Por ello, representantes de la población lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT) recurrieron a la Defensoría del Pueblo, instancia que, luego de un trabajo conjunto para enriquecer el proyecto, gestionará que el mismo sea tratado por el Legislativo.
“Vamos a asumir el encargo social que nos da la población LGBT para encarar este desafío de agendar el tratamiento de la propuesta”, afirmó ayer David Tezanos. De ser aprobada, la ley tendrá efectos iguales a los del matrimonio, implicando igualdad de derechos en materia de bienes gananciales, seguridad social y salud, explicó. En ese sentido, considero que se trata de un planteamiento mucho más amplio que el de la Ley de Identidad de Género, aprobada en mayo pasado en beneficio de las personas transexuales del país.
El objetivo de la propuesta de ley es regular los derechos, deberes y las obligaciones de las parejas conformadas por personas del mismo sexo mediante la creación del Acuerdo de Vida en Familia, una institución social análoga al matrimonio que brinde garantías jurídico-legales para el derecho a formar una familia de la población LGBT.
Como paso previo a la nueva presentación del proyecto de ley a la Asamblea, la Defensoría elaborará un informe técnico para que la propuesta ingrese al Legislativo como iniciativa defensorial. También se conformará una comisión interinstitucional “para que este proyecto esté lo más pulido posible y entremos en mejor escenario de discusión en la Asamblea”, complementó Tezanos.
Consultado sobre las razones por las que el proyecto no entró en agenda legislativa, Simón Sergio Choque Siñani, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, instancia llamada al análisis de la propuesta, se limitó a responder que la misma “no llegó a su despacho” y que él ocupó el cargo “recién este año”.
UNIÓN Y SEPARACIÓN El anteproyecto contempla que una pareja del mismo sexo pueda acudir a un notario para legalizar su unión, lo cual estaría plasmado en un documento con el rótulo de Acuerdo de Vida en Familia, en lugar de un certificado de matrimonio civil. La propuesta no establece el divorcio, pero sí la disolución del vínculo, y no regula el tema de la adopción.
“Muchas parejas, muchos matrimonios, muchas personas que están pidiendo la mano de su pareja, están festejando (el Día del Amor) de una manera bella. Sin embargo, hay parejas del mismo sexo que no pueden disfrutar en su plenitud de este tipo de momentos pese a que el amor es amor, porque no tienen las garantías que debería brindarnos el Estado boliviano”, expresó ayer Wendy Molina, presidenta de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia.
Molina considera que el debate en torno a la legalización de la unión entre personas del mismo sexo es necesario y una tarea que debe ser asumida por el Legislativo y por otras instancias de toma de decisión. “El derecho a formar una familia es un derecho humano, es un derecho reivindicativo, acá no pedimos derechos excepcionales, sino el reconocimiento legal de todos los derechos que tienen las familias heterosexuales”, señaló de su lado Pamela Valenzuela, presidenta del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género del Gobierno Municipal de La Paz.
Según Martín Vidaurre, director de Capacitación y Derechos Ciudadanos, organización sin fines de lucro, al no reconocer el derecho humano a formar una familia de las personas del mismo sexo, el Estado boliviano “está negando varias normativas y no está cumpliendo instrumentos internacionales y nacionales” en materia de derechos humanos. El proyecto de ley, agregó, “no significa solamente matrimonio o unión libre o de hecho, lo que queremos es crear una tercera institución social”, algo que ya han hecho países como Chile y Francia.