La hondureña Leonela Zelaya apareció muerta con una puñalada en el pecho en una calle de Comayagüela, al norte de Tegucigalpa, el 7 de septiembre de 2004, cinco días después de haber sido arrestada. Su cadáver pasó toda la noche en el piso sin ser retirado.
Zelaya, quien se desempeñaba como trabajadora sexual, fue detenida tres veces ese año de manera «ilegal» y «arbitraria», señaló la Corte IDH.
Un mes antes, durante la segunda detención, fue golpeada con porras y culatazos y le negaron asistencia médica pese a tener heridas visibles y fiebre por las palizas, denunció la organización de derechos humanos Robert & Ethel Kennedy.
La Corte IDH, con sede en San José (Costa Rica), declaró la «responsabilidad internacional» de Honduras «por las violaciones» a los derechos humanos de Zelaya, según una sentencia leída por el juez Rodrigo Mudrovitsch, presidente del organismo.
«El Estado incurrió en graves deficiencias en la investigación de su muerte», tales como no identificarla adecuadamente ni explorar hipótesis vinculadas al contexto de violencia contra mujeres trans, señaló el fallo.
Además, «excedió el plazo razonable en la investigación», todo lo cual vulneró los derechos de su pareja, Thalía Rodríguez, agregó la Corte IDH, que recordó que Zelaya vivía en condición de pobreza y era portadora de VIH.
El tribunal estableció como medidas de reparación que el Estado realice una «investigación penal» y, de ser el caso, que juzgue y eventualmente sancione a la persona o personas responsables de la muerte de Zelaya.
Organizaciones de derechos humanos hondureñas han denunciado en repetidas ocasiones asesinatos y agresiones a personas de la comunidad LGBTI, en un país conservador con gran influencia religiosa.