Después de cuatro audiencias suspendidas y casi un año de espera se inició el juicio oral por el asesinato de Dayana Kenia. Según los familiares y el colectivo Transexuales, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TGLB) en Bolivia, estas dilataciones demuestran negligencia de la Fiscalía en lo que podría ser el primer caso de sentencia por asesinato a una mujer trans en el país.
La madrugada del 1 de abril del 2016 en la rockola Sensacional, ubicada en el populoso barrio Villa Primero de Mayo de la periferia cruceña, Álex Vilca torturó, robó y asesino a su pareja, Dayana Kenia, después de apenas un mes de relación amorosa.
En la última audiencia realizada el 8 de marzo, el acusado contradijo todas las versiones anteriores de su declaración principal. Alegó que había sido un crimen en defensa propia.
Existe preocupación en la familia debido a que la Fiscalía, a través del fiscal Carlos Montaño, insiste en que fue un homicidio por celos. Por esta razón las partes solicitaron la intervención del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
“Me llamaron en la noche, me dijeron que había fallecido mi hijo. Primero dijeron José María y después Dayana Kenia. He colgado. Pensé que era una broma pesada. Luego volvió a sonar (el teléfono) y me dijeron: ¿Usted es la mamá de José María Zárate Bustamante? Está muerto, somos sus vecinos, véngase rápido a Santa Cruz”, recuerda la madre, Angélica Bustamante. No hubo llamadas de la Policía, ni de la Fiscalía. La familia fue colaborada únicamente por los vecinos del barrio y el abogado Victor Hugo Vivancos que los representa.
Cuando los padres llegaron a la morgue de Pampa de la Isla, después de 17 horas de viaje, vieron a su hija por primera vez y reconocieron su cuerpo. “Pregunté a los policías, nadie me daba ninguna explicación. Una fiscal, de malas maneras, me dijo que era suplente y que se estaba yendo. Luego entré a la morgue solito. Ahí ya lo he visto, le he revisado todo. Me he quedado seco. Era mi hijo, ya tenía sus senitos construidos”, dice entre sollozos el padre, José Luis Zárate.
Cuando se realizó el levantamiento del cuerpo de Dayana Kenia, los policías enviaron el caso a la Fiscalía de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y catalogaron el crimen como feminicidio, porque a simple vista era mujer. Cuando hicieron la autopsia y vieron que tenia órganos genitales de varón -ya que todavía no había terminado el cambio de sexo- cambiaron el caso de Fiscalía y lo enviaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Tipificaron el caso como homicidio por celos.
La autopsia de ley da cuenta de que Dayana Kenia tenía quemaduras por cigarros en la cara, heridas punzocortantes presumiblemente realizadas con una botella rota en las piernas, una puñalada profunda en el torso y un corte de ocho centímetros en el cuello con exposición de laringe, además, de fractura cervical.
Dayana Kenia se mudó de La Paz a Santa Cruz el año 2012. Quería comenzar una nueva vida; puso su pequeño negocio y jugaba al pasanaku (especie de cooperativa de ahorro informal que reúne el dinero de todos los socios y le da a uno todo el monto una vez al mes) con sus colegas rockoleros. Hasta ese momento Dayana Kenia no había cometido equivocaciones.
“Mi hija era queridísima por todos. Era una persona respetuosa, responsable y tenía una buena fama”, indica su madre, quien recalca que ganaba lo suficiente para sobrevivir, ahorrar y enviarle dinero a su familia. “Su único error ha sido confiar en ese tipo”, señala el padre. Dayana Kenia confió en su pareja, quien la engañó, la torturó, la mató y le robó el dinero ahorrado con el que completaría la cirugía de su cambio de sexo.
Álex Vilca, de 20 años, se mudó a vivir con Dayana Kenia apenas a las dos semanas de haber iniciado la relación. No fue solo, llevó con él a su supuesta hermana, Laura, de 18 años, para que convivieran juntos los tres en un pequeño cuartito en el barrio cruceño Plan 3.000.
En la investigación se descubrió que Laura es en realidad Graciela Salazar, la verdadera pareja de Álex y cómplice en el asesinato. Pese a que la familia, el colectivo TGLB, la Coordinadora de la Mujer y la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz han dado seguimiento a la situación desde el inicio del proceso, tienen dudas y críticas con respecto a la actuación del fiscal Montaño, no sólo en este caso en específico, sino también en otros pasados sobre feminicidio.
“En el transcurso de la investigación se vio una inclinación protectora de parte del fiscal asignado, Carlos Montaño, al insistir sin justificación alguna que se trata de un homicidio”, dice la carta de queja enviada al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público.
Crimen de Odio Bolivia
Los elementos del asesinato
Para la abogada de la Coordinadora de la Mujer, Rocío Lucero, no se necesitan mayores pruebas que el informe forense y la declaración de la cómplice, Graciela Salazar, para determinar que es un delito por asesinato.
El asesinato está establecido en el artículo 252 del Código Penal Boliviano vigente. Señala en el inciso 1 que: “Será sancionado con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien matare: a sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son”.
Según el cuaderno de investigaciones, se encuentra totalmente demostrada una relación sentimental reciente y de convivencia entre Dayana Kenia y Álex.
Los incisos 2 y 5 detallan que la pena de 30 años también puede aplicarse a quien matare “por motivos fútiles o bajos” y “para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados”.
El móvil del robo también está demostrado con excesiva evidencia. Según las declaraciones de los testigos, esa semana Dayana Kenia debía recibir un pasanaku. Además, su cuarto fue “volteado”, no se encontraron sus ahorros e incluso vaciaron hasta la Rockola de su boliche.
Varios medios televisivos registraron las imágenes del domicilio.
