En línea con Envejece con Fuerza, su historia interpela a un Estado que aún debe garantizar que la identidad y la vejez no sean motivos de discriminación, sino dimensiones protegidas de la vida.
La luz se filtra entre el enrejado del balcón y cae sobre el rostro de Ale, que observa la ciudad con una expresión firme y cansada. Tiene 60 años, todos los aportes hechos y un DNI con X reconocido por el Estado. Pero la jubilación que debería estar cobrando no llega: el sistema previsional no contempla a las identidades no binarias y su expediente quedó atrapado en ese vacío legal.
“Para mí, envejecer con derechos sería que el sueldo te alcance todos los meses, que puedas hacer lo que quieras, lo que necesites, no tener que ir todos los miércoles a la plaza a gritar, a pedir”, dice Ale. Su voz no suena quebrada por la tristeza, sino por un cansancio que es también colectivo.
Una vida de docencia y militancia
Su recorrido estuvo siempre atravesado por escenarios y pizarrones. Fue profesora, investigadora, directora de escuela. Una historia marcada por su activismo en colectivos de lesbianas y personas LGBTI+.
En 2023, con la edad que fija la ley cumplida y los aportes necesarios, inició el trámite para jubilarse. Lo que parecía un paso natural se transformó en un laberinto: el sistema no sabe qué hacer con una persona que no encaja en el binarismo masculino/femenino. Ello sucede aun cuando sus papeles estaban en regla y el DNI que aloja su identidad fue expedido por el mismo Estado que le niega sus derechos. El expediente se frenó en el área de legales de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). “No hay una normativa no binaria”, le dijeron. Pasaron por alto la Ley de Identidad de Género y el decreto que reconoce el DNI no binario.
Ale interpuso un recurso de amparo. En septiembre de 2024, la Justicia dictó la sentencia: debía comenzar a cobrar su jubilación. Al día de hoy, el Estado no acata la orden.
Mientras tanto, volvió a la escuela donde había sido directora. Ya no está al frente de aulas con adolescentes, sino que cumple “tareas pasivas” en un puesto que le garantiza un ingreso básico para sobrevivir, aunque no repare la injusticia de fondo.
La doble carga: edadismo y discriminación por identidad de género
El caso de Ale condensa dos formas de discriminación que rara vez se piensan juntas: el edadismo -es decir la discriminación por edad- y la violencia hacia las identidades disidentes.
En un país donde la jubilación mínima está muy por debajo de la Canasta Básica, la vejez ya implica una condena a la precariedad para millones. Pero si además se trata de una persona no binaria, el sistema directamente la expulsa: no existe en sus casilleros, no entra en sus fórmulas, no la reconoce.
“Llega un momento que el cuerpo te empieza a pasar factura y necesitás hacer lo que quieras dignamente”, dice Ale. Y esa palabra —dignamente— queda flotando como una consigna.
El edadismo opera de manera silenciosa. Está en los medios que reducen a las personas mayores a “cargas”, en las instituciones que las infantilizan, en las políticas que las invisibiliza. Y en el caso de Ale, se cruza con la discriminación por identidad de género: un sistema previsional que niega derechos a quienes no se identifican con las categorías de género tradicionales.
Miércoles de protesta y miedo
Como tantos otros jubilados y jubiladas, Ale se sumó algunas veces a las protestas de los miércoles frente al Congreso Nacional. Recuerda, especialmente, la marcha posterior a la represión en la que fue herido el fotoperiodista Pablo Grillo, en marzo de 2025.
“Si voy un miércoles, voy con miedo a la Plaza; voy con mucho recaudo. Nos tenemos que cuidar entre todos y están logrando que tengamos miedo”, admite. El temor no es abstracto: la represión contra las manifestaciones de adultos mayores se ha vuelto rutina en los últimos años. Gas pimienta, golpes, empujones y balas de goma. Una violencia que combina brutalidad policial con indiferencia social.
En esas marchas, Ale comparte la calle con jubiladas que cobran la mínima, con migrantes a quienes solo les queda la PUAM, con varones mayores que deben seguir trabajando en changas porque el haber no alcanza. Allí, la diversidad se funde en un reclamo común: la dignidad en la vejez.
El espejo de una sociedad
El caso de Ale revela una verdad incómoda: en Argentina, la promesa de derechos universales todavía excluye a quienes no se ajustan al molde. El DNI con X significó un paso histórico hacia la igualdad y el reconocimiento pleno de la diversidad. Pero al enfrentar trámites y la solicitud de prestaciones, persiste una brecha entre ese avance normativo y la obligación estatal de garantizar derechos sin discriminación.
La situación no es solo un problema administrativo: es un espejo de cómo la sociedad trata a las personas mayores y que forman parte de la diversidad sexual. El maltrato hacia las personas mayores —desde la represión policial hasta expresiones estigmatizantes en el debate público— convive con un retroceso acelerado en los derechos de las personas LGBTI+. Como advirtió Amnistía Internacional en su informe “La ofensiva contra los derechos LGBTI+ en Argentina”, las narrativas de odio provenientes de las más altas esferas del poder no solo generan violencia simbólica. Se traducen en medidas concretas que desmantelan estructuras estatales de protección y alimentan un clima de hostilidad. En ambos casos, lo que se erosiona es la garantía de trato digno que el Estado está obligado a asegurar.
Ale no lo vive como una excepción personal, sino como un síntoma colectivo: “Nos están pisando la dignidad. ¿Qué más podemos perder?”.
El derecho a envejecer con dignidad
La campaña Envejece Con Fuerza de Amnistía Internacional, insiste en una idea sencilla, pero poderosa: envejecer no debería significar perder derechos. La vejez es parte de la vida, y como toda etapa, merece ser vivida con autonomía, respeto y reconocimiento.
En el caso de Ale, el derecho a elegir se traduce en lo más básico: poder retirarse después de décadas de trabajo, cobrar un ingreso suficiente, proyectar un futuro sin depender de la caridad ni de la resistencia en la calle.
Sin embargo, su historia muestra lo contrario: un sistema que expulsa, una Justicia que ordena pero no logra que se cumpla su fallo, un Estado que posterga y excluye.
Una lucha que interpela a todes
La historia de Ale da cuenta de las personas que actualmente quedan a merced de la burocracia que todavía no reconoce su identidad en los papeles. Su caso interpela más allá de la comunidad LGBTI+: ¿qué valor tienen los derechos si se evaporan en la vejez? ¿Qué clase de sociedad es la que celebra el reconocimiento en los papeles, pero posterga el acceso a lo esencial?
La historia de Ale es la de muchas personas mayores en la Argentina: sobrevivir entre la precariedad económica y la violencia institucional. Pero también es la de alguien que se niega a aceptar la invisibilidad. Una persona que, con su sola existencia, obliga a pensar que la diversidad y la vejez no son mundos separados, sino derechos que deben caminar juntos.
Porque jubilarse no debería ser un privilegio reservado a quienes encajan en los casilleros del sistema. De lo contrario, la identidad también se jubila tarde.