Muy simple: basta con presentar la cédula de identidad con el dato del sexo asumido. Para empezar no ha faltado un diputado opositor (de los que creen que ser opositor es oponerse a todo) que afirmaba que el Órgano Electoral “se está arrogando atribuciones que corresponden a la Asamblea Legislativa”, ignorando el pobre que en su propia gestión (2016) dicha Asamblea (de la que se supone que forma parte) aprobó la Ley 807 sobre la Identidad de Género. Por tanto, el Órgano Electoral no ha innovado nada, se ha limitado a detallar la forma de aplicación de esa ley ya vigente…
Pero lo grave ha sido el escándalo de sectores religiosos (tanto católicos como evangélicos) que no pueden tolerar semejante atentado contra la dignidad humana, presumiendo que todo lo relacionado con el sexo debe tratarse reproduciendo la visión ortodoxa, patriarcal e hipócrita que ellos vienen heredando desde hace siglos: el matrimonio sólo puede darse entre varón y mujer nacidos como tales, con la bendición de la Santa Madre Iglesia y con el único objetivo de engendrar hijos, o en el peor de los casos hijas…
Si el uso de preservativos es pecado, ¡cuánto más pecado será casarse con alguien que no tiene el sexo que Dios le dio sino que escogió el otro! ¡Y aducen que con esta moderada medida dictada por el Órgano Electoral se está negando el valor de la familia, se está atentando contra la figura paterna y contra la naturaleza humana!
Y, encima, se preocupan de las adopciones que puedan hacer esas nuevas parejas ¡y de las terribles consecuencias que puedan derivarse para esos niños o niñas! Cualquiera que les oiga podría creer que los matrimonios y familias supuestamente normales -entre varones y mujeres nacidos/as como tales; es decir, como Dios quiso- son modelos de convivencia feliz y equilibrada, y que sus hijas e hijos disfrutan de las mejores condiciones para un desarrollo realmente humano.
¡Por favor, señores obispos, curas y pastores! ¿Por qué no se preocupan un poco más de la violencia intrafamiliar, del número creciente de feminicidios (y uxoricidios), de la desgraciante soledad en que crecen los hijos y las hijas de muchos matrimonios “normales” y, en general, de las dramáticas consecuencias del patriarcado (que incluye guerras, acciones terroristas y destrucción de millones de vidas en el planeta)?
Y los que se atreven a opinar sobre el problema de las adopciones ¿por qué no se dan un paseo por los numerosos hogares donde vegetan miles de niñas y niños, carentes de toda figura paterna, y materna, condenados a una vida definitivamente triste, cuando no a una vida de delincuencia?
¿No creen por el contrario que la perspectiva de adopción por parte de una pareja que para conformarse ha tenido que romper tabúes y enfrentar la hipocresía social es prometedora de felicidad y de equilibrio humano?
Y para terminar: Si se sienten tan escandalizados por esta pequeña medida legal de reconocer los derechos de las personas transexuales y transgénero, ¿qué van a decir cuando logremos cambiar el artículo constitucional que establece que “el matrimonio es entre varón y mujer” (uno de los pocos logros conservadores de la última Asamblea Constituyente) y se legalice el matrimonio entre lesbianas o entre gays? Porque éste es el tema de fondo, mucho más significativo que el de transexuales y bisexuales, y que todavía está pendiente.
Y ojo, señores obispos y pastores (y ramas anexas) no les estamos pidiendo que cambien su vida, sólo que tengan un respeto elemental por la vida de los y las demás…
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.