Aquí, ser transexual (persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico) o transgénero (término general para aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado que al nacer) frecuentemente implica el rechazo explícito. Peor aún, de pronto, corren tiempos en que se han renovado y refortalecido quienes luchan por negarles sus derechos. Por esa razón, todavía les sabe a poco que hace alrededor de dos años y 10 meses se hubiera promulgado la Ley 807 de Identidad de Género.
Aquella victoria jurídica fue respondida 18 meses más tarde con un golpe que le quitó fuerza: una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tácitamente prohibió, entre otras aspiraciones, el matrimonio, las adopciones a las parejas trans, la paridad política y la confidencialidad de estado anterior. “Quedamos ante una normativa que creó ilusiones en una población que históricamente vio vulnerados sus derechos —dice Alex Bernabé Colque, director de la organización igualdad LGBT—. Hay muy poco avance”. Ni el papel pudo aguantar todo. Fue una advertencia de que a la lucha por su reafirmación le quedan largas y complejas batallas.
Ya desde el mero reconocimiento de su identidad en básicos certificados legales les implica un desafío incluso a las más pudientes. “No cambié ni mi nombre en los documentos —explica Suanny Alexia, quien tiene 39 años, es transexual y médico, titulada en Brasil—. Supuestamente con esta ley el Gobierno nos garantizaba que podíamos hacer el cambio en toda la documentación. Nos anunciaron que podríamos renovar desde el certificado de nacimiento hasta el título de bachiller y las cuentas bancarias. Pero cuando lo intenté, los abogados me dijeron que sólo iba a recibir unos papeles de respaldo, no los títulos”.
Según datos del Tribunal Electoral Plurinacional, hasta fines de 2018, sólo 222 personas completaron sus trámites de cambio de identidad por género. De ese total, 78 corresponden a La Paz y 68, a Santa Cruz. Hasta ahí parece resumirse el avance que forjó la Ley 807.
PROBLEMAS ACADÉMICOS
Alexia vive en Santa Cruz y ahora prevé viajar a La Paz, donde pedirá audiencias ante las autoridades nacionales para resolver su situación. Pero es prácticamente un caso excepcional. Debido a la discriminación y marginamiento, la mayoría de las mujeres trans en Bolivia no ha logrado ni siquiera el bachillerato. De acuerdo a los registros de MTN (Mesa de Trabajo Nacional para poblaciones vulnerables), sólo un 40 por ciento finalizó su preparación escolar.
“Muchas desertan de los colegios o de las universidades por el ‘’ o acoso escolar —explica Luna Sharlote Humerez Aquino, la primera mujer trans en casarse en Bolivia (poco antes de que saliera la enmienda)—. Dejan el colegio generalmente a los 12 o 14 años, cuando ya es más evidente su identidad de género. Fue un gran avance la Ley 807. Yo misma y algunas compañeras entramos a la universidad o a los colegios con nuestra nueva identidad, pero muchas aún no lo pueden hacer”.
Consecuentemente, ante la falta de formación académica, los problemas se agravan en el ámbito laboral. Aún las contadas profesionales trans se sienten afectadas. “Es muy difícil conseguir trabajo —dice Suanny, quien no ha hecho su cambio de identidad—. Como médico titulado en Brasil, he postulado a varios programas; no me han llamado, no tuve ninguna respuesta. Considero que puede ser porque soy transgénero. Opté por ir algunas temporadas a trabajar a Brasil, donde hay mucha aceptación, y venir otras a pasar un tiempo acá (Cochabamba). No me quedó otra opción”.
CRISIS LABORAL
“La mayoría de las mujeres trans no cuenta con empleo debido a su condición de ser mujeres trans, no las reciben en los trabajos”, afirma Luna. Según ha registrado la Organización de Travestis, Transexuales y Transgéneros (Otraf), sólo el 1 por ciento de las mujeres trans tiene trabajo digno en Bolivia. Y de acuerdo a investigaciones de la MTN, el 70 por ciento no cuenta con una fuente laboral, como cualquier ciudadano. “La mayoría trabaja de noche y duerme de día”, dice Rayza Torriani quien es directora ejecutiva de MTN. En esa condición las mujeres trans bolivianas son víctimas de los mayores maltratos y agresiones.
“La transfobia se halla muy relacionada al machismo, a la misoginia, por eso afecta sobre todo a las mujeres trans —explica Alex Bernabé Colque—. Ya empieza en el hogar y las tendencias se mantienen en las instituciones educativas en cuanto a expulsiones y presiones contra ellas. Incluso se han acentuado en los últimos años debido a una oleada de manifestaciones de grupos fundamentalistas contra lo que ellos denominan como la ideología de género. Luego llegan las agresiones de todo tipo”.
El activista explica además que en no pocos casos las mujeres trans huyen de su región. Señala que emigran a otros distritos escapando de las presiones familiares y sociales que sufren. Por esa razón se observa que en varios de los casos graves las víctimas eran oriundas de otras regiones.
