La violencia política basada en estereotipos de género no es un fenómeno aislado, sino una violación estructural de derechos humanos que compromete la igualdad sustantiva, restringe la participación democrática y erosiona los principios de pluralismo y representatividad sobre los que se fundamenta un Estado democrático de derecho. Según el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), la violencia política hacia las mujeres comprende acciones u omisiones, directas o indirectas, basada en el género, que limita o impida el ejercicio de sus derechos políticos. En el caso de las mujeres lesbianas, esta violencia se agrava por la intersección entre discriminación de género y prejuicios contra orientaciones sexuales no normativas.
La Comisión ha recibido información sobre barreras estructurales y la insuficiencia de medidas de protección en espacios de representación política. Mujeres lesbianas en cargos públicos enfrentan amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, sanciones por sus posturas en favor de la diversidad, así como violencia digital y física, orientadas a deslegitimar su liderazgo y limitar el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, la CIDH ha otorgado medidas cautelares y realizado llamados a la justicia en casos de violencia, incluidos hechos de carácter letal.
Estos hallazgos coinciden con lo señalado por el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, quien ha advertido que los marcos jurídicos sobre violencia política tienden a tratar a las mujeres como una categoría homogénea, sin atender las experiencias diferenciadas de mujeres lesbianas y trans.
Si bien la Comisión reconoce avances en la región -como la adopción de leyes integrales en la materia, acciones positivas para incrementar la participación de las mujeres en la política, reformas a la normativa existente sobre violencia basada en género y el fortalecimiento de mecanismos institucionales de prevención y sanción-, subraya la necesidad de consolidar estos esfuerzos para garantizar el derecho de las mujeres, en toda su diversidad, a participar en la vida política libres de violencia y discriminación.
La Convención de Belém do Pará establece el derecho de todas las mujeres a participar en la vida pública sin violencia ni discriminación, lo que obliga a los Estados a actuar con mayor diligencia, considerando factores interseccionales de vulnerabilidad. En este contexto, la CIDH insta a los Estados a adoptar y fortalecer marcos normativos sobre violencia política contra las mujeres tomando como base la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política y sobre Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género, que incluyen expresamente la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas.
La CIDH urge a los Estados a adoptar medidas integrales que garanticen la participación política de las mujeres lesbianas, incluyendo acciones afirmativas, marcos normativos adecuados y mecanismos efectivos de prevención y protección. Asimismo, llama a fortalecer la recolección de datos desagregados sobre violencia basada en prejuicios por orientación sexual e identidad de género, y a implementar estrategias sostenidas que transformen los patrones socioculturales que perpetúan la discriminación, abordando tanto las causas estructurales como las manifestaciones de la violencia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.