La declaración presidencial de “conflicto armado interno” mediante el Decreto Ejecutivo No. 111 en Ecuador y el consecuente despliegue militar para combatir a bandas calificadas como “organizaciones terroristas” y “actores beligerantes no estatales”, ha sumido al país en una crisis de derechos humanos. Expertos jurídicos advierten que el decreto, aunque responde a una “necesidad legítima de control del orden público”, incurre en “excesos que pueden comprometer la vigencia del Estado constitucional de derechos”.
Para entender lo que pasa en Ecuador y los riesgos para las poblaciones diversas Presentes entrevistó a Lía Burbano, activista lésbica y directora de la Fundación Mujer & Mujer, y Víctor Hugo Carreño, periodista y director editorial de Edición 111, medio independiente LGBT+.
Indígenas, afrodescendientes y campesinos en riesgo
La crisis actual se remonta a años de abandono. Lía Burbano explica que el contexto violento surge de la “desatención a lo público y el abandono de las instituciones”. El gobierno de Daniel Noboa aborda lo social mediante el asistencialismo, recurriendo a bonos y medidas paliativas en lugar de generar subsidios o políticas públicas sostenibles.
“La falta de Estado en los sectores vulnerables ha permitido la penetración de bandas narcodelictivas donde quienes están en mayor riesgo son personas indígenas, afrodescendientes y campesinas”, explica Lía Burbano.
Ella y Victor Carreño coinciden: la eliminación del subsidio al diésel es solo “la gota que derramó el vaso” de una crisis más profunda, con raíz en problemas estructurales. En este contexto, las disidencias son especialmente vulnerables, sobre todo las mujeres trans trabajadoras sexuales que viven o laboran en las periferias, “allí donde el Estado no llega”, comenta Burbano.
“Hay vidas que no importan”
“Las mujeres trans trabajadoras sexuales son víctimas de ‘vacunas’ (extorsiones que cobran grupos del narcotráfico para ocupar una plaza en la vía pública)”. O se las obliga a vender drogas. El problema no es solo eso, es que las personas que se han negado a estas extorsiones han sido asesinadas y sus cuerpos están siendo dejados en la vía pública”, explica Carreño.
Una de ellas fue Becky G. Tenía 25 años, ejercía el trabajo sexual en el sector de la 1° de Mayo, en Guayaquil y fue asesinada con arma de fuego. El 10 de octubre de 2025 el cuerpo de Becky fue abandonado en la vía pública. De acuerdo a información de la organización Federación LGBT, “fue abordada por varios sujetos presuntamente vinculados a redes de extorsión que operan en la zona. Según testimonios preliminares de otras mujeres trans, el asesinato se desencadenó cuando Becky se negó a pagar una vacuna exigida por estos individuos”.
Carreño lamenta la indiferencia del gobierno. “No ha habido ni un gesto por siquiera pronunciarse y mucho menos investigar lo que ocurre con las diversidades y la violencia desatada. Esto refleja la narrativa antiderechos y la visión de este gobierno en donde hay vidas que no importan”, agrega.
Los sospechosos de siempre: ni blancos ni hetero
A esta violencia criminal, se suma la violencia institucional exacerbada por la militarización cotidiana, donde la violencia se ha volcado sobre todo hacia los comuneros, campesinos e indígenas que protestan.
Amnistía Internacional ha documentado graves violacione a derechos humanos, confirmando que la Fiscalía tiene abiertas “43 causas por desaparición forzada desde 2023”. Amnistía sugiere que existe un “patrón sistemático a habitantes de sectores históricamente marginalizados y racializados”. Los operativos han incluido allanamientos masivos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y presencia militar en espacios públicos que recaen, sobre todo, en comunidades afrodescendientes e indígenas.
Lía Burbano sostiene que los estados de excepción recurrentes en Ecuador han convertido la presencia militar como algo “muy cotidiano y muy común”, lo que da pie a “perfilar a las personas como sospechosas”. Advierte que esto intensifica la vulnerabilidad ante la violencia institucional: tortura, tratos degradantes y discriminación contra las disidencias.
El perfilamiento que hacen las fuerzas de seguridad del Estado puede tener base en: “el color de piel, tatuajes, piercings, amaneramientos, expresión de género, forma de vestir (…) Todas las personas no blancas y no heterosexuales podemos caer en la categoría de ‘bajo sospecha’”, explica Lía.
La activista, además, teme por sus compañeras: “En la calle, frente a un militar y policía seremos automáticamente consideradas sospechosas. Especialmente las lesbianas que por su expresión de género son más fáciles de percibir como tales”. Esto mismo lo venía comentando desde el año pasado en una nota publicada en Presentes.
Un ejemplo de abuso de poder fue reportado por Washington Blade el año pasado. La noticia informó sobre una pareja gay que fue desnudada y enviada a casa sin ropa por la policía, tras un toque de queda.
Por qué una nueva Constitución pone en riesgo a la diversidad
En este contexto se encienden otras alarmas. Una de las mayores preocupaciones sobre el futuro es el anuncio de una posible nueva Constitución en Ecuador que está siendo instrumentalizada por grupos antiderechos para revertir los avances en derechos humanos, afectando directamente los derechos de las poblaciones LGBT+ y de las mujeres.
“Grupos conservadores y grupos de poder ya están preparando a sus candidatos para poder eliminar todo lo que tenga que ver con la ‘ideología de género’. Esto es crucial. La Constitución actual de Ecuador es el único logro en este país para que las burlas contra las personas LGBT cesaran. Si esta Constitución cambia, van a cambiar muchas cosas”, explica Lia.
Otros riesgos de eliminar la actual Constitución es que también podría eliminar protecciones como el derecho a la naturaleza o la consulta previa a los pueblos indígenas en territorios de la Amazonía para avanzar en la agenda extractivista.
Víctor Carreño coincide en lo alarmante que puede ser este cambio: “el simple anuncio de una posible nueva Constitución ha llevado a que sectores antiderechos hayan salido y sin reparo lo hagan por medio de discursos de odio. Definitivamente, una nueva Constitución puede generar un retroceso en derechos (…) Acepto que soy pesimista, pero es que la situación es preocupante. Estoy seguro que este año va a ser el más violento y por efecto también para las diversidades”, señala.
Estrategias de cuidado y resistencia
Ante el panorama de violencia y persecución, las organizaciones han activado estrategias de resistencia y “apapacho”.
Lía Burbano cuenta que en Guayaquil, para minimizar el impacto de que haya persecución o algún tipo de violencia específica, están adoptando un “bajo perfil”, sin usar banderas ni expresiones de género demasiado visibles.
Las estrategias incluyen fortalecer las redes seguras, crear canales comunitarios de comunicación, tener protocolos de seguridad y generar espacios de autocuidado y sanación para contrarrestar el estrés.
“A pesar de la polarización, hay un movimiento solidario en las calles de Guayaquil, con bastante diversidad, donde disidencias, jóvenes, feministas y organizaciones sociales se unen a los pueblos y naciones indígenas”, comenta Lía.
Al mismo tiempo recalca: “El futuro es incierto, pero como feminista apuesto a la vida”. Lía dice que le resulta imposible decir que otros mundos no son posibles. “Para sostener la lucha contra la derecha global es vital fortalecer las redes regionales. La lucha, aunque cueste y parezca inerte, debe darse en la calle, pero también es en las asambleas, en los congresos, en las escuelas, en los campos”.