La comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) instaló ayer una huelga de hambre en instalaciones de la Defensoría del Pueblo, como protesta contra el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que restringió el ejercicio de derechos políticos, laborales, civiles, económicos y sociales reconocidos en la Ley 807 de Identidad de Género.
La activista y ex adjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado, informó que la medida busca que el TCP enmiende y aclare su sentencia en un plazo de 48 horas. Cuestionó que un Tribunal abrogue temas que se consensuaron en la Asamblea Legislativa.
Con pancartas y banderas que reivindican la lucha por el reconocimiento de sus derechos, los manifestantes defienden la constitucionalidad de los preceptos establecidos en la Ley 807 y observaron que se los trate como ciudadanos de segunda.
La Sentencia 76/2017 declaró inconstitucional la frase del parágrafo II, artículo 11 de la Ley de Identidad de Género sobre que “permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales”.
Pero reconoció la posibilidad del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en todos los documentos emitidos en los que exista registro de identidad.