La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que se instruyó abrir el caso porque preocupa que aún persista actitudes discriminadoras y transfóbicas en servidores públicos que deben conocer la normativa y no pueden incurrir en hechos de violencia y discriminación hacia personas sólo por el hecho de tener una orientación sexual o identidad de género diferente, por lo que éstos deben ser sancionados no solo al interior de la Policía, sino en el ámbito penal.
La institución defensorial en 2017 emitió el informe defensorial “Situación del Trabajo Sexual en Bolivia”, en la que se evidenció, de acuerdo a las verificaciones y testimonios recogidos, que las trabajadoras sexuales estaban expuestas a actos de discriminación e incluso de violencia física durante los controles realizados por la Policía Boliviana. El caso de las caso de las trabajadoras sexuales trans, éstas sufren una discriminación múltiple o agravada, considerando que no sólo son víctimas de discriminación porque ejercen el trabajo sexual sino también por tener una orientación sexual diferente.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo considera importante emprender procesos de sensibilización e información para concientizar a los efectivos policiales sobre el respeto y cumplimiento de los derechos de personas transexuales.
Cruz recordó que como resultado del informe presentado en 2017, se recomendó al Comando General de la Policía Boliviana trabajar en la elaboración de protocolos y líneas de control específicos para las intervenciones policiales a establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual, en el marco de la defensa y respeto de los derechos humanos, aspecto en el que es urgente avanzar.