No hay nada claro aún, pero las voces apuntan, como lo señala el propio fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, a centrar el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar los derechos del colectivo LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans), más allá del cambio de identidad en sus documentos.
El jueves se hizo pública la resolución que desató críticas y cuestionamientos a los magistrados, que incluso fueron calificados de homofóbicos, por considerar se creaba una ciudadanía de segunda al eliminar de la Ley de Identidad de Género la frase: “…permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales…”.
Ese hecho fue interpretado como la anulación de varios de los elementales derechos de esta población, aunque desde el control constitucional se hizo hincapié en que toca a matrimonios, adopciones y participación política, entendida como cupos.
Para el diputado Víctor Borda, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora el tema debe ser abordado en el Legislativo, entendiendo que las decisiones del control constitucional son de cumplimiento obligatorio.
“La Asamblea tiene la obligación de hacerlo (debate) en el tema de matrimonio, adopción, participación política, grupos y colectivos y obviamente sacar una resolución coherente respecto a este tema y qué es lo que se puede cambiar o modificar en la Constitución y en las propias leyes”, perfiló el legislador.
La mención a la Carta Magna se debe a que en ella se establece precisamente el principio de matrimonio entre hombre y mujer. En el parágrafo I del artículo 63 se establece: “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”.
Como consecuencia de ese principio, el artículo 44 del Código de las Familias fija como limitantes: “El varón antes de los dieciséis años cumplidos y la mujer antes de los catorce años cumplidos, no pueden contraer matrimonio”.
La población LGBT anunció recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el fallo vulnera sus derechos. En Bolivia ya hubo matrimonios, amparados en la Ley de Identidad de Género, entre personas que cambiaron de identidad, aunque para Borda ese hecho se dio a partir de una interpretación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque no estaba en el espíritu de la ley.
El diputado de oposición Horacio Poope, en representación de la Iglesia Católica y otras opuestas al matrimonio entre personas del mismo sexo, presentó el recurso.
Al momento, según datos del TSE, 161 personas cambiaron de identidad de género, es decir nombres, sexo y otros datos en documentos de identidad. El grupo LGBT reportó la existencia de al menos 6.000 trans en el país.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, lamentó el viernes el contenido de la sentencia constitucional por considerar que restringe derechos de sectores vulnerables y abogó por trabajar en mecanismos legales para garantizar derechos de este grupo de la población.
Instó “a todos los sectores a buscar soluciones objetivas a través de iniciativas principalmente legislativas, trabajadas en conjunto con toda la sociedad boliviana”, según un boletín institucional.
En el otro frente, la opositora Lourdes Millares aseguró que la sentencia es clara y que no es necesario hablar de reformas constitucionales, aunque dijo que podría legislarse sobre aspectos como seguro social y posesión hereditaria de las parejas de trans, que más allá de lo jurídico existen.
El presidente del Senado, el también oficialista Alberto Gonzales, informó que no recibió aún el fallo, pero anticipó que está abierto a cualquier debate para restituir los derechos que se les pudo haber quitado a los trans.
“Vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que puedan tener nuevamente sus derechos, así de simple es mi posición”, afirmó, sin aventurarse a anticipar los mecanismos o las vías, como anticipó Borda.
El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia también lamentó la decisión del Tribunal.
Por el momento el debate apunta a centrarse en el Legislativo y el oficialismo perfila colocar en agenda y tratar el tema en la reunión de bancada de este martes, de acuerdo con Borda.
La sentencia
El ejercicio de ‘identidad de género no significa el ejercicio absoluto de los derechos fundamentales como la unión libre o el matrimonio … la CPE (reconoce esto) solo entre varón y mujer.
Como todo derecho, el mismo no es absoluto, y encuentra límites legítimos a su ejercicio, en el respeto que debe garantizarse a los derechos de terceros, como es el caso de los niños sujetos pasivos de adopción.
El Órgano encargado de la supervisión del proceso de formación, ejercicio y control de poder político reconoce la participación de los trans de acuerdo a la identidad de género asumida; a criterio del TCP esto puede dar lugar a espacios de incertidumbre y desacuerdo.