En primer lugar, lamentamos el asesinato del docente Luis Ernesto Sánchez Murillo, de la Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros, en el corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito. Luis Ernesto era un educador íntegro, comprometido con su labor pedagógica y con el desarrollo social de su comunidad. Su homicidio constituye una grave vulneración al derecho a la vida y un impacto directo en el goce efectivo del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en el territorio.
De manera paralela, denunciamos con alarma el incremento de la violencia letal contra personas LGBTIQ+ en el departamento. El pasado viernes, en Cali, fue asesinada Samantha, mujer trans reconocida por su oficio como estilista en la peluquería Francheska. Ese mismo día, en el municipio de Tuluá, la violencia se repitió contra Shaira Patiño, también mujer trans, quien fue víctima de un ataque armado: resultó baleada y perdió la vida en un centro asistencial.
Entre enero y agosto de 2025, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo documentó el asesinato de cinco personas LGBTIQ+ en el Valle del Cauca: tres mujeres trans, un hombre trans y un hombre gay. Con los tres nuevos casos registrados recientemente, la cifra asciende a ocho personas LGBTIQ+ asesinadas en lo corrido del año en este departamento. A ello se suma la muerte sospechosa de un hombre trans ocurrida en las instalaciones del CAI Las Flores, en Palmira, de la cual aún se esperan los resultados de las investigaciones que esclarezcan los hechos.
Con este panorama, el Observatorio de Caribe Afirmativo registra un total de 58 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia en 2025. Estos hechos no pueden entenderse como casos aislados: configuran un patrón sistemático de violencia por prejuicio, producto de la exclusión histórica y estructural que han enfrentado las personas LGBTIQ+ en Colombia. Por su gravedad y recurrencia, estos crímenes deben ser investigados, juzgados y sancionados bajo el enfoque de crímenes de odio, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia constitucional colombiana, que obliga al Estado a garantizar verdad, justicia y no repetición.
En ese sentido, instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación penal rigurosa y con enfoque diferencial que permita esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación frente al aumento de la violencia en el departamento del Valle del Cauca y exigimos que se garantice una investigación con enfoque de derechos humanos y de género, que no solo esclarezca lo sucedido, sino que brinde justicia y reparación a las víctimas.