“Soy de origen aimara y pertenezco a la comunidad de Bella Vista Marka en la provincia Nor Carangas de Oruro”, comenta.
“Cuando llegó el momento de notificar en mi comunidad, yo dije que me iban a rechazar. Para el empadronamiento entraban los hijos mayores, los hombres, entonces cuando yo voy a mi comunidad pensé que me iban a rechazar, cuando fui a la institución que nos entrega los títulos de las tierras, igual. Pero no iba a dejar que me discriminen”, relató.
A pesar del miedo, Brígida se llevó una sorpresa. “Fue todo tranquilo, pensé que iba a haber rechazo, pero no pasó”. Ahora el título de la tierra está a su nuevo nombre.
La Ley de Identidad de Género, promulgada hace dos años, el 21 de mayo de 2016, ha reconocido un derecho fundamental, que es que “una se identifique como se ve y se siente”, según colectivos trans. Sin embargo, el sector busca ahora consolidar otros derechos: a la familia y adopción, cupos laborales, cupos en la política e incluso un subsidio.
Según la experiencia de cuatro mujeres trans, el proceso de cambio de identidad fue bastante sencillo y las instituciones cumplieron con sus funciones; pero reconocen que todavía no hay mucho que caminar. Luna Humérez una trans de La Paz de 25 años, junto a otras dos personas, fue una de las primeras en acceder a este proceso tras la promulgación de la ley. “Fue rápido. Pero el mío fue un caso público porque fue el primero. Otras personas si tardaron más y tuvieron algunos problemas”, contó.
Por su parte, Kelly Antelo (35) de Cobija dijo que el trámite “es un poco burocrático, pero lo hice sin problemas”.
Asimismo, Mariana de Santa Cruz señaló: “El proceso fue muy bueno, no tuve por mi parte ningún inconveniente”.
En tanto, Brígida relató la emoción del día de su cambio de género: “El trámite fue una experiencia emocionante, esperamos años que se llegue a dar. Cuando presenté mis documentos fue exitoso, porque aquí están muy informados. En un mes salieron mis documentos. Luego fui a notificar a las instituciones, a mi comunidad”, explicó.
Derechos
A pesar de la Ley de Identidad, de salir de la oscuridad y el anonimato, la población trans considera que hay otros derechos por los que debe luchar, aunque hay algunas divergencias sobre qué derecho. Todas están de acuerdo en que la inclusión laboral y la salud deben ser prioridad en la lucha, pero hay otros sectores importantes que exigen el matrimonio, la adopción de hijos y cupos en la política.
Raiza Torriani, de Cochabamba, la tiene clara: “Las mujeres, los hombres trans no exigimos el matrimonio, eso no estaba en nuestra agenda”, aseveró, a tiempo de señalar que hay aspectos más importantes por los que protestar.
“Lo que sí se trabaja es una ley que garantice la inclusión laboral de las trans, porque muchas trans que terminaron su carrera, que estudiaron con el miedo, sin mostrar su identidad, ahora quieren trabajar como profesionales, por lo que tiene que haber cupo laboral para ellas y ellos. Tanto en empresas públicas como privadas”, dijo. El mismo criterio comparte Kelly. Ella es funcionaria de la Alcaldía de Cobija y asegura que el matrimonio no es su prioridad, pero que lo apoyaría por las demás.
“Te doy mi opinión personal, estoy contra el matrimonio, no soy parte. Apoyaría la ley, pero por las demás que sí quieren contraer matrimonio, que sueñan casarse. Pero para mí, no. Con el cambio de identidad me siento completa, es lo que yo quería. El tema de adopción también es algo delicado”, dijo.
Eso sí, Kelly prepara un proyecto de ley regional de inclusión política que obligue a los partidos a tener candidatos trans o LGBT. “Nosotros tenemos que trabajar para ser tomadas en cuenta, acá en Pando estoy trabajando en una ley de participación política, de candidatura política. Los partidos políticos no toman en cuenta estas poblaciones”, mencionó.
Sin embargo, Brígida y Luna opinan algo diferente. Están de acuerdo con la lucha por inclusión laboral, pero creen que el acceso a matrimonio sí es importante. Si bien la ley permite el cambio de identidad, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de noviembre de 2017, declaró inconstitucionales el matrimonio y la adopción de hijos.
La orureña relató que hay muchas trans que quieren formar su familia o casarse. “Es una ilusión que tengo. Yo con mi pareja queríamos casarnos”, dijo.
En este sentido, lanzó dardos a la Iglesia, que fue la institución que interpuso el recurso ante el TCP. “En ningún momento somos personas enfermas, como dice la Iglesia. Hay mentiras que se manejan contra nosotros”, mencionó.
Para la estudiante universitaria, también falta que se les dé un pleno acceso a la salud, ya que muchos trans no pueden acceder a los medicamentos y especialistas que se requieren para el cambio físico de sexo y terminan por automedicarse.
