El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró ayer la inconstitucionalidad del parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, privando a las personas que opten por el cambio de identidad de género de contraer matrimonio o adoptar hijos, y dividiendo aguas en el país.
El primero de los cuatro fallos esperados en asuntos polémicos que emitirán los magistrados en el plazo de un mes –resta por conocerse las sentencias sobre: la rehabilitación presidencial para 2019, la Ley de la Coca y la intangibilidad del TIPNIS–, generó una lluvia de reacciones de apoyo y rechazo.
El fallo reconoce el derecho de las personas transexuales y transgénero, mayores de 18 años, a cambiar de nombre, género y de imagen en todos sus documentos de identidad.
Sin embargo, en otro acápite, declara inconstitucional que esas personas puedan “ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumida”.
El secretario General del TCP, Álvaro Llanos, explicó que “se puede cambiar todo en el carnet de identidad, pero no significa que se pueda contraer matrimonio entre un hombre y un transgénero o una mujer y un transgénero”.
El diputado Horacio Poppe (PDC), uno de los parlamentarios opositores que presentó el recurso de inconstitucionalidad, expresó su satisfacción porque este fallo confirma la integridad familiar conformada por un hombre y una mujer.
“El TCP declara inconstitucional el parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que daba supuestamente el derecho de contraer matrimonio a personas del mismo sexo, de poder adoptar y acceder a ciertos beneficios como a cuotas en instancias de poder”, celebró.
Sin embargo, el fallo provocó reacciones de rechazo en La Paz, donde la Comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) protestó anoche en Plaza Murillo y sus representantes anunciaron un juicio de responsabilidades.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y la también legisladora oficialista Susana Rivero, rechazaron vía Twitter y ante medios de prensa, la Sentencia 0076/2017 del TCP.
“Es un retroceso enorme en términos de derechos. Terrible!!!!”, dijo la cabeza de la Cámara Baja, al denunciar que el mismo “limita derechos (…) Es retroceder muchísimo para la sociedad”.
Rivero, diputada beniana por el MAS, también descalificó el dictamen al denunciar que los criterios contenidos en el mismo son “degradantes, fóbicos y supuestamente éticos” y “de la era del hielo”. “La Ley de Identidad de Género que otorgaba derechos civiles, laborales y políticos, por prejuicios del Constitucional, sólo servirá para tener foto nueva, no derechos”, manifestó.
UN TRIBUNAL DIVIDIDO
La sentencia también dividió a los siete magistrados del TCP y fue emitida con los votos justos. Hubo dos disidencias –Mirtha Camacho y Efrén Choque– y no firmó Oswaldo Valencia, por estar con licencia.
Es así que la mayoría absoluta que se requería fue posible con las firmas de los magistrados Macario Cortez, Neldy Andrade, Ruddy Flores (relator) y Zenón Bacarreza.