Las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans privadas de libertad en Bolivia viven en una realidad marcada por la invisibilización, la violencia estructural y la discriminación sistemática. Rodolfo Vargas, presidente del colectivo LGBT Bolivia, alerta que esta población enfrenta abandono institucional y una ausencia total de políticas públicas diferenciadas para garantizar sus derechos humanos.
“La situación de las personas LGBT en las cárceles es una problemática que está invisibilizada”, afirma en declaraciones a ANF.
El sistema penitenciario boliviano no cuenta con datos oficiales desagregados por orientación sexual o identidad de género. “No tenemos reportes del INE ni del Régimen Penitenciario que incluyan estas variables”, explica Vargas, destacando que los únicos datos disponibles provienen de organizaciones de la sociedad civil.
Según Régimen Penitenciario, a los que tuvo acceso ANF, para 2024 se registraron 178 personas LGBT privadas de libertad, sin mayor desglose.
Esta omisión de datos impide la creación de políticas públicas efectivas y con enfoque de género y diversidad. Vargas advierte que, sin información precisa, no es posible diseñar protocolos adecuados ni garantizar condiciones mínimas de dignidad para estas personas. El informe defensorial de 2023 también lo confirma: el sistema penitenciario no cuenta con protocolos diferenciados para poblaciones vulnerables, entre ellas, la LGBT.
La vulneración de derechos se profundiza entre personas trans, quienes enfrentan mayor violencia institucional. “Hay 47 mujeres trans en prisión que reportan discriminación sistemática. Muchas veces no se las acepta en cárceles de mujeres y son enviadas a recintos masculinos, donde sufren agresiones y violaciones”, denuncia Vargas. A esto se suma la imposibilidad de acceder a educación o trabajo dentro de las cárceles.
El estudio “Miradas Libres”, realizado por Asuncami en 2017, identificó múltiples formas de violencia y discriminación contra personas LGBTI y personas viviendo con VIH/Sida en cárceles de Potosí, Oruro y La Paz. La ampliación del estudio al eje troncal corroboró que estas violaciones son sistemáticas y no se documentan. Las agresiones, extorsiones, maltratos y actos discriminatorios quedan fuera de expedientes judiciales y administrativos.
Asuncami advirtió que estas acciones discriminatorias ocurren desde la investigación policial hasta la ejecución de sentencias. La homofobia, la sidofobia y el estigma se manifiestan de forma abierta o solapada, afectando la integridad física y emocional de las personas afectadas. El temor a represalias ha impedido documentar muchos testimonios, señala el estudio, lo que agrava aún más el silenciamiento institucional.
Desde el colectivo TLGB Bolivia, se alerta que muchas personas en prisión ocultan su orientación sexual o identidad de género por miedo a sufrir violencia. “Un estudio de Fundación Construir determinó que el 60% de las personas LGBT en prisión esconden su identidad por miedo al estigma y a la extorsión. Esto los vuelve más vulnerables”, afirma Vargas. Relata que en muchos casos deben pagar para poder comer o recibir protección.
Este silencio forzado se traduce en una ausencia de denuncias y mecanismos de defensa. Aunque la legislación penal sanciona la discriminación y reconoce agravantes por delitos motivados por orientación o identidad, no existen mecanismos de supervisión efectivos dentro de los recintos penitenciarios. Vargas denuncia que incluso funcionarios públicos y policías ejercen violencia contra personas LGBT detenidas.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el Estado boliviano tiene la obligación de desarrollar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra naturaleza para prevenir actos discriminatorios y garantizar la protección de personas LGBTI frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La invisibilidad institucional niega a esta población el derecho a vivir sin miedo, a estudiar, trabajar o simplemente a ser respetadas.
El protocolo desarrollado por la ONG Igual sobre derechos de personas LGBT en cárceles es un avance, pero aún no ha sido implementado de forma efectiva. “Es un documento que queda en papel, sin aplicación práctica”, lamenta Vargas. En la realidad, no existen mecanismos seguros para denunciar agresiones, y la impunidad es la norma.
El informe Desiguales ante la Ley, elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2023, remarca que la población LGBTI en detención se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. Exige al Estado tomar medidas urgentes para garantizar su protección y prevenir torturas y malos tratos motivados por prejuicios. Insiste también en que la visibilidad es el primer paso para hacer efectivos sus derechos.
En este contexto, las mujeres trans son quienes enfrentan los mayores niveles de violencia y exclusión. Se les niega el reconocimiento de su identidad, son alojadas en cárceles que no corresponden a su género, y no acceden a tratamientos hormonales ni atención médica diferenciada. En muchos casos, son víctimas de abusos sexuales y castigos colectivos, sin posibilidad de presentar quejas formales.
“Es urgente crear protocolos específicos que contemplen la identidad de género en el régimen carcelario”, señala Vargas. Añade que la falta de voluntad política y la ignorancia institucional perpetúan las violaciones. La discriminación se convierte en norma, y no hay sanción para quienes vulneran los derechos de esta población.
Miradas Libres también revela cómo el estigma por vivir con VIH se traduce en exclusión de servicios básicos y atención médica. La combinación de homofobia y sidofobia genera tratos inhumanos que atentan contra la dignidad de las personas. La investigación concluye que la privación de libertad en Bolivia para estas poblaciones es una sentencia de sufrimiento agravado.
El estudio de Asuncami no solo denuncia estas violaciones, sino que interpela a todo el sistema de justicia. Señala que jueces, fiscales, defensores, policías y hasta familiares forman parte del circuito de omisiones, complicidades y maltratos que silencian las violaciones. Llama a reflexionar sobre el rol institucional en la reproducción de estas violencias.
Rodolfo Vargas sostiene que el miedo paraliza cualquier intento de denuncia: “Las personas trans que viven violencia no tienen cómo protegerse. Muchas veces, si denuncian, sufren represalias peores. El silencio es su única opción para sobrevivir en un sistema que no las reconoce”. Esta falta de protección institucional refuerza la exclusión y el aislamiento.
El panorama en las cárceles bolivianas revela la existencia de una población doblemente condenada: por la justicia y por su identidad. Mientras el Estado no desarrolle políticas con enfoque de diversidad sexual y de género, las personas LGBT seguirán siendo invisibles, excluidas y violentadas dentro del sistema penitenciario.
Las cifras actuales apenas arañan la superficie de un problema mucho más profundo. La ausencia de datos y protocolos específicos refleja una estructura que niega la humanidad de estas personas.