El proyecto mantiene la pena actual de hasta tres años de prisión por actos sexuales entre personas del mismo sexo y prohíbe la financiación, el patrocinio o la promoción de actos LGBTQ+, con penas de prisión de entre tres y cinco años.
Además, introduce la obligación de denunciar actos homosexuales ante la policía u otras autoridades, y modifica la Ley de Extradición de Ghana de 1960 para que los delitos contemplados en la nueva ley sean extraditables.
La legislación también introduce salvaguardas legales que no figuraban en el texto original.
Bajo las nuevas disposiciones modificadas, no serán sujetos a castigo los periodistas ni las organizaciones de medios de comunicación que informen o cubran asuntos relacionados con el colectivo en el transcurso de sus deberes profesionales.
Asimismo, la ley exime de penalizaciones a los abogados que brinden asesoría legal o representación jurídica a personas identificadas como LGBTIQ+, así como a los profesionales médicos que ofrezcan servicios quirúrgicos, psicológicos o de asesoramiento.
El proyecto de ley provocó el rechazo de la oposición parlamentaria al argumentar que los cambios sugerían de forma implícita que la versión original del texto era “defectuosa” y no apta para su propósito.
Sin embargo, fue aprobado por votación a “viva voz” tras la recomendación unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, según declaró el primer vicepresidente del Parlamento, Bernard Ahiafor.
El texto pasa ahora a manos del presidente ghanés, John Dramani Mahama, quien asumió el cargo el año pasado y se enfrenta a una fuerte presión por parte de líderes religiosos y de su propio partido, el Congreso Nacional Democrático, para sancionar la ley de manera definitiva.
Según la Constitución de Ghana, el presidente tiene un plazo de siete días hábiles desde el momento en que recibe el documento para promulgar el proyecto.
La primera versión de esta ley fue aprobada inicialmente el 28 de febrero de 2024, bajo la antigua administración de Nana Akufo-Addo (2017-2025).
Sin embargo, el expresidente impidió la entrega física de la ley contra la comunidad LGBTQ+ tras recibir demandas de inconstitucionalidad, lo que congeló el proceso legal. Al no registrarse formalmente el documento, el plazo nunca se inició, provocando que la ley caducara al expirar la legislatura.
De los más de sesenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, una treintena se encuentran en África, donde la mayoría de estas leyes son herencia de la etapa colonial.
EFE