En la última década se registraron 64 asesinatos de personas LGBTI en Bolivia; de ellos sólo 14 llegaron a un proceso de investigación y ninguno obtuvo sentencia, según la Defensoría del Pueblo. Detrás de las cifras develadas, y pese a los avances del país en materia de legislación, hay otras muertes silenciadas, casos de discriminación y violencia contra la comunidad de diversidad sexual.
En octubre de 2012, la transexual Luisa Durán fue asesinada con 52 puñaladas en Santa Cruz. En esa misma ciudad, en abril de 2016, Dayana Kenia Zárate fue victimada en el local gay de su propiedad; hallaron el cuerpo de la mujer trans ensagrentado, maniatado, con heridas punzocortantes en el cuello y quemaduras de cigarro en el rostro.
“Ambos crímenes siguen impunes y son apenas dos de los casi 70 asesinatos a personas LGBTI en 11 años. El sistema judicial no está respondiendo para frenar estos delitos de discriminación y violencia por opción sexual e identidad de género”, asegura el activista Martín Vidaurre, director de la ONG Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC).
Esa situación de violencia y discriminación contra esa población es similar en la región, según se constató en la Cumbre Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. El encuentro reunió a delegados de Bolivia, Perú y Ecuador en La Paz y finalizó el miércoles 17, Día contra la Homofobia y la Transfobia, con una marcha.
Ese día, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre el tema: “El fundamentalismo religioso y la intolerancia en todas sus formas han desencadenado no sólo en acontecimientos vulneratorios de derechos humanos, sino incluso crímenes graves con desenlace trágico, como los más de 64 asesinatos de personas LGBTI en el país en los últimos 10 años, de los cuales sólo 14 llegaron a un proceso de investigación y ninguno obtuvo sentencia, quedando estos delitos en la impunidad, sin mencionar los casos de discriminación y violencia no denunciados o abandonados por temor a represalias”, dice el pronunciamiento. Y sobran ejemplos: en 2007, seis personas que participaban de la Marcha del Orgullo Gay resultaron heridas por un explosivo lanzado en el evento. En 2009, Virginia Huanca, lesbiana, fue golpeada, violada y asesinada.
En 2015, en Chuquisaca, hubo cuatro crímenes: el activista gay Bladimiro de Jesús Macea Ramos fue muerto con dos disparos en su peluquería, la líder transexual Camila Flores fue asesinada como sus compañeras trans Charol y Paloma. En 2016, en Santa Cruz, fue asesinada la transexual Carla Suárez; su cuerpo fue hallado con rotura de extremidades superiores e inferiores, una abertura en la cabeza y con signos en la espalda de haber sido arrastrada. Hay más casos.
El pasado domingo 7 de mayo en Sucre un estudiante gay de 22 años de la carrera de Economía de la Universidad de San Francisco Xavier se suicidó aparentemente por acoso. “De acuerdo al testimonio de sus amigos, varios miembros de su familia a lo largo de su vida le habían expresado rechazo, insultos y violencia de diversas formas debido a su orientación sexual. Esas situaciones de homofobia habían ocasionado en él heridas emocionales y afectivas, que finalmente quebraron su interior y su sentido de existencia” dice el informe defensorial.
“Bolivia está a la vanguardia en leyes en favor de la población LGBTI, pero aún hay muchos retos: hay que hablar desde el colegio, con información no hay homofobia, transfobia, ni discriminación ni violencia. Es necesario poner un alto al crimen de odio en el nuevo código de procedimiento penal”, dice Vidaurre.
Bolivia, a la vanguardia en políticas LGBTI antidiscriminatorias
Bolivia está a la vanguardia en leyes y, junto a Argentina, encabeza en políticas LGBTI. Esa es una de las conclusiones de la Cumbre Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, realizada en La Paz la semana pasada.
En el encuentro, organizado por el proyecto “Adelante con la Diversidad Sexual: cambio e innovación social para el ejercicio pleno de los derechos LGBTI” de la ONU, participaron representantes de Bolivia, Perú y Ecuador; además de diplomáticos de Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia.
“Durante tres días hemos podido ver avances en el Cono Sur y cómo se han implementado las políticas LGBTI que van en contra de la discriminación. Se va a trabajar en forma conjunta contra la intolerancia. Otra conclusión es el apoyo total de todos los países a la Ley de Identidad de Género”, informó la adjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado. “Tenemos 10 leyes nacionales que incluyen la diversidad sexual y la identidad de género. La boliviana es la quinta Constitución en el mundo que prohíbe la discriminación por identidad sexual. Hay además cuatro decretos supremos y 14 ordenanzas municipales que abordan el tema”, dijo Martín Vidaurre, representante de CDC, que organizó la cumbre.
“No es el mismo escenario político, pero las estrategias las compartimos con otros países para trabajar juntos”, recalcó