A pesar de los avances normativos y jurisprudenciales en materia de igualdad y no discriminación, el sistema penitenciario sigue reproduciendo prácticas y prejuicios que profundizan la vulnerabilidad de esta población. Así lo ha documentado la Defensoría del Pueblo en informes como “Diversidades en prisión” y “Resistir tras las rejas”, elaborados a partir de visitas defensoriales y del acompañamiento a personas privadas de la libertad en distintos establecimientos penitenciarios del país. Estos informes evidencian barreras persistentes para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, así como prácticas discriminatorias basadas en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.
De acuerdo con las caracterizaciones del enfoque diferencial del Ministerio de Justicia y del Derecho y según las cifras reportadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con corte a marzo del 2026, en el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario hay 1.566 personas autorreconocidas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD/OSIGNH) bajo la custodia del mismo Inpec.
De ese total, más del 80 % está bajo la modalidad de reclusión intramural, distribuido en los 124 establecimientos del país sin que existan criterios unificados de asignación que mitiguen los riesgos asociados al prejuicio social.
De las 1.566, 561 se identifican como bisexuales, 375 como lesbianas, 373 como gais, 201 como personas trans, 50 corresponden a otras OSIGNH y 6 como personas intersexuales. Las personas OSIGNH representan aproximadamente el 1,6 % de la población privada de la libertad en Colombia. En otras palabras, cerca de 1 de cada 64 personas privadas de la libertad se autorreconoce como parte de la población OSIGNH.
Estas personas enfrentan necesidades y desafíos específicos que requieren respuestas institucionales con enfoque diferencial, de género y de derechos humanos.
Panorama crítico
Los hallazgos documentados por la Defensoría del Pueblo en el informe Resistir tras las rejas, así como los informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil (Caribe Afirmativo y Colombia Diversa) y el Ministerio de Justicia y del Derecho, reflejan dinámicas alarmantes en tres componentes críticos:
- Violencia y seguridad. Las personas trans y de género no hegemónico son las principales víctimas de agresiones físicas y psicológicas. La falta de protocolos específicos de habitabilidad provoca que, de forma sistemática, se recurra al aislamiento prolongado en celdas de castigo o de “seguridad” como única medida de protección ante amenazas de otros internos, lo que profundiza el daño a la salud mental.
- Acceso a la salud. El derecho a la salud tiene deficiencias estructurales generalizadas que se agudizan con el prejuicio. En mediciones institucionales sobre centros penitenciarios, más del 60 % de las personas encuestadas califica como deficiente o nula la oportunidad en remisiones especializadas. Para las personas OSIGNH, esto se traduce en la interrupción arbitraria de tratamientos de afirmación de género (terapias de remplazo hormonal) y en negligencia ante la prevención y atención del VIH u otras condiciones de salud crónicas.
- Identidad y libre desarrollo. Persisten las restricciones y castigos informales sobre el uso de prendas, cortes de cabello y maquillaje acordes con la identidad sentida de las personas privadas de la libertad, lo cual contraviene la jurisprudencia de la Corte Constitucional (como las sentencias T-301/22 y T-062/21). Asimismo, las parejas del mismo sexo e identidades diversas enfrentan trabas burocráticas y estigmatización al momento de solicitar y ejercer su derecho a la visita íntima. En particular, las personas trans suelen enfrentar desafíos relacionados con el reconocimiento de su identidad y expresión de género, el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial y la protección frente a diferentes formas de violencia y discriminación durante la reclusión.
“Estas situaciones, no afectan a todas las personas de la misma manera. Las personas LGBTIQ+ recluidas en establecimientos carcelarios, enfrentan formas particulares de discriminación y violencias basadas en género, que se suman a las dificultades propias de la privación de la libertad. Por ello, resulta fundamental avanzar en respuestas institucionales, que reconozcan estas realidades y garanticen condiciones efectivas de igualdad, dignidad y respeto, en los establecimientos carcelarios”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Avances y desafíos en la garantía de derechos
En Colombia ha habido avances en materia de reconocimiento de derechos para las personas OSIGNH privadas de la libertad, entre ellos el reconocimiento de la visita íntima en condiciones de igualdad, la protección de la identidad y expresión de género, el fortalecimiento de enfoques diferenciales y de género y la implementación de medidas orientadas a prevenir actos de discriminación.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado la obligación de proteger la identidad de género, garantizar el trato digno y prevenir actos de discriminación contra las personas OSIGNH privadas de la libertad.
No obstante, en las verificaciones defensoriales realizadas en distintos establecimientos penitenciarios se evidencia que estas barreras continúan materializándose en situaciones relacionadas con restricciones al ejercicio de la identidad y expresión de género, dificultades para acceder a servicios de salud, uso inadecuado del aislamiento como mecanismo de protección, limitaciones para el ejercicio de la visita íntima y diversas formas de violencia institucional y por prejuicio.
La Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de fortalecer las medidas de prevención de violencias, garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con enfoque diferencial, asegurar el respeto por la identidad y expresión de género y adoptar acciones que permitan erradicar prácticas discriminatorias contra las personas OSIGNH privadas de la libertad. La privación de la libertad no puede traducirse en la pérdida de derechos ni en la exposición a condiciones de exclusión y violencia.
“Es importante recordar, que la privación de la libertad no supone la pérdida de la dignidad humana ni de los derechos fundamentales inherentes a toda persona. Tampoco disminuye la obligación reforzada que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de todas las personas privadas de la libertad, sin excepción”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.