos de discriminación denunciados. Ahora que hay ley, sin embargo, cree que los cambios han sido “de dientes para afuera” porque falta cambiar el pensamiento racista de la gente. Explica que aún ahora, la gente se queda mirando a los afrobolivianos que están en grupo, no les dan la mano, no les atienden igual, les niegan oportunidades laborales, entre otros.
Denunciar no es fácil
Las indicaciones para denunciar no están accesibles en Internet. Hay una línea gratuita (800-102555) que aparece en la página del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación (CNRD). Ojalá la discriminación se dé en horarios de oficina y en días hábiles. Incluso entonces la persona podría no ser atendida a la primera llamada. Así le pasó al periodista ciego Richard Mateos, que camina con perro guía. Consiguió que le contesten la llamada después de cuatro intentos, en días y horarios distintos.
El operador dice que hay que tener pruebas e ir a la Gobernación o Alcaldía, pero desconoce la oficina específica, dirección, teléfono y horario de atención. Mateos se dirigió a la Alcaldía acompañado por el diario EL DEBER. Allí le explicaron que no existe una oficina que reciba denuncias. La historia se repitió en la Gobernación cruceña después de que cinco funcionarios desconcertados lo hicieran rebotar a la unidad de personas con discapacidad. “No ven la discriminación, solo ven la discapacidad”, dice Mateos.
Oficina de papel
En los papeles, el comité cruceño existe desde 2013 y depende del gobierno departamental. En lo concreto, no existe. Sus secretarios ya fueron elegidos pero no posesionados. No tienen ningún cronograma de trabajo. Uno de ellos, Alex Bernabé, director de la Fundación Igualdad, explica que el presupuesto es insuficiente para atender denuncias, según les explicó la Secretaría de Desarrollo Humano, Paola Parada.
Los secretarios no recibirán sueldo y los recursos se destinarán a campañas educativas. Será solo una instancia veedora. “Hay dificultades operativas. Hemos instado a los gobiernos a fortalecer sus comités”, admite Leoncio Gutiérrez, director de la Dirección General de Lucha contra el Racismo (Dglcr).
Al no existir instancias reguladoras, el trabajo recae en las organizaciones sociales, explica Bernabé. Sin embargo, incluir un mediador alimenta la burocracia y retarda la ejecución de las leyes, añade el estudioso del derecho Bismark Cuéllar.
“Llegan a conciliar pero no se procesa. Luego el discriminador lo vuelve a hacer”, sostiene la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb) en Santa Cruz, María Inés Galvis.
Mateos ha vuelto a ser discriminado en Hipermaxi y otras cadenas de supermercados, luego de que la Defensoría del Pueblo mediara en su caso en 2015. “La diferencia es que ahora la gente intercede y se ofrece subir videos a las redes sociales. Parece que eso es más efectivo a la hora de defender derechos”, comenta Mateos.
“La mediatización hizo que el Comité contra el Racismo me insista para hacer la denuncia con ellos cuando no me dejaron subir al Pumakatari en La Paz”, relata Mateos. El Pumakatari negó el hecho y el comité no puede obligarlo a reconocerlo, expresa la abogada de la Dglcr, Verónica Quisbert. Las falta de pruebas dificulta que los casos se resuelvan. Si la denuncia hubiera progresado, el comité habría recomendado al acusado que pida disculpas. A más de un año del hecho, Mateos no ha recibido ninguna comunicación de parte del comité pese a haber enviado las pruebas y hecho el seguimiento.
Cada organización pública y privada debería haber modificado su reglamento e implementado un protocolo para resolver denuncias internamente -o remitirlas al Ministerio Público- en caso de discriminación entre los trabajadores y/o el público. Según el responsable de la Dglcr, Leoncio Gutiérrez, 2011 y 2012 fueron los años de mayor demanda de aprobación de reglamentos internos de organizaciones privadas y públicas. Hasta 2016, 10 mil de 17 mil unidades educativas han modificado su reglamento, junto con los 21 ministerios.
