Se trata de la Ley 32331, que según el documento oficial indica que tiene el objetivo de «fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes» para garantizar su desarrollo integral, su integridad y su dignidad en todos los ámbitos, incluyendo los espacios públicos, educativos y otros.
Sin embargo, HRW indicó en un comunicado que esta norma socava la libertad de expresión y el acceso a la información y discriminando a las personas transgénero.
«Las disposiciones vagas y excesivamente amplias de la ley también podrían utilizarse para restringir expresiones de identidad, contenidos artísticos y materiales educativos, mientras que no aborda de manera efectiva la omnipresente violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país», señaló.
Apuntó que la ley ordena que el acceso a los baños públicos se restrinja en función del “sexo biológico”, prohibiendo de hecho a las personas trans, incluyendo los jóvenes trans, utilizar los baños públicos que correspondan con su identidad de género.
Además, aseguró que esta disposición no solo discriminan a las personas trans, sino que refuerza prejuicios dañinos e infundados que presentan la presencia de personas trans en los baños con una amenaza para la niñez.
«Los estudios no han demostrado ninguna relación entre las políticas de baños inclusivos y el aumento de riesgos para la seguridad de mujeres o menores. Al contrario, son las personas trans las que se enfrentan a mayores riesgos de acoso y violencia en espacios públicos, incluyendo en los baños», añadió.
También cuestionó otro artículo de la norma que prohíbe la “explotación y sexualización” de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación, la publicidad y el entretenimiento.
Consideró que, al no definir estos conceptos, «la disposición podría utilizarse para censurar expresiones personales o culturales, obras artísticas o materiales didácticos» y podrían limitar la capacidad de menores de acceder a una educación sexual integral apropiada a su edad, lo que ayuda a prevenir la violencia sexual.
“Proteger a los niños, niñas y adolescentes de la explotación y el abuso sexual es una obligación fundamental del Estado, pero esta ley utiliza la protección de la niñez como pretexto para la represión y la discriminación”, sostuvo en el comunicado el investigador de HRW Cristian González.
Agregó que se abre la puerta a que las autoridades censuren expresiones que consideren inapropiadas bajo el pretexto de proteger a los niños, y «convierte en chivos expiatorios a las personas trans, un grupo que ya enfrenta un alto riesgo de violencia en el Perú».
Concluyó que el Congreso peruano «debe derogar esta ley de forma urgente, que no solo falla en proteger a la niñez de la violencia sexual, sino que además pone en riesgo los derechos de las mismas personas que dice querer proteger, incluyendo los jóvenes trans».
EFE