Con cuatro asesinatos violentos de mujeres trans, 2024 se ha convertido en el año más violento, en el que por primera vez hubo una tipificación como feminicidio. Entre los pocos avances de esta gestión están los administrativos, que consiguieron la cobertura del seguro de salud dentro de las uniones libres. Sin embargo, hay preocupación por el estancamiento normativo y los casos de violencia, que son un síntoma de retroceso.
Bolivia atraviesa una crisis política, económica y social que se vió profundizada en 2024 por la falta de dólares, combustible, medicamentos y alimentos. A ellos se suman las protestas y bloqueos impulsados por la ruptura interna dentro del partido de Gobierno. Los efectos se siente en los bolsillo de la población, en especial de los sectores más vulnerables, entre los que está la comunidad LGTBI.
2024 el más violento, síntoma del retroceso
La noche del 28 de octubre, Yumiko caminaba por las calles de Cochabamba, Bolivia. Iba al trabajo al igual que muchas otras mujeres lo hacen. Pero a su paso se encontró con un grupo de personas que se acercó a agredirla.
No se trataba de un asalto o una pelea. La golpiza fue hecha con tal saña, odio y violencia extrema que le causó una muerte cerebral, misma que días después apagó todo su cuerpo.
“En cuestión de los derechos humanos de la población LGTBI no hemos tenido ningún avance este 2024. Al contrario, estamos retrocediendo, estamos volviendo a situaciones vividas en años anteriores. Este año hemos podido evidenciar de cerca casos muy fuertes de violencia física hacia la población LGTBI, incluso asesinatos. Junto con la Defensoría del Pueblo, estamos viendo que podemos implementar en la gestión 2025 para frenar esto”, señaló Moira Andrade, directora general de la Red Trebol de Bolivia y referente nacional para la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans.
Altar del Movimiento Trans Bolivia
De acuerdo con datos recabados por Red Trebol, este año fueron cerca de 70 las denuncias realizadas por hechos de violencia y discriminación en contra de la comunidad LGTBI. Para la comunidad, esto es síntoma de retrocesos más que de avance.
Yumiko, como muchas de las mujeres trans, ante la falta de oportunidades, se dedicaba al trabajo sexual. Su caso, no ocupó un lugar en medio de la agenda noticiosa, que en ese momento giraba en torno a la crisis social. Del crimen sólo quedó el pedido de justicia de sus compañeras en las redes sociales y la búsqueda de ayuda para poder darle sepultura.
El asesinato de Yumiko es el cuarto crimen de odio registrado en Bolivia durante 2024 y el tercer transfeminicido del año, de acuerdo al Observatorio de los Derechos LGBT. El número es el más alto registrado públicamente entre las cifras anuales reportadas en los últimos 15 años, en los que suman 28 crímenes de odio, de los que 21 son feminicidios.
Pero estos solo son los casos corroborados con testigos o reportes de medios de comunicación. En la memoria colectiva de la población lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer (LGTBIQ+), las cifras de quienes fueron asesinadas por prejuicios a su identidad sexual superan las 70. Y es que el Estado como tal no tiene una base de datos oficial, los únicos que se conocen son los que construyen los colectivos y con apoyo de las ong.
“Estos datos no se tienen desagregados por orientación o por identidad ni en el ministerio público, la fiscalía, la policía u otra entidad estatal. Por eso tenemos el Observatorio”, afirmó Stephanie Llanos de La Asociación de Desarrollo Social y Promoción Cultural (ADESPROC) Libertad GLBT.
El 10 de abril, “Yessica”, como la conocían sus compañeras, fue llevada por dos hombres -por medio de engaños- a un cementerio de Santa Cruz, para obtener un servicio sexual. En el lugar la obligaron a desnudarse, la despojaron de sus cosas y luego la atacaron brutalmente. Le cortaron el pelo, le rompieron los dientes, le cortaron el rostro y la degollaron.
Pese a las señales de la zaña usada, su caso, no fue tipificado como un feminicidio, ni como un asesinato en razon de su identidad de genero, mucho menos como un crimen de odio. Los autores fueron encontrados y las autoridades afirmaron que el movil del asesinato fue un robo.
Tampoco se presentó a la víctima como una mujer trans, sino como un varón de 30 años, identificado como Yerko Mariobó.
“Cuando se encuentra a una persona sin vida, para identificarla se basan únicamente en la parte genital. Por eso para nosotras es uno de los desafíos más grandes el tener acceso a la justicia”, sostuvo Llanos.
Así, los crímenes de odio y transfeminicdios se pierden entre las estadísticas, ya de por sí muy frías.
Marcha de la Diversidad en Bolivia
“No se cuenta con datos estadísticos oficiales porque las autoridades no registran a las víctimas respetando su identidad de género. Se basan en los documentos de identidad oficiales (cédula de identidad), los cuales muchas veces no registran la identidad con la que las víctimas vivían o eran conocidas”, señaló desde la Defensoría del Pueblo, Paola Tapia, jefa de la Unidad de Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad y Diversidades Sexuales.
Pero además, la discriminación por parte de las utoridades y de la sociedad genera otra causa para el subregistro. El miedo a revelar su identidad. Este es el motivo por el que gran parte de los crímenes de odio por homofobia o transfobia no son denunciados.
