Fue después de una noche de fiesta, el pasado jueves sobre las 5.20 de la madrugada. En la parada del TRAM del Campo de Golf, en el área de la playa de San Juan de Alicante, dos hombres, Miguel de 27 años y otro de 22, discuten mientras esperan el tranvía que les devuelva a casa. En el transcurso de la pelea, Miguel sufre un traumatismo craneoencefálico que le llevará al Hospital Doctor Balmis de Alicante, donde finalmente fallecerá. Días después, la asociación Alicante Entiende pide que el caso se investigue como agresión homófoba, ya que la víctima era gay. Este miércoles, el Ministerio de Igualdad ha pedido a la Fiscalía que valore como delito de odio la muerte de Miguel, ya que les “preocupa el hecho de que esta agresión pueda tener una posible motivación homófoba”, que constituiría una agravante específica del Código Penal.
A la parada del tranvía metropolitano de Alicante, situada en las inmediaciones de una zona de ocio muy frecuentada, especialmente en verano, acudieron tanto los servicios sanitarios como agentes de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la investigación y arrestaron al presunto agresor. Según publicó el diario local Información, en un primer momento, el arrestado declaró que el enfrentamiento se produjo porque rechazó mantener un encuentro íntimo con la víctima. Por este motivo, la asociación Alicante Entiende solicitó que la investigación contemplara la hipótesis de que pudiera tratarse de un homicidio con motivación homófoba.
Esta solicitud activó el oficio enviado por Igualdad a la Fiscalía, en el que se recoge que el artículo 22 del Código penal regula “las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal”, y Julio Valle, el director General para la Igualdad Real y Efectiva de las personas LGTBI+, que es quien firma el oficio, señala directamente al punto cuatro, que fija que es agravante “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Comunidad Valenciana recibe el aviso de la pelea a las 5.37 horas del jueves. Una unidad del SAMU y otra de Soporte vital Básico (SVB) se desplazan hasta el lugar de los hechos. “Durante la asistencia”, relatan fuentes del CICU, Miguel “entra en parada cardiorrespiratoria”. Los efectivos del SAMU le practican “maniobras de reanimación cardiopulmonar” y logran recuperarlo momentáneamente. Sin embargo, una vez hospitaizado, muere horas después. Cuando el agresor pasa a disposición del juzgado de instrucción número seis de Alicante, en funciones de guardia, ya se ha pasado de una posible agresión a un posible homicidio.
Según explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el sábado 15 por la tarde, tras tomar declaración al arrestado, el juez dicta su “libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia periódica ante el juzgado”. El magistrado considera que “no concurren los requisitos para adoptar una medida cautelar más gravosa, como la prisión provisional”, ya que no aprecia riesgo de fuga porque el interrogado tiene arraigo en el territorio. El detenido “queda investigado en una causa abierta por un delito de homicidio”. De momento, sin agravante por posible delito de odio. Fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL PAÍS señalan que tampoco la Policía Nacional aprecia indicios de homofobia.
Inicialmente, Alicante Entiende, asociación que defiende los derechos de la comunidad LGTBI, emite un comunicado en el que transmite su preocupación ante la posibilidad de que “la orientación sexual de la víctima y las circunstancias de la agresión no reciban la consideración que merecen”. Solicita que “los delitos de odio por orientación sexual sean investigados y juzgados con todas las garantías, que se esclarezcan las verdaderas motivaciones del crimen y que la homofobia no quede invisibilizada ni normalizada”. Su dirección convoca una concentración frente a las puertas de los juzgados de Benalúa para reivindicar su posición.
Sin embargo, poco después, el abogado del presunto agresor, José Manuel Yepes, niega en otro comunicado la agresión homófoba, ya que “no se corresponde ni con la realidad de lo sucedido, ni con lo que consta en las actuaciones, ni con la propia resolución judicial, que refleja una dinámica de los hechos sustancialmente distinta de la que se está difundiendo públicamente”, asegura. En el mismo documento, el letrado afirma que su defendido “pertenece al colectivo LGTBI, ha sufrido desde su infancia y juventud rechazo y bullying precisamente por su orientación sexual y participa de la lucha contra cualquier forma de homofobia”. Estas declaraciones frenan las iniciativas de Alicante Entiende, cuyo coordinador, José Ramón Samper, declara a EL PAÍS que han desconvocado la concentración y tratan de “conformar y contrastar, de manera oficial, que el presunto agresor sea homosexual”.
Sí sigue en pie, adelanta, un encuentro organizado por familiares y amigos de Miguel, en su memoria, en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, el jueves a las 20 horas.
En el escrito de Igualdad, el ministerio refleja también las repercusiones políticas que ha levantado el caso. Compromís ha pedido “transparencia, celeridad y claridad” en la investigación de los hechos y considera “imprescindible” que permita “determinar con rigor qué pasó y si detrás de la agresión hay un delito de odio LGTBIQfóbico”. El diputado autonómico Francesc Roig, también portavoz de Igualdad LGTBI de la formación nacionalista, reclama que se frenen las “especulaciones” con una investigación “clara, justa y honesta” porque “cualquier otra cosa implicará una falta de respeto a la memoria de la víctima y de todas las víctimas de los delitos de odio”. Roig solicita que la Generalitat se persone en este caso porque ante la gravedad de los hechos “no puede mirar hacia otro lado” y que utilice “todos los instrumentos jurídicos e institucionales a su alcance para defender los derechos de la víctima y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.
Por su parte, Sumar País Valencià ha registrado cartas dirigidas al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a la vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Susana Camarero, al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a la concejala de Bienestar Social, Begoña León, para reclamar una “respuesta institucional conjunta”. Uno de los coordinadores de Moviment Sumar País Valencià, Xavier López, apunta en un comunicado que no se puede esperar a saber si se trata de un crimen homófobo “para defender políticas que prevengan la LGTBIfobia”. “En estos momentos corresponde a la investigación policial y judicial determinar qué pasó y cuál fue la motivación de la agresión. No podemos prejuzgar los hechos y mucho menos atribuir una responsabilidad penal que corresponde a los tribunales. Pero respetar la investigación no significa mirar hacia otro lado”, ha advertido López, que pide que todas las hipótesis se investiguen “con rigor” y sin descartar ninguna prematuramente.
El consistorio alicantino, liderado por el Partido Popular con apoyos puntuales de Vox, prefiere mantenerse cauto. El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha afirmado que se trata de un hecho “dolorosísimo”, pero que, mientras no sepan el origen o la causa, no van a hacer declaraciones sin “ningún tipo de base”. “Es arriesgado hacer afirmaciones cuando se está en fase de investigación”, concluye.