Para hablar del último fallecimiento provocado por una cirugía estética irregular en Bolivia, no hay que recorrer mucho en el tiempo. Sucedió hace cinco meses, en febrero. La víctima, Elizabeth Cholima Saavedra, llegó de España para hacerse una lipoescultura, pero, unos días después de la intervención, le salió un coágulo en la pierna que para el médico que la operó era normal; ella soportó el dolor pero su situación se agravó a tal punto que ingresó a terapia intensiva y falleció.
No hay un registro oficial de personas fallecidas a causa de procedimientos estéticos furtivos en Bolivia, solo el que maneja la Red de Personas Trans de Bolivia (Red Trebol) y los casos que se difundieron a través de los medios de comunicación.
La presidenta de la Red Trebol, Rayza Torriani, explicó que las intervenciones quirúrgicas clandestinas dejaron al menos medio centenar de personas transexuales fallecidas.
A esa cifra se debe añadir casos como el de Elizabeth Cholima Saavedra, mencionado anteriormente, o el de Pamela Vega, una cochabambina de 35 años de edad que también se sometió a una liposucción. Ese procedimiento, que consistió en succionar su grasa subcutánea introduciendo bajo su piel una cánula conectada a una bomba de vacío, le provocó heridas perforantes en los pulmones, hígado y bazo. La paciente murió desangrada.
La cirujana estética responsable de ese caso actualmente ofrece sus servicios en un céntrico edificio de Cochabamba.
En la lista de defunciones también debe ingresar una joven paceña de 23 años de edad que falleció durante una rinoplastía. Se broncoaspiró (atoró).
ALERTA
La Sociedad Boliviana de Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva, filial Cochabamba, advirtió sobre la proliferación de centros estéticos comandados por profesionales sin especialización que ofrecen estos servicios estéticos furtivos en el departamento.
Esa instancia no tiene una cifra oficial de centros estéticos que son irregulares en la ciudad, pero, en base al monitoreo que hacen periódicamente, aseguran que “son varios”.
En contraposición, el número de estéticas que tiene una resolución de apertura emitida por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) son, apenas, 45.
Y, a pesar de que están avaladas, están prohibidas de realizar procedimientos invasivos.
SITUACIÓN
Si bien la reglas para los recintos estéticos autorizados son claras, en la práctica son infringidas.
Las páginas oficiales que las estéticas tienen en las redes sociales son una evidencia, pues difunden paquetes de liposucción “con y sin cirugía”, tratamientos antiedad y levantamiento de glúteos, entre otros servicios; siendo que no deberían de usar ni bisturí o agujas.
La situación es peor en el caso de los centros irregulares. Ahí muestran fotografías de los pacientes antes y después de los procedimientos quirúrgicos, pero evitan dar detalles de los profesionales o los establecimientos en los que se realizan las operaciones.
ACCIONES
Para aminorar costos y captar más víctimas, los responsables de esos negocios -generalmente médicos que no tienen especialización o personas con conocimientos empíricos- usan sustancias que ponen en riesgo la vida de los pacientes: silicona líquida y aceite de avión, por ejemplo.
Las más vulnerables a estos servicios son las personas transexuales que están en proceso de reasignación de sexo.
Los que sobrevivieron a esas intervenciones no suelen iniciar acciones legales en contra de los responsables, por estigma, quizá; pero no se resisten a contar sus historias, pues no quieren ver a sus compañeros con la piel necrosada o, pero aún, consumidos por una infección.
Este tipo de servicios van en desmedro de los especialistas estéticos, plásticos y reconstructivos acreditados que hay en Cochabamba, solo 20.
Estos profesionales tienen al menos 15 años de estudio y su especialización fue realizada fuera del país.
Son médicos tan cotizados, que son solicitados por pacientes del extranjero. El 30 por ciento de sus clientes proviene de otros países.
Ese segmento médico está en alerta por el creciente mercado negro de la cirugía estética en Cochabamba, por lo que inicia operativos por cuenta propia y demanda al SEDES que proceda de la misma manera.