“Estimamos que sólo una de cada 10 personas TLGB denuncia un hecho homofóbico. Otras nueve callan por temor a revelar su identidad”, señaló el presidente del Colectivo TLGB de La Paz, Cristofer Quiller.
La primera tipificación como feminicidio de un asesinato de una mujer trans
Apuñalada violentamente, desangrada y en el olvido así murió Noelia, una mujer trans de 21 años de edad, el pasado 30 de abril en una hostal de la ciudad de Oruro. Fue víctima del odio de su agresor, un adolescente de tendencias homofóbicas que, según las investigaciones, planeó el crimen días antes de siquiera conocer a su víctima.
Su cuerpo fue encontrado dos días después del crimen. La sociedad no notó su ausencia, así como no aceptó su vida. Allí estuvo dos días en su habitación. Solo la encontraron porque era hora de cobrarle el alquiler.
“El asesinato de Noelia es un feminicidio”, el fiscal deparatmental de Oruro, Aldo Morales, pese a los cuestionamientos de periodistas y otros sectores. “La identidad de género de la víctima era femenina, así lo reconoce la Ley 807 y por tanto es un feminicidio”, sostuvo.
“A la fecha solo hay dos casos de crímenes de odio en contra de la población LGTBIQ+ tienen sentencia, ambos por homicidio. En el caso de Noelia en Oruro se hizo una tipificación por feminicidio, ahora queda esperar que haya una sentencia. En este caso los medios y las autoridades han respetado la identidad de género”, manifestó Llanos.
Para la comunidad LGBT este reconocimiento es muy importante. Por primera vez se podría conseguir una sentencia por feminicidio, para el asesinato de una mujer transgenero. El caso de Noelia no será un simple homicidio.
Para Andrade si bien hay la figura de feminicidio a la que se podría acceder, es lamentable que no se pueda tener en una sentencia en la que se plasme la figura de transfemincidio para visibilizar la situación de esta población. “Debemos seguir pidiendo políticas públicas y denunciar la ausencia del Estado”, sostiene.
En su balance, Gabriela Blas, representante del colectivo Wiñay Wara, señaló que un tema que cada año queda pendiente es el tema de los crímenes de odio. “Es algo que nos afecta y en especial a la población trans de manera recurrente.
“Si bien hace dos años se hizo un intento de hacer las modificaciones en el código penal, no se ha logrado. este año tampoco hubo avances en el tema”, afirmó.
Seguro social para las uniones libres, entre los pequeños avances
“Los avances han sido muy escasos, hubo pequeñas cosas a nivel administrativo, como el tema de darle mayor efectividad a las uniones libres. En específico, con una resolución de la Defensoría del Pueblo se ha podido acceder al tema de seguro social para las parejas que lograron la unión libre”, indicó Blas.
En 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional Nº 0577, fechada el 22 de junio de 2022 y que da vía libre al registro de las uniones de hecho de personas del mismo sexo en el Servicio de Registro Cívico (Serecí), a consecuencia de una demanda interpuesta por David Víctor Uruquipa Pérez y Guido Álvaro Montaño Durán, en 2018.
Si bien el documento es histórico y reconoce el derecho de acceder a una unión libre entre personas del mismo sexo, esta aún no reconoce varias de las afectaciones que conlleva el no acceder a este reconocimiento. La cobertura del seguro social, la sucesión, los bienes mancomunados o la filiación, son temas que no fueron tomados en cuenta de forma específica.
Por ello, en temas administrativos, la resolución defensorial se encuentra entre los pequeños avances para hacer efectiva la sentencia que reconoce las uniones libres.
“Esta resolución señala que a simple presentación del certificado de unión libre ya se puede acceder al tema del seguro, lo cual hasta el año pasado no era posible. Se han hecho varias reuniones con el Sereci y aún hay varios temas que no se han resuelto”, explicó Blas.
Con ello se simplificaron los temas administrativos. Asimismo, se trabajó en la socialización del tema con los funcionarios que intervienen en todo el proceso.
La resolución nace de una serie de gestiones realizadas ante las instituciones competentes desde 2023. Aunque aún no se concretó también hay avances en los temas de sucesión se avanzó en temas de sucesiones.
“Hay algo en lo que no se pudo avanzar, porque involucra otras instancias, en el tema de la filiación. El Sereci se lava las manos, porque dice que todo lo que no está en la sentencia debe ser tocado en el Legislativo, como el tema de la filiación”.
Un estancamiento normativo
En 15 años, Bolivia aprobó ocho leyes para la protección de esta población como: la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, la 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la 807 de Identidad de Género, el Código de las Familias y el Proceso Familiar, el Decreto Supremo 1022,que declara el 17 de mayo de cada año como el Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia, el 189 que declara el 28 de junio como Día de los Derechos de la Población con orientación sexual diversa en Bolivia y el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.
Bolivia se prepara para el 4to Ciclo del Exámen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU). La anterior recomendación de este examen alertaba un mínimo avance en cuanto al tema.
“Recomendación : 115.14 Seguir luchando contra la discriminación mediante la elaboración de legislación específica destinada a luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad, orientación sexual, identidad de género o condición social”, señala la recomendación hecha por el Honduras al Gobierno boliviano.
“La recomendación se cumplió mínimamente el 21 de mayo de 2016 cuando se promulgó la Ley 807 de Identidad de Género, que tiene por objeto establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género, siempre que se trate de personas mayores de edad”, afirma el documento.