Carla y Dayanara fueron brutalmente golpeadas. Fernanda murió sin atención médica. La madrugada del sábado, la activista trans Catalina Parada fue víctima de un ataque de odio en el que uno de sus amigos le asestó ocho puñaladas en víspera de su cumpleaños. Su caso es el tercero en lo que va del mes. La crisis sanitaria ha desnudado una serie de vulnerabilidades que deja a esta población en la total indefensión y pobreza.
“No fue un día para celebrar, esto marcó mi vida para siempre, uno no sabe con quién comparte. Mi vida casi fue arrebatada por un supuesto amigo que se perdió por la mezcla de bebidas alcohólicas. Fui atacada sorpresivamente con varias puñaladas. Me dejó tirada en el piso y él se dio a la fuga”, relató en su cuenta de Facebook la activista trans -de 25 años- Catalina Parada.
El examen forense da cuenta de ocho puñaladas que le causaron heridas de distinta magnitud en el rostro, el cuello, el tórax, brazos y piernas. La denuncia ya fue hecha y se busca al autor del intento de feminicidio a una mujer trans.
Catalina es trabajadora sexual, como la gran parte de las mujeres trans. Muchas, por su condición de extrema pobreza, de constante discriminación y vulnerabilidad, ve en este oficio una forma de conseguir sustento.
Por las restricciones de la cuarentena se quedaron sin estos ingresos y sin los pocos trabajos eventuales y poco remunerados que antes les ayudaba a pagar alquileres y alimentos.
“En una encuesta que levantamos entre las compañeras de Santa Cruz, hemos advertido que el 70% vive en una habitación en alquiler en condiciones muy precarias. En muchos casos viven entre varias para solventar gastos, una situación que se ha agravado con la pandemia. Muchas están siendo botadas de sus casas”, explicó el activista transfeminista Denilson Montaño.
Es el caso de Carla. La madrugada del viernes 3 de julio salió a trabajar de forma clandestina. Se encontraba entre la calle Ingavi y la avenida Cañoto, cuando un hombre se le acercó para pactar un servicio sexual.
Tras una breve charla, Carla decidió cobrar por adelantado, lo que desencadenó un brutal ataque. Fue golpeada hasta quedar inconsciente. Solo recuerda haber despertado en media calle completamente ensangrentada.
Y es que cuando el hambre apremia, las restricciones vigentes ya no son la prioridad y tampoco lo es el miedo de lo que pueda pasar. No ayuda que gran parte de las trans no han podido acceder al bono universal ofrecido por el Gobierno.
“Es preocupante, pero cerca del 10% no tiene ningún tipo de documento de identidad, ni siquiera certificados de nacimiento, lo que les impide ejercer su ciudadanía”, explicó Álex Bernabé del Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género de Santa Cruz y la Fundación Igualdad LGBT y RHRN.
Pero no solo es la falta de un documento de identificación. Los trámites de cambio de identidad de género se han detenido por la presencia del Covid-19 en el país, lo que se suma a lo ya burocráticos que eran.
Aunque varias tienen un documento de su anterior identidad, surge el problema cuando lo presentan y esa no coincide con la actual y con su nueva apariencia. Por eso se ven obligadas a salir a las calles en plena crisis.
El sábado 4 de julio, cerca las 2:30, se perpetró un nuevo ataque. Esta vez la víctima era Dayanara. Su posible cliente tenía la apariencia de un guardia de seguridad. Llevaba botas, un pantalón azul y una chamarra oscura. Era alto y muy fornido.
Al igual que en caso de Carla la violencia se desencadeno porque Dayanara decidió cobrar primero. Fue atacada y cuando ya se encontraba en el suelo, él la amenazó con darle un golpe mortal con un ladrillo.
“Igual que en cualquier caso hemos tenido que ser nuestros propios investigadores y conseguir las pruebas. Hemos pedido las imágenes de las cámaras de seguridad y ya las tenemos”, indicó Bernabé.
“Nuestras vidas están expuestas a muchos peligros por hombres homofóbicos transfóbicos. No estoy sola, buscaré justicia para mí y para que mi agresor esté en la cárcel por lo q me hizo. Muchos agresores violentos circulan por redes sociales y por fuera de ellas”, publicó Catalina para pedir justicia.
Murió por prejuicio y falta de prueba Covid
El 27 de mayo, al promediar las 23:00, Fernanda llegó al centro de salud Lazaretto sin ningún síntoma de Covid-19. Estaba inconsciente y con heridas en la cabeza y en la pierna. Estuvo en puertas del nosocomio, sin atención y ya agonizante por 12 horas.
Nadie se acercó a ella por temor a que lo que tuviera sea coronavirus. Horas antes, el personal de ese centro pidió ayuda al Defensor del Pueblo, pues se vieron a si mismos insuficientes ante este caso.
La notificación llegó al Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género de Santa Cruz, que logró contactarse con un familiar y solicitó auxilio a las autoridades gubernamentales departamentales.
Mientras se hacían las gestiones, la hermana de Fernanda se la llevó a su domicilio.
Horas más tarde la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz dio luz verde para el traslado al Centro Pueblo Nuevo. Allí le realizaron varias pruebas, menos la de Covid-19.
El viernes 29 de mayo, Fernanda fue retirada del sanatorio debido a que los médicos suponían que era un riesgo para el resto de los pacientes y que necesitaba atención especializada. Sin más aclaraciones fue despachada con una nota de referencia al Hospital San Juan de Dios.
Allí el personal médico no la recibió por falta de espacio. Aunque se prometió la atención médica, nadie se le acercó. Sin esperanzas, su hermana se la llevó a su casa, donde murió el sábado 30 de mayo.