A lo largo de este año hemos visto numerosos ejemplos de cómo el gobierno del MAS viene imponiendo medidas cada vez más reaccionarias que violan sistemáticamente los derechos humanos de distintos sectores de la población: indígenas, trabajadores, diversidades sexuales. Esto sin embargo, no es patrimonio exclusivo del MAS, lo es también de los partidos opositores tradicionales de la vieja derecha como UN, PDC, PODEMOS; de los que hoy se muestran como “alternativa” de la mano de Revilla en SOL.BO y de otros ejemplares que buscan capitalizar la denominada Agenda 21F.
Un TCP al servicio de los ajustadores
La reciente sentencia constitucional 0076/2017 que declara la inconstitucionalidad del parágrafo II del artículo 11 de la Ley 807 de Identidad de Género es prácticamente una declaratoria de muerte civil para la comunidad LGBTI y todas las personas de la diversidad sexual. En los hechos esta medida desconoce que puedan ejercer sus derechos fundamentales políticos, laborales, civiles, económicos y sociales. Nada más reaccionario que esto.
Lo que es aún más inaudito es que esta sentencia constitucional desconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Maldonado vs Colombia) -que es parte de nuestra constitución en virtud del artículo 410, II)- violando así nuestra propia constitución.
Quienes de manera nada sorprendente salieron a festejar este fallo son los representantes de las iglesias católicas, cristianas y algunos diputados de la oposición entre otras organizaciones de derecha.
Ahora bien, llama la atención como algunos representantes y diputados del MAS salieron a expresar su desconcierto alegando que pedirían explicaciones al TCP ante semejante fallo. Nos olvidamos que justamente este tribunal está hecho a medida y semejanza de los administradores del Estado quiénes además no dudan ni un segundo en otorgar también fallos favorables a partidos de la oposición patronal cuando se trata de vulnerar los derechos del pueblo trabajador. Un ejemplo de ello lo tenemos con la sentencia 1105 del mes de octubre, que revoca el amparo constitucional otorgado a 69 trabajadores y trabajadoras de La Paz Limpia (LPL) quiénes durante varios meses de este año se movilizaron y lucharon por la restitución de sus fuentes de trabajo y por sus derechos laborales. Este fallo tiró a la basura la lucha de los trabajadores de aseo urbano favoreciendo abiertamente a los patrones de La Paz Limpia cobijados bajo el ala del alcalde Revilla. Además tiró a la basura los mismos presupuestos constitucionales que habrían convertido al trabajo como un derecho fundamental.
Hay dos mensajes que quedan claros. El primero deja entrever un intento de baño de “independencia” por parte del TCP para que nos sorprenda un probable fallo que habilite la postulación de Don Evo Morales hacia su cuarta re-elección para las próximas elecciones presidenciales del 2019. Y, la segunda, es que vemos una abierta complicidad entre gobierno y demás partidos de la oposición tradicional a la hora de preservar los intereses de las clases dominantes a costa de continuar vulnerando los derechos de los trabajadores y el pueblo.
Y un proyecto del Código del Sistema Penal cada vez más reaccionario y punitivista
A este escenario, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) viene trabajando en el proyecto del nuevo Código de Sistema Penal estableciendo medidas que preservan y en algunos casos refuerzan el carácter punitivista de esta norma. El artículo 294 que sanciona a quien pretenda “atribuirse los derechos del pueblo” criminaliza el derecho a la protesta y es una manera de atemorizar a quiénes osen organizarse y movilizarse por sus derechos.
Desde LID hemos denunciado que el todavía actual código penal, aprobado durante la dictadura militar banzerista en 1973, establece penas de 5 años para los delitos de “sedición” a lo que el proyecto del MAS opone elevar esta pena a 10 años de cárcel. Vaya “revolución democrática”. Trataron de distraer la atención sobre este tema con la propuesta del artículo 157 que refiere a la ampliación de causales para que el aborto no sea penalizado. Sin embargo, con ello no sólo evidencian el desconocimiento de la jurisdicción internacional que a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fallo emitido el año 2012 por un caso de “fecundación invitro”, establece que “no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza derechos consagrados” reafirmando con ello que el aborto no debería ser penalizado. Si los legisladores, el TCP, Evo Morales, etc., respetaran la constitución que ellos mismos han escrito la discusión sobre el aborto ni debería figurar en el nuevo código del sistema penal.
Hemos visto también como el MAS ha eliminado la Ley que reconocía la intangibilidad del TIPNIS vulnerando el derecho a la libre terminación de los pueblos indígenas. También hemos visto cómo hace apenas unos meses, ante la movilización de hombres y mujeres de Achacachi que exigían la destitución de su alcalde corrupto, el gobierno ha reprimido deteniendo y encarcelando a quiénes se movilizaban pero también a quiénes osaron solidarizarse con las mujeres achacacheñas que fueron golpeadas por la policías.
Es decir, paulatinamente se preparan medidas cada vez más reaccionarias y que buscan acallar y penalizar a quiénes luchen y no se callen.
Sin embargo, es justo este escenario, de mayor y creciente represión y vulneración de derechos, el que abre el espacio para organizarnos. Hoy jóvenes universitarios llamaron a la #17N para manifestarse en contra de la criminalización de la protesta social. Hoy la comunidad LGBTI y las diversidades sexuales llaman a solidarizarse con su lucha por la restitución de sus derechos básicos fundamentales. El #25N organizaciones, colectivos y agrupaciones de mujeres se organizan de manera independiente frente al Estado y los partidos de la oposición patronal para salir a las calles por #NiUnaMenos.
Es momento de que las organizaciones estudiantiles, sindicatos, agrupaciones, colectivos, activistas por los derechos humanos y feministas empiecen a indignarse y organizarnos frente a este contexto represivo. La única manera sin embargo, es hacerlo de manera absolutamente independiente del Estado, hoy administrado por el MAS, pero también de todos los partidos como UN, UDC, SOL.BO, PODEMOS y otros que a su turno no dudan ni un segundo en vulnerar los derechos de los trabajadores y el pueblo; sólo así podemos pelear por nuestros derechos con las manos libres.