La sentencia 76/2017 declaró inconstitucional la frase: “permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales”, lo cual les impide consumar un matrimonio, entre otros derechos.
“Por quitar el tema del matrimonio trans, nos han quitado todos los derechos civiles (…) hay el convenio de San José, hay el convenio de la población LGTBI, hay muchos convenios de Derechos Humanos que ha firmado Bolivia, son más de ocho, por lo tanto lo único que nos queda como población LGTBI es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó Núñez del Prado, una de las promotoras de la Ley de Identidad de Género.
“El día en que ellos dejen de ser magistrados se les va iniciar un proceso, un juicio de responsabilidades y en algunos casos vamos a iniciar procesos por la Ley 045 por discriminación por homofobia por incitar al odio”, agregó.
Al respecto, la diputada oficialista Sonia Brito señaló que el fallo del Tribunal Constitucional va contra las leyes, convenios y tratados internacionales que Bolivia suscribió y que es un flagrante acto de vulneración de derechos, de discriminación, porque sólo se otorga derechos a un tipo de personas y no a todas.
No obstante, la diputada opositora Lourdes Millares, defendió la decisión del Tribunal Constitucional indicando que se enmarca en la Constitución Política del Estado que reconoce al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
La acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Identidad de Género fue presentada por el diputado opositor Horacio Poppe.
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