A dos años de la Ley 807 Ni el lanzamiento de la Ley de Identidad de Género logró grandes cambios para la vida de las y los transexuales en Bolivia. Enfrentan aún críticos problemas
TRANSFOBIA CRIMINAL
Y la violencia de la transfobia no deja de sumar casos a un ya frondoso registro. Según una investigación de la Defensoría del Pueblo, entre 2001 y 2017, en Bolivia se produjeron 55 crímenes de odio contra personas trans. La mayoría, 37, eran mujeres trans. Otraf ha registrado en los últimos 10 años 80 agresiones transfóbicas.
“Ahí suman casos como asesinatos, desapariciones, apuñalamientos y golpizas —explica Humerez—. No matan a una persona por ser gay o por ser lesbiana, ni siquiera por ser hombre trans, pero sí la matan por ser mujer trans. La transfobia aumenta con esas marchas que realizan las plataformas e iglesias que abogan por la familia. Ellos llaman al odio a que las personas tengan homofobia y transfobia y que vengan a asesinarnos. Les pido que no lo hagan porque nosotros, como personas trans, no organizamos marchas contras sus iglesias ni agrupaciones, pero tenemos derechos reconocidos internacionalmente”.
Según los consultados, los problemas se agravan apenas se producen las agresiones porque todos los operadores de justicia actúan con lenidad en estos procesos. Hasta el presente, sólo un caso con características transfóbicas finalizó con sentencia ejecutoriada por 30 años de reclusión. Se trata de la muerte de Dayana Kenia Zárate. Ella fue asesinada, maniatada y a golpes, el 1 de abril en 2016 por Alex Villca. Pero están aún inconclusos procesos como el de Luisa Durán, quien en 2011 murió víctima de 51 puñaladas en Santa Cruz, según el informe forense.
Tampoco hallan respuesta para sus demandas en salud. Recuerdan que en la mayoría de los países del entorno existen políticas que asignan un presupuesto y especialistas para el sector. Estas políticas obedecen a los procesos de cambio de sexo y transición que requieren médicos entendidos en la materia. “No cuentan con especialistas que puedan ayudarles a hacer su transición, especialistas en hormonas y tratamientos como pasa en otros países vecinos —explica Humerez—. En Chile y en Argentina, por ejemplo, los Gobiernos se hacen cargo de la transición y en algunos casos hasta de la reasignación sexual. Se trata de una cirugía muy costosa que no todas pueden cubrir, vale entre 20 mil y 30 mil dólares”.
A dos años de la Ley 807 Ni el lanzamiento de la Ley de Identidad de Género logró grandes cambios para la vida de las y los transexuales en Bolivia. Enfrentan aún críticos problemas.
Y la esperanza de la comunidad trans en los gobiernos se halla también conflictuada en tiempos preelectorales. Los activistas hallan sólo dos opciones parcialmente comprometidas con su causa frente a varias otras que apuntalan todo lo contrario.
Ninguna organización política hasta ahora ha expresado abiertamente su apoyo a las poblaciones LGTBI, sino incluso lo contrario. De hecho, en el frente de Unión Cívica Solidaridad (UCS), encabezado por Víctor Hugo Cárdenas y el pastor Humberto Peinado, alientan posturas opuestas a este sector. Lo propio se puede advertir con la candidatura del senador Oscar Ortiz, del frente Bolivia Dice No. Vale recordar que Ortiz se opuso a la Ley de Identidad de Género cuando se la debatió en la Asamblea Plurinacional.
“El Movimiento Al Socialismo (MAS), probablemente por una estrategia electoral, no ha tenido acercamientos hacia la población LGTB —dice Luna Humerez—. Sin embargo, sabemos que en el MAS está el ministro de Comunicación, José Manuel Canelas, quien es abiertamente gay. Pero él no representa a ninguna organización. Es más, cuando se le preguntó si iba a trabajar por las poblaciones LGTBI, respondió que no estaba en ese puesto por ellos y que trabajará por todas las poblaciones. No sentimos su apoyo, es un ministro gay que no apoya a su población”.
Sin embargo, la activista señala que confía en que otras personas que pertenecen al MAS les apoyen. Destaca también la labor de Sol.bo en el municipio de La Paz que ha lanzado normas e iniciativas a favor del sector LGTBI. Y recuerda que Sol.bo es parte del frente Comunidad Ciudadana, liderado por Carlos Mesa. “Creo que habrá más cercanía por estos lados, sea el MAS o Comunidad Ciudadana, debido a las varias personas LGTBI que pertenecen a esos frentes”.
“La población trans se halla en indefensión en el país y a ello se suma la ola de grupos anti derechos —concluye Carol Gainsborg, activista y filósofa—. Es una fuerza que tiene mucho respaldo y hay mucho dinero por detrás. No es un movimiento sólo local, sino global, se vienen cuatro o cinco años oscuros, un terreno adverso a futuro. Pero hay que seguir en la lucha, debemos reclamar lo justo que son derechos humanos y nada más. El activismo en ningún momento ha parado”.
Matrimonio igualitario
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó que los matrimonios entre parejas del mismo sexo deben ser reconocidos.
AFP