El Tribunal de Sentencia 12 de Santa Cruz dispuso sancionar con la pena máxima de la legislación boliviana a Alex Villca Valdivieso por el asesinato de Dayana Kenia Zárate en 2016, informó en un comunicado el Ministerio de Justicia, que asistió a la familia de la víctima e hizo seguimiento del caso.
El juzgado determinó absolver a Graciela Salazar Ibáñez, quien había sido sindicada de ser cómplice de Villca para perpetrar el crimen, pero fue declarada inocente.
En abril pasado, los padres de Dayana, José Zárate y María Bustamante, narraron en un foro del Colectivo TLGB el “calvario” que habían vivido en busca de justicia desde el 1 de abril de 2016, cuando su hija fue asesinada.
Dayana, que iba a cumplir 24 años en julio de 2016, llevaba viviendo en Santa Cruz unos tres años y era propietaria de una especie de bar que allí se conoce como “rockola”.
Villca empezó a trabajar para ella un mes antes del suceso y a los días de su contratación iniciaron una relación.
Dayana Kenia fue hallada muerta el 1 de abril de 2016 por una vecina en el baño de su establecimiento, ensangrentada, atada de pies y manos, con múltiples cortaduras en el cuerpo y quemaduras de cigarrillo en el rostro.
La defensa de la familia de Dayana aseguró en su momento que Villca planificó el crimen con el objetivo de robar el dinero que había ahorrado para completar su cambio de sexo.
El Ministerio de Justicia señaló hoy que, según las pruebas presentadas durante el proceso, se pudo comprobar que Villca fue el autor del asesinato, que fue cometido “con extrema violencia”.
El caso de Dayana es emblemático para la comunidad LGBTI porque fue el primero que llega a juicio, lo que fue posible por voluntad de su familia, que tuvo apoyo del Colectivo TLGB.
La comunidad LGBTI ha reclamado varias veces la inclusión de los crímenes de odio en el código penal del país.
El borrador del proyecto de ley del Código del Sistema Penal, en debate actualmente en el Senado, incluye once agravantes para casos de homicidios, entre ellos los motivos “homolesbotransfóbicos”, que implicarán condenas de entre 25 y 30 años.