De igual forma, en los incisos 3 y 6, del artículo 252 del Código Penal, se establece que la pena a 30 años debe recaer en quien matare “con alevosía o ensañamiento” o “para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido”, se lee.
“En la sola descripción del informe forense del acta del levantamiento del cadáver y la declaración de la imputada Graciela, es más que evidente el ensañamiento con que Álex mató a Dayana Kenia, luego de haberla torturado, aprovechando que habían compartido cervezas”.
“Hubo violencia extrema, que tenía como objetivo que le diga a Álex dónde tenía guardado el dinero que había logrado ganar y ahorrar”, señala la abogada Lucero.
¿En favor del acusado?
Uno de los ejemplos de intento de favorecer al acusado sucedió en julio del 2016, cuando con apenas tres meses del asesinato, Álex intentó acogerse al juicio abreviado por homicidio, con el apoyo del fiscal Montaño. Solicitud que fue rechazada por el tribunal.
Otro ejemplo ocurrió cuando se hizo la solicitud para la asistencia legal a la familia -que vive en El Alto y es de bajos recursos-, el abogado del Ministerio de Justicia señaló que se designaría a Boris Miranda.
Sin siquiera haber examinado el cuaderno de investigaciones, Miranda se entrevistó con la madre, Angélica, quien recuerda: “El abogado me ha dicho que este caso no llegaría ni a una sentencia de cinco años máximo. Me dijo que el fiscal es conocido y que no va a pelear por una sanción mayor”.
“Llegando a la audiencia, el fiscal le saludó al asesino de mi hija: ‘Hola, Choquito’. Yo no creo que así deba tratarse a un acusado de semejante crimen. También me dice, junto a mi abogado, que de una vez acepte por homicidio, que más seguro (que le sentencien) de unos cinco a 20 años que (es mejor) a nada”, recuerda el padre.
Además, según relatan los padres, cuando fueron a buscar asesoramiento, el fiscal Montaño les dijo que no había necesidad de que ellos hagan la querella ya que la Fiscalía se haría cargo, debido a que era un criminal confeso.
“Ha habido un error procedimental que tiene importancia. No se ha presentado la acusación particular, por eso no se puede recusar la tipificación”, indicó la abogada Lucero. En los intervalos de las audiencias suspendidas, tanto la Fiscalía como los policías investigadores trataban de disuadir a la familia de que siguiera el proceso.
“Varias veces me han querido amenazar. El año pasado el investigador me dice: ‘Nosotros le hemos colaborado; tenga cuidado con lo que va a hablar de esa caja, del dinero que ha desaparecido’”, señaló la madre.
Si no hay tipificación no hay cifras
Entonces ¿cuántos han muerto por su orientación sexual en Bolivia y no son casos reportados?
En el país se han verificado cerca de 65 casos de asesinatos a personas TLGB en los últimos 10 años, según datos de la Comunidad Diversidad, hasta el año 2017.
“De estos casos ninguno ha sido esclarecido e inclusive muchos de ellos jamás fueron investigados”, explica Wilmer Galarza, que es el coordinador de fortalecimiento al colectivo TLGB de Bolivia en la Coordinadora de la Mujer.
Para Galarza, quien trabaja como activista gay, desde hace más de 20 años el caso de Dayana Kenia es emblemático por el seguimiento de la familia y cree que debido a su perseverancia este caso podría ser el primero en tener una sentencia que, espera, sea ejemplar.
“De estos casos, muchas veces la misma familia evita que se realice una investigación por el hecho de no verse ligada a una persona TLGB y que esto repercuta en su vida social”, apunta Galarza.
También explicó que en la mayoría de casos existe desconocimiento de las autoridades sobre las temáticas referidas a derechos y libertades sexuales para casos de homofobia y transfobia.
Abogados activistas TLGB que acompañan el caso señalaron que en diferentes ocasiones el fiscal ha dicho que él no cree que “en Bolivia haya homofobia”. “Cuando le preguntamos cuál era el argumento para decir que no hay homofobia en el país, el fiscal alegó que una muestra de la aceptación es que se les permite hacer su festival del orgullo gay”, indica Lucero.
Tras ser contactado, vía telefónica, para consultar por qué tipificó el caso como homicidio y sobre estas declaraciones, el fiscal Montaño dijo que no puede dar cierta información a periodistas. “Yo no doy consultas, vayan a fijarse al cuaderno de investigaciones. No es pertinente hablar sobre estos temas. Vayan a ver el cuaderno de pruebas. No estoy autorizado para dar opiniones. La gente interesada tiene que ir al Ministerio Público o al tribunal”.
En Bolivia no existe la tipificación de crimen de odio, y éste es el principal inconveniente para el relevamiento de datos sobre asesinatos contra la población TGLB.
Ahora que se encuentra en debate la reforma del código de procedimiento penal, la Adesproc Libertad, junto a otras entidades que velan por los Derechos Humanos, presentaron el proyecto de ley para que el crimen de odio entre como un artículo. Ésta sería la piedra fundamental para empezar a trabajar sobre cifras fidedignas que generen incidencia en prevención, sanción y políticas públicas para este sector vulnerable.
“Yo no quiero ni pensar todo lo que tiene que pasar la gente que le matan a su familia. Todos nos han ayudado, hasta los vecinos. Pero la Policía siempre mal, no sé por qué, tal vez porque mi hija era transexual, por eso hay odios tal vez. A nadie le deseo que pase por este calvario que tenemos que pasar para solamente obtener justicia. Mi hija ya no va a volver a vivir”, indica el padre de Dayana Kenia.
Mientras la madre sigue presionando en todas las audiencias, aunque la prensa poco a poco dejó de interesarse por el tema. Ahora todo depende del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, mientras la madre repite: “No me puedo explicar, por qué una vida vale más que otra, si todos somos seres humanos”.