A diario conocemos historias de personas LGBTIQ+ que salen de sus países para escapar de la violencia estructural y la denegación de humanidad que hace inhabitable su territorio de origen, que incluye la búsqueda de mejor calidad de vida, acceso a servicios de salud, empleos bien remunerados y respeto a su orientación sexual, identidad y expresión de género diversa.
Según estudios de la OIM, las personas LGBTIQ+ migrantes suelen enfrentar múltiples barreras, que van desde la obtención de documentos de regularización migratoria que vayan acordes con sus identidades de género diversas, así como garantías para el acceso libre de discriminación a empleo, salud, educación, entre otros. Por esa razón, romantizar la salida forzada con un discurso de “la búsqueda de un sueño” invisibiliza una serie de violencias estructurales en estos países del
hemisferio.
En el marco de recordar a los migrantes hoy en su día conmemorativo, vale preguntar: ¿Cuáles desafíos enfrentan las personas LGBTIQ+ que migran hacia otros territorios? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de la cooperación internacional y la sociedad civil organizada?
Avances y retrocesos en las políticas migratorias en América
El avance de políticas conservadoras y sentimientos xenofóbicos se evidencian cada vez más en el contexto americano, las cuales han impactado las dinámicas en la movilidad humana en toda la región, tal como se aprecia con la migración inversa en América. Con el endurecimiento de las políticas anti migratorias del gobierno de Estados Unidos, se ha generado el retorno de miles de personas que intentaron ingresar al país norteño pero que ahora les ha tocado devolverse hacia sus países de origen, incluso algunos decidieron quedarse en los países de tránsito o se decidieron por un tercer país. La migración inversa no es más que la
revictimización de personas que ya estaban movilizándose en situación de vulnerabilidad y que ahora les toca migrar hacia un futuro incierto. En este sentido, las personas LGBTIQ+ sufren mayores violencias, puesto que les ha tocado afrontar situaciones de discriminación tanto en la ida como en el regreso.
Ante esto, un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestran los grandes desafíos que enfrentan países como Costa Rica, Panamá y Colombia para la Respuesta a la migración inversa. Los testimonios son desgarradores: ausencia de medidas de acompañamiento y protección durante el tránsito, elevados costos de transporte muchas veces en condiciones inseguras, pernoctas en espacios públicos no adecuados e inseguros, entre otras.
Pero yendo más al sur, en Chile, la narrativa del nuevo Gobierno ha dado un giro hacia la secularización extrema. Ante el avance de nuevas políticas conservadoras y anti migratorias, se han intensificado las medidas de control fronterizo y las amenazas de deportaciones masivas, sin tener en cuenta los enfoques diferenciales. Una deportación indiscriminada de personas trans y no binarias representaría, sin duda alguna, una condena a retornar a contextos de persecución donde
sus vidas corren peligro.
Por su parte, en Perú, la implementación de barreras burocráticas en materia migratoria hace cada vez más difícil la integración de personas con expresiones de género divergentes. La falta de un enfoque diferencial en los procesos de regularización migratoria expone a la población LGBTIQ+ de ser excluidos de fuentes de empleo formales y servicios de salud.
Y en Colombia, un país que marcó pauta migratoria a nivel mundial con la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), la transición hacia la Política Integral Migratoria (PIM) ha mostrado una lentitud preocupante. Los avances en la implementación de la Ley 2136 de 2021 son insuficientes: las rutas de atención aún carecen de protocolos claros para la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Todas estas políticas que no favorecen una migración segura, aunado al recorte de la financiación internacional a proyectos de movilidad humana, dejan a las personas migrantes en total estado de abandono. Las personas LGBTIQ+ migrantes, junto con mujeres y niños, se enfrentan a mayores retos para el acceso a regularización migratoria, seguridad, salud, empleo digno, entre otros.
Por todas estas razones, este 18 de diciembre, la conmemoración del Día del Migrante debe ser un llamado para frenar la tendencia hacia la securitización y reactivar políticas de integración migratoria que reconozcan las identidades y expresiones de género como un derecho no negociable.
Mientras la financiación internacional hacia proyectos migratorios disminuye y las barreras burocráticas aumentan, la resiliencia de las personas LGBTIQ+ sigue sosteniendo la esperanza en los territorios. Sin embargo, la dignidad no puede depender únicamente de la voluntad de las organizaciones; requiere una arquitectura estatal que garantice que migrar, retornar o permanecer sean opciones seguras y libres de violencia.