En esta oportunidad recuerda a los Estados sus obligaciones internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género y prejuicios, garantizando el derecho de las personas trans a vivir libres de violencia.
En la región, persisten altos niveles de violencia motivada por prejuicio, que se ayuda de contextos sociales de discriminación e impunidad. Estos hechos afectan de manera desproporcionada a mujeres trans y a personas de género diverso cuya expresión es percibida como femenina. Las personas trans enfrentan riesgos específicos y elevados de exclusión, agresión y asesinatos, usualmente cometidos con saña y extrema crueldad, lo que evidencia la urgencia de respuestas estatales efectivas. Según datos de la sociedad civil, al menos 159 personas trans fueron asesinadas en la región en 2025, 131 se identificaban como mujeres.
La Comisión reconoce los avances alcanzados por varios Estados que han incorporado la identidad o expresión de género como agravante en delitos motivados por prejuicio. Sin embargo, solo 14 Estados cuentan con normas de este tipo, lo que demuestra la necesidad de fortalecer los marcos legales y las políticas públicas para garantizar una protección integral y efectiva frente a la violencia.
En contraste, la CIDH ha observado con preocupación la adopción de medidas regresivas en diversos Estados que contradicen los estándares internacionales de derechos humanos. Estas incluyen intentos de restringir el reconocimiento legal de la identidad de género, limitar el acceso a servicios de salud y tratamientos afirmativos, o censurar contenidos sobre diversidad de género en la educación. Tales acciones profundizan la exclusión social y fomentan discursos estigmatizantes que aumentan el riesgo de la violencia.
De acuerdo con los estándares interamericanos desarrollados a partir de la Convención de Belém do Pará, los Estados deben aplicar la debida diligencia reforzada para prevenir la violencia contra todas las mujeres, incluidas las mujeres trans. La CIDH enfatiza que los marcos jurídicos existentes sobre violencia basada en género deben aplicarse de forma inclusiva, asegurando la investigación y sanción de los transfeminicidios y la protección real de las personas trans y de género diverso.
La Comisión exhorta a los Estados a implementar con urgencia las leyes y políticas públicas vigentes en materia de prevención y erradicación de la violencia basada en género, incorporando una perspectiva que reconozca la diversidad de identidades y expresiones de género.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.