En la misma línea, Luna aseguró que el fallo del TCP que cortó los matrimonios trans es una violación a sus derechos fundamentales. Ella fue la primera en contraer matrimonio entre personas trans, a fines de 2016, y luego le siguieron siete parejas más, hasta que el tribunal frenó los casamientos en seco.
“Contraje matrimonio el 30 de diciembre de 2016, fue el primer matrimonio legal, ahora soy una mujer felizmente casada, pero eso no quiere decir que deje de luchar, hay muchos derechos que nos hacen falta”, dijo Luna.
Contó que luego de la sentencia del tribunal, muchas parejas se desilusionaron.
Respecto a la adopción de hijos, aseveró que por ahora no está en sus planes, pero sí en el futuro. “Hay grupos trans que no quieren matrimonio, hay otros grupos que sí, y tenemos que pensar en todos”, concluyó.
HAY 178 CAMBIOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Según datos del Servicio General de Identificación personal (Segip), desde la implementación de la Ley de Identidad de Género en mayo de 2016, un total de 178 personas cambiaron de identidad de género y accedieron a documentos con sus nuevas identidades.
La mayor parte de los trámites de cambio de identidad se realizaron en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
En el departamento de Cochabamba, se registraron 59 trámites de cambio de identidad, según la red Trebol.
PIDEN SUBSIDIO E INCLUSIÓN LABORAL
Raiza Torriani alista dos proyectos a favor del sector en el periodo 2018-2023: Una ley de inclusión laboral que obligue a empresas e instituciones públicas y también a las privadas a dar cupos laborales a las personas trans. Otro proyecto importante es un subsidio para el sector.
“También trabajamos por una ‘reparación’ del Gobierno para las personas que han sufrido tantos años ocultas, sin su identidad, sin trabajo, excluidas. Estamos hablando de un subsidio”, explicó.
DATOS
La Ley de Identidad de Género cumple dos años. Fue promulgada el 21 de mayo de 2016 y entró en plena vigencia el 1 de agosto del mismo año, tras la elaboración del reglamento.
Día de la lucha contra la homofobia y transfobia. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la fecha también fue declarada como día nacional.
Alistan el mes de las diversidades. Los colectivos y grupos LGBT alistan actividades para junio, denominado mes de las diversidades. El 28 de junio es el Día del Orgullo LGBT.
La Ley 045 prohíbe toda forma de discriminación. La Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación es el instrumento legal para eliminar este tipo de acciones y consolidar políticas públicas de protección y prevención.
Para cambiar de identidad. Carta de solicitud, examen técnico psicológico, certificado de nacimiento, mayoría de edad, certificación de datos emitido por el Segip, certificado de libertad de estado civil, certificado de descendencia, certificado del Rejap y fotografía actualizada.
HAY 65 CASOS DE VIOLENCIA Y SÓLO UNA SENTENCIA
La población transgénero y transexual sigue siendo una de las más vulneradas en sus derechos en Bolivia. Según la dirigenta de la Red Trans Bolivia (Trebol), Raiza Torriani, más del 85% de los trans sufrió violencia, discriminación o bullyng. Sólo en 2017, siete personas fallecieron por transfobia o violencia, en diferentes departamentos. Estos casos nunca fueron revelados porque la justicia no procedió a su favor.
La Ley de Identidad de Género las sacó de la “oscuridad y el anonimato”, pero no solucionó todos los problemas. “La identidad sólo es un 20% del problema. El 80% restante es que la ley no cambiará a las personas y sus estereotipos culturales enraizados como la homofobia y la transfobia”, dijo Torriani.
Entre 2017 y marzo de este año se han registrado 65 casos de violencia. Entre estos, varios hechos gravísimos que llevaron incluso a la muerte de personas trans.Sólo uno llegó a sentencia condenatoria: la muerte de Dayana Kenya en noviembre de 2017, en Santa Cruz.
El resto de los casos quedó en la impunidad debido, en gran parte, por el accionar de las instituciones que tienen una mirada “machista” de la justicia. “La justicia en Bolivia tiene una mirada de hombre, es machista, si se ve a un trans golpeado la justicia lo toma como si fuera hombre”, indicó.
ALISTAN RECURSO ANTE CORTE IDH POR MATRIMONIO
La dirigenta y activista Luna Humérez informó que el sector presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), a fines de junio, acusando al Estado boliviano de haber vulnerado los derechos fundamentales de las personas trans y colectivos LGBT, al prohibir los matrimonios entre personas trans y también la adopción de hijos.
Asimismo, informó que se tiene listo el proyecto de ley de vida en familia, elaborado conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, que les daría la posibilidad de tener uniones civiles legales con responsabilidades y poderes. Pero este proyecto está trabado en la Asamblea Legislativa y no está previsto que entre a tratamiento en el corto plazo.
Luna lamentó estos atrasos, pero no se desanima. Dice que falta voluntad política en el Gobierno, pero que sobra voluntad y fuerza en el colectivo.
Fuente: lostiempos.com