El proceso no es tan barato
“La gente piensa que puede denunciar discriminación si le insultan en la calle. Pero la discriminación como delito ocurre cuando se niega un derecho. Luego de denunciar en la Policía, se empieza un proceso penal como cualquier otro. La Fiscalía tiene al menos seis meses para investigar y la víctima tiene que coadyuvar”, explica la responsable de la Unidad de Análisis Fiscal de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, Claudia Mérida.
En la Policía le dicen a la gente: “Su denuncia no llegará a ninguna parte porque usted no tiene plata”, dice Galvis. La Apdhb recibe mínimo 10 casos diarios de personas discriminadas por operadores de justicia. Luego de denunciar, el proceso dura en promedio dos años, que depende de los prejuicios de los operadores, sostiene el abogado Alejandro Colanzi. “Falta trabajar con los operadores de justicia”, admite la Dglcr. Solo los honorarios para un juicio cuestan al menos $us 700.
En los juzgados del departamento de Santa Cruz, hasta abril de 2016, habían 26 procesos en trámite por el delito de discriminación, de esa cantidad 21 fueron registrados en la ciudad y 6 en provincias, indicó Gustavo Braschi, comunicador del Palacio de Justicia.
Estos datos no coinciden con las estadísticas mensuales publicadas por el comité. Por eso, el CNRD en su última sesión resolvió crear una base de datos con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), la Defensoría de la Niñez, la Defensoría del Pueblo, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), el Ministerio Público y el Órgano judicial. El Ministerio de Comunicación, por su parte, lanzó la aplicación No Racismo. Estas y otras medidas son parte del Plan Multisectorial del CNRD. Está ajustado a la Agenda Patriótica 2025 que menciona combatir la discriminación y el racismo en su pilar 1.
Por otro lado, se está considerando la modificación de la ley 045 para que el CNRD pueda sancionar, a sugerencia del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. Esta autoridad se negó a hablar con EL DEBER sobre el tema.
Logros y pendientes de la ley
“Antes el racismo estaba invisibilizado y se veía como algo natural”, explica Leoncio Gutiérrez director de la Dglcr. Organizaciones civiles y académicos coinciden en que el valor de la ley ha sido en el discurso, pero notan fallas en las acciones de regulación.
De acuerdo a los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo, la discriminación persiste contra sectores tradicionalmente vulnerados como adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, mujeres, personas de la diversidad afectivo-sexual, migrantes y privados de libertad.
El presidente de la Asociación Departamental de Personas con Discapacidad Física, Jaime Estívariz, relata que las denuncias caen en saco roto cuando son contra el ejecutivo del actual gobierno, pues al tener ellos protección la gente no se atreve a denunciar. “No hemos sentido el cambio; no nos han convocado ni para socializar lay ley”, dice Estívariz.
Alex Bernabé dice que hay un logro simbólico pero no operativo. Cree que una barrera para denunciar es la falta de información y la inseguridad del denunciante. La otra barrera es el machismo, homofobia, torpeza y burla de la Policía. Indica que aproximadamente 20 personas consultan por discriminación al año en la fundación que preside.
Por otro lado, Bernabé explica que señalizaciones como “Todos somos iguales ante la ley” han sido pegadas en distintas instancias públicas por la Fundación Igualdad, en compañía de la Defensoría del Pueblo, cuando estos mensajes deberían existir en todos los locales públicos según la ordenanza municipal 121/2011.
“Las madres de los llanos no son muy querendonas de sus hijos, se preocupan más por su belleza”, decían las láminas de Basilio Roque. Autoridades cruceñas condenaron la publicación.
Algunos casos resueltos por la vía administrativa fueron los de Fernández, Roque y Arauz. La conductora del programa de turismo, Milena Fernández, fue denunciada por calificar de fétida a la ciudad de Oruro. Basilio Roque, el autor de las láminas que menospreciaban a las madres del oriente boliviano, pidió disculpas luego de que el caso se viralizara en redes sociales y fuera repudiado por la entonces Gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada.
