La sentencia del TCP declara la institucionalidad del parágrafo II del artículo 11 de la norma, que hacía referencia a los derechos de las personas que opten por cambiar su identidad de género. El fallo implica que están imposibilitados de contraer matrimonio y adoptar hijos.
“Estamos levantando la huelga, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir presionando al Tribunal Constitucional para que haga la respectiva aclaración o enmienda y dar respuesta a la vicepresidencia. No ha sido fácil estar siete días aquí rogando para que nos respeten y se nos vea como bolivianos. Asumimos este comprimo mutuo de seguir trabajando en medidas legislativas”, afirmó Mateo Rodrigo miembro de este colectivo.
La carta enviada los presidentes de ambas cámaras legislativas establece que asumen el compromiso de buscar “a la brevedad posible” las mejores salidas para los derechos y libertades fundamentales establecidas en la Constitución Política del Estado sean aplicables en la sentencia constitucional 0076/2017 del 9 de noviembre.
La diputada Sonia Brito (MAS) y la senadora Adriana Salvatierra (MAS) llegaron hasta donde estaba instalado el piquete de huelga para garantizar el compromiso. “Es por eso que nos hemos comprometido para ver otras salidas y otras normas que compensen esta vulneración de derechos humanos que ellos están sufriendo. No los vamos a dejar solos, vamos a estar peleado”, afirmó Brito
En tanto, la senadora Salvatierra (MAS) afirmó que existe también un reclamo porque los magistrados del TCP no han cumplido con los plazos que establece el código procesal constitucional respecto a la solicitud de enmienda o aclaración que se presentó desde la Asamblea Legislativa.