Miembros de esta comunidad instalaron el martes un piquete de huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo y este miércoles suman 15 personas en la extrema medida. Se prevé que similares acciones se repliquen en otros puntos del país.
Las críticas del sector apuntaron principalmente al magistrado Ruddy Flores. “Esto nos lleva a que nosotros apoyemos un juicio de responsabilidades o de prevaricato, este señor (Flores) le debe mucho la Justicia, ha ayudado a que muchos corruptos estén en la calle”, afirmó la activista Tamara Núñez del Prado.
La sentencia declara la institucionalidad del parágrafo II del artículo 11 de la norma, que hacía referencia a los derechos de las personas que opten por cambiar su identidad de género. El fallo implica que están imposibilitados de contraer matrimonio y adoptar hijos.
Según el sector movilizado denunció que el TCP incumplió con su obligación de emitir una aclaración, enmienda o complementación del fallo en 48 horas a requerimiento de la Vicepresidencia del Estado. Anunciaron que las medidas de presión se mantendrán hasta que se emita ese documento.