Claudia Arauz y su pareja fueron expulsadas del local Maratulde. No presentaron su denuncia por discriminación, sino por mala atención al consumidor. La dueña del local nunca pidió disculpas ni puso el letrero que diga “No a la discriminación”, como habían acordado.
“Revelaron mi enfermedad y luego vi que estaba muerto”, dijo el exmagistrado Gualberto Cusi.
“La vía judicial es inútil. Si eres del gobierno las leyes te sirven. Pero si eres crítico, las leyes no sirven para nada”, dice Gualberto Cusi luego de denunciar tres delitos de difamación contra quienes revelaron su identidad como persona VIH-positiva. Sus denuncias no progresaron. El entonces viceministro de Salud, Carlos Calvimontes, pidió disculpas pero no hubo sanción.
Hay otros casos considerados como actos de discriminación por distintos organismos nacionales e internacionales pero que no han sido denunciados como tal. Tal es el caso de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad que se movilizaron desde enero a julio de este año y cuyas demandas no fueron atendidas. Igualmente, califican como discriminación las represiones a indígenas de tierras bajas en Takovo Mora (2015) y Chaparina (2011). También son discriminatorios algunos enunciados de Evo Morales en contra de personas homosexuales, mujeres, periodistas y autoridades de partidos de la oposición. El pueblo afroboliviano, por su parte, ha recibido menos apoyo del Estado en comparación a otros pueblos, indica el representante de la Confederación de Pueblos Afrobolivianos (Conafro) en Santa Cruz, Oscar Pinedo.
Indígenas guaraníes de Takovo Mora fueron reprimidos en 2015.
Pinedo indica que la causa del pueblo afroboliviano contra la Red UNO ha sido remitida a la fiscalía. Hasta septiembre de 2016, hay dos medios sancionados y cinco procesos instalados.
La ley se utiliza para coartar la libertad de expresión, dice la investigadora del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos (OBDH), Mariel Rodríguez.
“La libertad de expresión peligra por dos artículos de la 045 “
El investigador en Comunicación, docente y presidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística, Erik Torrico, analiza la relación entre la libertad de expresión y la Ley contra la discriminación.
¿Era necesaria la Ley 045?
Sí, era pertinente y necesaria la puesta en vigencia de una ley que limitara ese tipo de conductas, ya que Bolivia ha sido tradicionalmente un país con prácticas discriminatorias.
¿Por qué esta Ley puso en riesgo la libertad de expresión?
Por la ambigüedad con que está redactado su artículo 16, que advierte a los medios con la posibilidad de suspensión de sus licencias de funcionamiento. Podría ser aplicado de forma discrecional. El artículo 23 anuncia penas de cárcel, en particular para los periodistas.
“La ley dejó intactos los mecanismos potencialmente utilizables para afectar a los medios”
¿Cuáles fueron las propuestas desde los medios?
Se planteó que el artículo 23 fuera preciso, distinguiera entre información, opinión y propaganda a la vez que diferenciara entre la responsabilidad de la fuente y la del periodista.
¿Cuánto cambiaron las líneas editoriales después de la 045?
Habría que evaluar concretamente para evidenciar las probables variaciones. Sin embargo, pareciera que disminuyó el tono de virulencia que caracterizó a ciertas posiciones editoriales durante la primera etapa del actual Gobierno.
¿Fue una medida gubernamental encubierta para controlar a los medios?
La ley dejó intactos los mecanismos potencialmente utilizables para afectar a los medios y al periodismo dentro de ellos. Son ya una rutina las referencias de advertencia y las acciones desacreditadoras de toda visión que disienta de la oficial gubernamental
*Contenido publicado en el suplemento Séptimo Día de El Deber el 30/10/16. Javier Méndez y Nelfi Fernández fueron los editores. Se trabajó en el marco del Módulo de Producción de Diarios y Revistas a cargo de Tuffí Aré como parte de la Maestría en Comunicación periodística de la UNESCO y la Universidad Evangélica Boliviana.